La propuesta de Abelardo de la Espriella de reducir el tamaño del Estado incluye la privatización de varias empresas públicas del sector eléctrico. La medida hace parte de una estrategia orientada a reducir el tamaño del Estado, disminuir el gasto público, transferir funciones al sector privado y atraer nuevas inversiones. Pero, cuando esta lógica se aplica a los servicios públicos domiciliarios aparecen interrogantes que van más allá de la eficiencia administrativa y el ahorro fiscal.
La propuesta contempla intervenir más de un centenar de entidades estatales y privatizar decenas de ellas. Entre las empresas mencionadas aparecen CEDENAR, CEDELCA, Electrificadora del Caquetá, Electrificadora del Huila, Electrificadora del Meta, EEDAS, DISPAC, GENSA, ISA y URRÁ. Varias operan en regiones con mercados pequeños, dispersos o de baja rentabilidad, donde la prestación del servicio ha estado ligada tanto a criterios empresariales como a responsabilidades públicas.
El diagnóstico detrás de esta propuesta es conocido. Existen empresas afectadas por problemas administrativos, captura política, ineficiencia o limitaciones de inversión. Frente a ello se plantea que el mercado puede garantizar una gestión más eficiente que el Estado. El problema surge cuando esa explicación se convierte en una fórmula universal y se aplica sin diferenciar territorios, capacidades institucionales o funciones estratégicas.
En los servicios públicos la propiedad importa, pero no lo explica todo. La experiencia colombiana muestra que vender una empresa no implica automáticamente cambiar tarifas, ampliar cobertura o mejorar calidad del servicio. Los resultados dependen de múltiples factores, entre ellos: regulatorios, técnicos y territoriales; lo que evidencia que estamos ante un decisión mucho más compleja, que va más allá de un simple cambio de propietario.
Las mayores dificultades aparecen precisamente en los territorios donde la energía resulta menos atractiva para la inversión privada. En regiones apartadas, con población dispersa, mayores costos operativos y menor capacidad de pago, los incentivos empresariales pueden concentrarse en los segmentos rentables mientras el Estado conserva la responsabilidad de atender a los usuarios más costosos. Allí la eficiencia financiera no siempre coincide con el interés público.
Las electrificadoras regionales tampoco pueden analizarse como simples activos contables. En departamentos como Nariño, Cauca, Caquetá, Meta, Chocó o San Andrés cumplen funciones de integración territorial y acceso a servicios esenciales. La energía permite estudiar, producir, prestar servicios de salud y sostener economías locales. Su valor trasciende los balances financieros y se relaciona directamente con las oportunidades de desarrollo regional.
Existe además una pregunta estratégica que rara vez aparece en el debate. Cuando se abre la puerta a la venta masiva de activos públicos, la discusión no termina en las empresas con dificultades financieras. También puede alcanzar aquellas que generan utilidades y cumplen funciones estratégicas para el sistema energético nacional. La historia de muchas privatizaciones muestra que los gobiernos comienzan vendiendo activos problemáticos, pero terminan desprendiéndose también de los más rentables. La frontera entre lo que hoy se considera prescindible y lo que mañana se considera vendible suele desplazarse con rapidez.
Colombia ha construido durante décadas capacidades empresariales en generación, transmisión y comercialización de energía. Algunas de estas empresas no representan una carga para las finanzas públicas. Por el contrario, constituyen fuentes de ingresos, inversión y desarrollo regional. Por eso resulta legítimo preguntarse si vender activos estratégicos resuelve problemas estructurales o simplemente produce recursos inmediatos a costa de capacidades futuras.
La propuesta también contempla eliminar la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Si se privatizan empresas regionales y simultáneamente se debilitan los mecanismos de vigilancia estatal, podría producirse una combinación preocupante: mayor concentración empresarial, menor supervisión pública y menos herramientas para la defensa de los usuarios. La eficiencia económica requiere mercados dinámicos, pero también instituciones fuertes capaces de regularlos, supervisarlos y proteger a los usuarios.
Los defensores de estas medidas sostienen que el Estado no debería administrar empresas y que el capital privado puede modernizar la infraestructura y mejorar la gestión. Es una discusión legítima. Sin embargo, cualquier proceso de privatización debería demostrar con claridad quién compra, bajo qué condiciones lo hace, cuáles serán sus obligaciones de inversión y qué beneficios concretos recibirán los usuarios.
La energía eléctrica es un servicio público esencial y una condición para el desarrollo económico, la integración territorial y el bienestar social. Por eso, las decisiones sobre su futuro no deberían evaluarse únicamente por el dinero que ingresa el día de la venta. El ahorro fiscal de corto plazo puede resultar atractivo para cualquier gobierno, pero puede salir mucho más caro cuando se mide en desarrollo regional, capacidad institucional, calidad del servicio y derechos de los usuarios. Las empresas pueden venderse en pocos meses, pero las capacidades estratégicas de un país tardan décadas en construirse.
* Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia.
** Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.
