Cuando se evalúe el legado del gobierno del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez en el Pacífico colombiano, se debe resaltar que por primera vez el Estado colombiano reconoció de manera explícita que las desigualdades que vive esta región son consecuencia directa del racismo estructural y elaboramos una política para transformar eso.
Un territorio que concentra algunas de las mayores riquezas ambientales y culturales del país, ha cargado con brechas profundas en acceso a servicios públicos, infraestructura, educación, salud y oportunidades económicas. Un territorio estratégico para Colombia, pero que, históricamente nos han marginado de los beneficios del desarrollo.
La Política para el Desarrollo Integral del Pacífico, adoptada mediante el documento CONPES 4185, constituye la apuesta más ambiciosa que ha tenido la región en materia de planeación. Proyecta una inversión que supera los 12,2 billones de pesos entre 2026 y 2035 y construye una hoja de ruta de largo plazo para enfrentar las causas estructurales de la exclusión.
Esta política contempla 166 acciones específicas lideradas por 18 ministerios y 27 entidades nacionales, una apuesta institucional que difícilmente encuentra antecedentes en la historia reciente de la región y la relevancia de esta política radica en la forma cómo entiende el territorio. Durante años, el Pacífico fue tratado como si Buenaventura enfrentara los mismos desafíos que Cali, como si Tumaco tuviera las mismas necesidades que Pasto. Como si los territorios costeros, rurales, indígenas y afrodescendientes pudieran recibir exactamente las mismas respuestas institucionales.
Pero fue el Gobierno del Cambio que decidió romper con esa lógica y diseñamos una política pública para el Pacífico que se organiza desde un modelo de territorialización que reconoce las diferencias internas de la región. La estrategia establece tres niveles de intervención, la primera es la totalidad de la región Pacífico, es decir, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, la segunda son los municipios del litoral Pacífico y la tercera son los municipios priorizados por el artículo 290 del Plan Nacional de Desarrollo.
Reconociendo que quienes han enfrentado mayores niveles de exclusión requieren mayores esfuerzos institucionales y eso tiene una importancia enorme para el litoral Pacífico. Pues mientras el país obtenía riqueza de los municipios costeros a partir de sus puertos, recursos naturales, biodiversidad y ubicación estratégica, buena parte de sus habitantes seguimos enfrentando precariedades básicas en agua potable, saneamiento, salud, conectividad y oportunidades económicas.
Por ello, uno de los principales aciertos de esta política es que articula una visión integral del desarrollo, con sus seis ejes estratégicos que abarcan la superación de las dinámicas racistas y de estigmatización, la mitigación de las conflictividades socioterritoriales, el fortalecimiento de los servicios públicos y sociales, la planeación territorial, el aprovechamiento del potencial productivo propio de la región y el desarrollo de infraestructura física y digital. Históricamente el desarrollo del Pacífico se pensó desde afuera y para beneficio de otros. Hoy la política propone fortalecer actividades productivas locales, impulsa la bioeconomía, los negocios verdes, la agricultura campesina y el turismo comunitario como motores de desarrollo sostenible, con la intensión de que la riqueza generada en el territorio se quede en el territorio.
Asimismo, la política incorpora apuestas significativas como el fortalecimiento de la representación política de las comunidades, la producción de información con enfoque étnico-racial y el diseño de mecanismos institucionales para combatir el racismo y la discriminación.
Igualmente acepto que esto no significa que los problemas del Pacífico hayan sido resueltos, sería irresponsable afirmarlo, pero sería injusto desconocer que con este gobierno hicimos una hoja de ruta que no existía. Con recursos proyectados, compromisos institucionales concretos y una visión de desarrollo que reconoce las particularidades de la región y los pueblos étnicos.
Por primera vez, el Pacífico dejó de ser visto únicamente como un corredor estratégico o una reserva de recursos naturales. Comenzó a ser reconocido como un territorio de saberes, culturas y proyectos de vida. Quienes somos, habitamos, estudiamos o trabajamos por esta región sabemos que aún falta mucho camino por recorrer, probablemente más del que alcanzamos a recorrer con este gobierno. Pero también sabemos que existen transformaciones que empiezan por nombrar las injusticias, reconocer sus causas y construir una ruta para enfrentarlas, y en ese sentido, en el Pacífico colombiano hoy contamos con una política que reconoce su historia, comprende sus desigualdades y apuesta por su futuro. Todo esto representa una visión de país que reconoce que proteger la biodiversidad implica también proteger a las comunidades que históricamente la han cuidado.
Lo que hoy está en juego para el Pacífico es precisamente la continuidad de esa mirada. La disputa hoy es sobre dos formas distintas de entender Colombia, una que reconoce las desigualdades históricas y trabaja para transformarlas desde el respeto de la diversidad y otra visión que prefiere destripar la diferencia, promover la guerra y acabar con la biodiversidad.
Por eso quienes somos del Pacífico y su litoral debemos jugárnosla por la vida con Iván Cepeda y Aida Quilcué.
