El próximo 7 de junio de 2026, Perú vuelve a las urnas. Tras un accidentado proceso electoral en el que los resultados de la primera vuelta se conocieron tras casi un mes después de las elecciones (que ocurrieron a mediados de abril) y en las que participaron 34 candidatos, finalmente el país inca conocerá quién será su próximo/a presidente.
La decisión está entre Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, quien se presenta por cuarta vez seguida en unos comicios donde siempre ha perdido en estos escenarios de segunda vuelta, y el candidato Roberto Sánchez, un antiguo miembro del gabinete del apresado expresidente Pedro Castillo, quien en un giro de los acontecimientos logró pasar del quinto al segundo puesto, superando a varios candidatos. Entre ellos, a Rafael López Aliaga, quien con un discurso de ultraderecha similar al de Trump, Bukele y Milei, buscaba llegar a la presidencia del Perú.
Este ciclo electoral está marcado por el desgaste de la sociedad peruana frente a la inestabilidad política del país. No es para menos. Perú ha tenido una década convulsa tras la salida del poder del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski en 2016, en la que ha tenido más de nueve presidentes en un ciclo de diez años, casi uno por año, y en la que todos, en común, han terminado saliendo a causa de procesos de impeachment impulsados por el partido de Keiko Fujimori, quien siempre se ha alzado con las mayorías legislativas de ese país.
Con la novedad de que durante el gobierno de Dina Boluarte se aprobó una reforma constitucional que ampliaba el parlamento de una asamblea unicameral a una bicameral, y haciendo mucho más intrincado el proceso de destitución y pérdida de confianza del presidente y su gabinete de ministros, Perú ahora se enfrenta a una elección con la que, esperan, finalmente puedan elegir a un gobernante que termine por cumplir su ciclo en el poder. Aun así, la reforma constitucional no resuelve los graves problemas de corrupción por los cuales la mayoría de estos exmandatarios han sido retirados de sus cargos. Tampoco termina por resolver los graves problemas sociales que han llevado a que el Perú siempre sea un hervidero de conflictividad en muchas partes de su territorio.
En ese escenario, las fuerzas de derecha institucional y una izquierda que se siente expulsada del poder se medirán, en medio de la falta de legitimidad del proceso electoral.
—Así llegan los dos candidatos a la segunda vuelta
El pasado 12 de abril, Perú tuvo una jornada electoral para elegir presidente en primera vuelta y por los candidatos a la Cámara de Diputados y al Senado de la República, en medio de una renovación del parlamento, que pasó de tener una cámara a dos. En un proceso altamente cuestionado por retrasos en la entrega del material electoral, apertura tardía de mesas y un tarjetón incomprensible para la mayoría de los votantes de a pie (donde la opción de los candidatos no se marcaba en el papel, sino que se debía escribir en número frente a la casilla del partido), más de 19.779.613 de peruanos estuvieron convocados.
No obstante, la jornada fue caótica. Tras el cierre de las mesas de votación, el órgano de control electoral, el JNE (Jurado Nacional de Elecciones) decidió extender por un día más la jornada, tras haberse conocido que en varios puntos de Lima no se había podido ejercer el derecho a sufragio de más de 52 mil personas. Todo esto en el momento en el que la mayoría de las encuestadoras habían publicado sus mediciones a boca de urna y cuando la ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales) ya había omitido varios boletines con los resultados preliminares de preconteo. Por esto, el director de esa entidad, Piero Corvetto, tuvo que renunciar esa noche y la Fiscalía del Perú (Ministerio Público) abrió investigaciones a varios funcionarios por esos hechos. Luego, el 13 de abril, fue detenido José Samamé Blas, director de gestión electoral de la ONPE, bajo cargos de incumplimiento de deberes.
También, debido a esas medidas del JNE, el candidato Rafael López Aliaga denunció que se estaba cometiendo un fraude en su contra, destinado a favorecer a Roberto Sánchez y desconoció los resultados. Del mismo modo, el preconteo duró más de una semana en terminar. Ante las denuncias de irregularidades del contratista que estaba encargado de la operación electoral, el JNE y la ONPE emitieron un comunicado señalando que no habría resultados sino hasta el 17 de mayo de 2026, un mes después de las elecciones, debido a que se realizaría un reconteo de votos con máquinas de grabación en vídeo para garantizar transparencia, al mismo tiempo que ya había solicitado el 22 de abril el acompañamiento de observadores internacionales para revisar la transparencia del software electoral.
Tras ello, vino la proclamación, en la que la candidata Fujimori ganó la primera vuelta con 2.877.678 votos (17,05 %), y en la que Roberto Sánchez le ganó por 21.210 votos a Rafael López Aliaga (2.015.114 vs. 1.993.905 votos). Es curioso que, tras Fujimori, los cuatro candidatos restantes estén dentro del margen del 10 al 12 %, lo que habla de una elección altamente fragmentada. Lo mismo que se manifestó en la elección parlamentaria, donde los peruanos debieron elegir en un tarjetón entre más de 40 partidos a nivel nacional y regional. No obstante, las principales opciones que se movieron a nivel municipal dentro del Perú fueron tres, entre Fujimori, Sánchez y López Aliaga.
Ya decía José Carlos Mariátegui, en su libro 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, que el Perú tiene 3 realidades diferenciadas entre su región costera, la sierra (el sistema de cordilleras de los Andes que atraviesan el país) y la selva, que no suelen corresponder siempre a las realidades de la población. No obstante, desde siempre han servido como criterio de clasificación para entender a un país que es difícil de regionalizar. De hecho, para Mariátegui, ningún intento de regionalización del Perú ha funcionado, pues nunca termina de captar las diferencias existentes dentro de esas mismas regiones, en la que conviven diferentes comunidades indígenas de origen quechua y aymará, junto con población campesina y urbana, mestiza y blanca.
Esto es importante porque la mayoría de las encuestas en el país inca suelen tener estos problemas para categorizar la mayoría de sus datos más allá de la división departamental del Perú. De hecho, la mayoría de las encuestadoras, como Ipsos Perú y Datum, suelen categorizar los microdatos de sus encuestas tanto el criterio regional de costa/sierra/selva, así como norte/centro/sur, que han sido las formas tradicionales de entender el país.
Esto también es relevante porque no existe una forma clara de entender los resultados electorales a nivel geográfico en el Perú si no se comprende esta dificultad. Según los datos de primera vuelta, Keiko Fujimori tiene una fuerte presencia en la región costera y en la selva amazónica peruana, con Roberto Sánchez dominando la votación en la sierra, donde suele habitar la población campesina e indígena, que es la base social de las izquierdas peruanas.
Sin embargo, también en una segmentación entre norte, centro y sur se pueden observar patrones interesantes, como que Sánchez pierde en la región central ante Keiko, que abre un corredor en los departamentos de Pasco y Junín, así como la presencia aislada de López Aliaga en los territorios nacionales del Perú en Iquitos y la frontera con Colombia. De hecho, también hay islotes aislados en los distritos (equivalentes a los municipios en Colombia) que votaron por el candidato Alfonso López Chau, un candidato socioliberal, exdirector del Banco Central del Perú durante el gobierno de Alan García (2006-2011), o por el candidato César Acuña, de tendencia también socialdemócrata. En Lima, por otro lado, la tendencia del voto es totalmente distinta a la del resto del país. Allí ganó holgadamente el ultraderechista López Aliaga.
Entender esta división también es importante para entender quiénes votan por Keiko y por Sánchez en este ciclo electoral peruano. La base social de Sánchez sigue radicando en las comunidades indígenas quechuas del sur y en las bases campesinas del norte, que habitan la región de la Sierra y en donde Pedro Castillo movilizó parte de su campaña a la presidencia en 2021. Estas comunidades tienen profundos problemas de conflictividad minero-ambiental, así como una fuerte memoria histórica antifujimorista, pues fueron los territorios que más sintieron la represión del gobierno Fujimori durante la guerra contra el Sendero Luminoso en los años 90.
Keiko, por su parte, se sostiene a partir del voto urbano de las ciudades costeras, impulsada por la clase media y alta de estos territorios, y del voto mestizo en la región amazónica, donde siempre ha sido fuerte. Lima, por su parte, siempre ha tenido un voto diferencial frente al resto del país. Concentra casi el 30 % del voto total nacional y siempre ha sido favorable a candidaturas cercanas a posiciones de derecha frente al resto del país, en el que el voto suele ser más diverso, aunque rígido entre regiones. Esta división marca en parte la poca movilidad electoral y alimenta los recelos sociales y de clase entre la gente del interior del país y la gente que vive en el área metropolitana de la ciudad. En Lima, Fujimori lidera con el 52,2 % frente al 27,4 % de Sánchez.
—¿Qué esperar de la segunda vuelta?
Las elecciones en Perú, al menos desde 2001, se han decidido en balotajes de segunda vuelta cada vez más estrechos. Durante la década de los 2000, la diferencia siempre se mantuvo entre el 6 % y el 3 %. Desde 2016, la definición de la presidencia ha estado en márgenes estrechos de incluso el 0,29 % y el 0.26 %, lo que ha convertido a las elecciones peruanas en una de las más reñidas de la región. Este escenario también se contempla en las mediciones y sondeos de las encuestadoras de ese país, que se mueven sobre estos márgenes para esta segunda fase de esas elecciones generales.
A menos de una semana de la segunda vuelta, Fujimori encabeza la mayoría de las mediciones de intención de voto con entre el 51% y el 52 %, con dos encuestas que la ubican por encima del 54 %. Sánchez, por su parte, se mantiene sobre el margen del 47 % y el 48,5 %, con diferencias muy cortas de entre el 3 % y el 5 %. Solo una encuesta puso a Sánchez por encima de Fujimori, que fue la de IEP/La República, donde Sánchez ganaba con el 50,8 % a corte del 25 de abril de 2026. No obstante, parece que el candidato sigue lejos de romper la frontera del 50 %, y los ponderadores lo ubican con una contracción, distante al crecimiento de Keiko Fujimori, que igual sigue siendo bastante marginal.
Con ello en mente, el cálculo de Fujimori sigue siendo, tras tres ciclos electorales anteriores, finalmente llegar a la Casa de Pizarro. No obstante, se confronta con la muralla infranqueable que ha sido conquistar el voto del sur, que, en 2021, le dio la presidencia a Pedro Castillo y que, en 2016, le impidió ganar ante Pedro Pablo Kuczynski, así como crecer más allá de la frontera central en la que ha dividido La Sierra y que le permitiría llegar al poder, tras la salida, hace 26 años, de su padre del poder.
Del mismo modo, Roberto Sánchez sigue impulsado por el voto indígena y campesino, a pesar de que genera fuerte rechazo en las ciudades costeras y en Lima, por su promesa de liberar a Castillo de la prisión que cumple tras intentar un autogolpe de Estado en 2023 y por su programa de gobierno, que profundiza en la mayoría de las propuestas inconclusas que dejó Castillo hasta su salida del poder.
