Mientras se anuncia la posibilidad de concentración de combatientes en las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), correspondientes a las mesas de negociación que se vienen dando en el marco de la política de Paz Total. Surgen dudas respecto al tiempo para su consolidación, los instrumentos de verificación, las garantías para los mismos combatientes y por supuesto, el respaldo jurídico que tendrían estas ZUT. En este sentido, es necesario evaluar el estado y la viabilidad, respecto al avance de estas mesas. A continuación, se hará la revisión de escenarios de negociación, por un lado, tendremos a la mesa de negociación con Comuneros del Sur, que podría ser una de las mesas con más avances, y la mesa con el Clan del Golfo, autodenominado como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), que a pesar de ser uno de los escenarios de negociación más recientes e inciertos, sorprendentemente está a puertas de llevar a sus combatientes a los puntos de concentración.
Contexto mesa de negociación con Comuneros del Sur
Comuneros del Sur es una estructura armada que nació en 1992 como Frente Comuneros del Sur del ELN, con presencia histórica en la región de Los Ábades, Nariño, e influencia en 10 municipios de la cordillera nariñense. El 7 de mayo de 2024, este frente se separó del ELN argumentando que la guerrilla no respetaba su autonomía para avanzar en un proceso de paz territorial propio, aunque también influyeron factores como la disputa con el Frente Franco Benavides de las disidencias del EMC en la zona.
La mesa de diálogos se instaló formalmente en junio de 2024 y fue autorizada mediante Resolución 369 de septiembre de 2024, convirtiéndose en un proceso de co-construcción de paz territorial con énfasis local. El grupo cuenta con aproximadamente 237 integrantes según la fuerza pública, y su estructura mantiene vocación rural, arraigo comunitario y diversidad étnica.
El proceso con Comuneros del Sur ha avanzado en tiempo récord comparado con otras negociaciones. Entre los acuerdos alcanzados se destaca el desminado humanitario, el avance en la búsqueda de personas desaparecidas (con capacitación de diez integrantes del grupo por la Unidad de Búsqueda), un cese al fuego bilateral, aunque no formalizado, y un piloto de sustitución de 5.000 hectáreas de cultivos ilícitos. En abril de 2025, Comuneros del Sur se convirtió en el primer grupo armado en entregar armas dentro de la Paz Total, destruyendo una tonelada de explosivos que incluía más de 585 artefactos, entre minas, morteros y granadas.
Los acuerdos más recientes incluyen el Acuerdo número 8 que crea una ZUT en el resguardo Gran Mallama para al menos 100 combatientes, y el Acuerdo número 9 para diseñar un Programa de Reintegración para la Paz y la Transformación Territorial con la ARN. El proceso está acompañado por la MAPP-OEA y cuenta con tres ejes, correspondientes a desescalamiento de las violencias, transformaciones territoriales y tránsito a la civilidad.
Sin embargo, a pesar de los avances, persisten desafíos críticos. Por un lado, aun no se ha definido el mecanismo jurídico de justicia transicional para el tránsito a la legalidad, una situación similar a la del Frente 33 en Catatumbo. Y por el otro, el pedido de extradición de Gabriel Yepes Mejía, alias HH, comandante de Comuneros del Sur, que finalmente fue suspendido por el presidente Petro, ralentizó el ritmo de la mesa durante varios meses.
Adicionalmente, líderes sociales han denunciado la aparición de un nuevo grupo armado en la zona, las Autodefensas Unidas de Nariño (AUN), conformado presuntamente por antiguos integrantes de Comuneros del Sur y señalado de mantener actividades de extorsión y control de economías ilegales. Es así como la falta de estrategia de seguridad complementaria y el riesgo de que el proceso pierda atención gubernamental frente a otras mesas que han alcanzado acuerdos regionales importantes (EMBF en Catatumbo, CNEB en Nariño y Putumayo) constituyen alertas adicionales.
Contexto mesa de negociación con el EGC/Clan del Golfo
El Clan del Golfo es la mayor estructura de crimen organizado en Colombia con casi 10.000 integrantes y presencia en al menos 28 de los 32 departamentos del país. El Gobierno del presidente Gustavo Petro tomó la decisión en firme de iniciar diálogos con este grupo en agosto de 2024, autorizando formalmente la instalación de la mesa mediante Resolución 471 de 2025.
Las negociaciones iniciaron en septiembre de 2025 en Doha, Qatar, con acompañamiento del Grupo de Países Mediadores integrado por Catar, España, Noruega y Suiza, y de la MAPP-OEA. Se trata de un proceso de “sometimiento a la justicia” o diálogo sociojurídico, más no de un proceso de paz clásico, orientado al sometimiento judicial y al desmantelamiento de las economías ilegales del grupo en el marco de la Paz Total.
Entre los primeros acuerdos, el Clan del Golfo se comprometió a respetar los derechos de niños, niñas y adolescentes, prohibiendo su reclutamiento. En diciembre de 2025, las partes firmaron dos protocolos: el Protocolo de Transparencia y Cooperación, que crea un mecanismo tripartito para supervisar y monitorear los compromisos (con informes bimestrales de la MAPP-OEA), y el Protocolo de Seguimiento y Verificación de los Compromisos de Paz.
El acuerdo más significativo fue la creación de tres ZUT en Tierralta (Córdoba), Belén de Bajirá y Unguía (Chocó) donde más de 9.000 combatientes comenzarían a concentrarse a partir del 1 de marzo de 2026. Sin embargo, el proceso ha enfrentado crisis recurrentes. En febrero de 2026, el Clan suspendió provisionalmente los diálogos acusando al Gobierno de haber entregado a Estados Unidos los nombres de varios jefes durante una reunión entre Petro y Trump, aunque la conversación fue reanudada el 9 de febrero.
A diferencia de procesos con guerrillas, esta negociación no incluye un cese al fuego porque el Clan del Golfo tiene una estructura diferente, muchos miembros operan como apoyos desde sus hogares sin uniformes ni campamentos, y su principal confrontación es con la Policía, no con el Ejército. El proceso carece de un marco legal completamente claro y presenta importantes implicaciones territoriales dado el control del grupo sobre economías ilegales en vastas regiones del país. Esto sumado a que existen dudas respecto al tiempo que le queda al Gobierno Nacional para la consolidación de esta mesa. Respecto a esto, en abril de 2026, el abogado del Clan descartó llegar a un acuerdo final durante el gobierno Petro, señalando limitaciones de tiempo antes del cambio de gobierno del 7 de agosto de 2026. La negociación ocurre paradójicamente en el momento de mayor expansión territorial del grupo en su historia.
Viabilidad de las ZUT
La viabilidad de las ZUT acordadas con el Clan del Golfo y con Comuneros del Sur se encuentra en estado de fragilidad y condicionadas a diversos factores, en tanto a pesar de que existe una arquitectura normativa y política para su puesta en marcha, también persiste un conflicto visible entre la Presidencia, la Consejería de Paz y la Fiscalía sobre el alcance temporal y material de la suspensión de órdenes de captura y de las medidas respecto de personas requeridas en extradición.
En el caso del Clan del Golfo, el diseño inicial preveía tres ZUT en Tierralta, Belén de Bajirá y Unguía, con ubicación gradual y progresiva desde el 1 de marzo de 2026; sin embargo, para mayo de 2026 el Gobierno informó un rediseño de la primera fase, con funcionamiento desde el 25 de junio de 2026 y exclusión inicial de personas con fines de extradición, lo que modifica sustancialmente el cronograma y los incentivos de ingreso.
Para Comuneros del Sur, el Gobierno incluyó una ZUT en Nariño dentro del paquete de cinco zonas autorizadas en mayo de 2026, pero aún no hay claridad respecto al número de beneficiarios, ni el régimen específico de órdenes de captura comparable al del Clan del Golfo.
Ahora, respecto a las órdenes de extradición, el Gobierno remitió a la Fiscalía una solicitud para suspender temporalmente las órdenes de captura, incluidas las de extradición, de 29 integrantes del Clan del Golfo, con base en un listado aceptado por la Oficina del Consejero Comisionado de Paz y vinculado exclusivamente al traslado, ingreso y permanencia en las ZUT.
Sin embargo, en mayo de 2026 la Fiscalía General mantuvo su negativa a suspenderlas de forma automática o anticipada, y condicionó cualquier levantamiento a verificaciones caso por caso sobre identidad, situación jurídica, pertenencia efectiva al grupo armado, entrega de armas, desarticulación de estructuras, cese de crímenes contra el DIH, entrega de menores reclutados y abandono de economías ilícitas. Así, en términos de viabilidad, esto significa que las 29 órdenes no estaban efectivamente suspendidas de forma plena al momento del choque institucional de mayo, por lo que el traslado de cabecillas o enlaces estratégicos seguía sujeto a incertidumbre judicial y operativa.
Respecto a los obstáculos de la consolidación de las ZUT, existe otro componente relacionado con la conflictividad territorial en los municipios escogidos, en tanto estos municipios presentan altos riesgos de interferencia armada, control social y afectación a la población civil.
Frente a la lectura del riesgo, el indicador transversal más relevante no es solo la violencia observable sino la capacidad estatal de impedir que una ZUT opere como espacio de reagrupamiento, regulación armada de la vida cotidiana o blindaje de mandos medios. En este punto, la reserva sobre la localización precisa de las ZUT y la ausencia, en la muestra revisada, de indicadores públicos estandarizados sobre homicidios, desplazamiento, confinamiento, reclutamiento o extorsión en cada municipio debilitan el monitoreo ciudadano y elevan el riesgo reputacional del proceso.
Bajo esta lógica, el principal riesgo de fracaso proviene del desacople entre la lógica política y la lógica judicial, es decir, como se ha venido insistiendo, aun no es claro el esquema jurídico que va a respaldar la consolidación de los acuerdos. El Gobierno plantea que la conducción de la paz total y la definición de ZUT corresponden al presidente, mientras la Fiscalía insiste en que no puede haber suspensión automática de órdenes de captura sin verificación individual y sin pruebas de desescalamiento real.
Ese desacople produce al menos cinco riesgos críticos:
- Riesgo jurídico: si las suspensiones no son uniformes o son revertidas, los actores clave no tendrán garantías mínimas para moverse hacia las zonas.
- Riesgo de incentivos: excluir extraditables en la primera fase puede mejorar la defensabilidad institucional, pero reduce la capacidad de arrastre de la cúpula sobre combatientes y estructuras regionales.
- Riesgo territorial: en municipios con persistente control armado, una ZUT mal delimitada o mal verificada puede reforzar la gobernanza criminal en lugar de desmantelarla.
- Riesgo de legitimidad: la percepción comunitaria de negociación asimétrica o de concesiones sin alivio humanitario inmediato puede deteriorar apoyo local.
- Riesgo de opacidad: la escasa información pública disponible sobre Comuneros del Sur y sobre indicadores verificables por municipio dificulta control social y evaluación de cumplimiento.
Así, aunque no es un proceso inviable en términos normativos, porque existe soporte presidencial, actos administrativos y acompañamiento de verificación; sí es altamente vulnerable a bloqueos interinstitucionales, incumplimiento de cronogramas, ambigüedad sobre extraditables y persistencia de economías ilícitas en los territorios donde se pretende concentrar a los combatientes.
Finalmente, teniendo en cuenta estos escenarios de riesgo, si se desea que la viabilidad mejore en el segundo semestre de 2026, el proceso necesitaría cumplir simultáneamente cuatro condiciones mínimas. En primer lugar, debe haber una unificación pública del criterio Gobierno-Fiscalía sobre quiénes ingresan, desde cuándo y con qué efectos judiciales concretos. En segundo lugar, estos procesos deberán contar con verificación internacional y comunitaria con indicadores mensuales de homicidio, desplazamiento, confinamiento, extorsión, reclutamiento y presencia armada en Tierralta, Belén de Bajirá, Unguía y Mallama. En tercer lugar, se deben tener protocolos públicos de ruptura, salida, control del material de guerra y protección de la población civil, especialmente en los corredores rurales de Urabá y Córdoba. Y, en cuarto lugar, debe haber secuencia clara entre beneficios jurídicos y resultados verificables de desmantelamiento de economías ilícitas y garantías de no repetición. Sin estos ajustes, las ZUT corren el riesgo de convertirse en un instrumento táctico de aplazamiento del conflicto, antes que en una infraestructura transicional de sometimiento, desmovilización o paz territorial verificable.
Referencias
Consejería Comisionada de Paz (2026) Desde Catar, Gobierno de Colombia y (a) EGC anuncian nuevos compromisos para la desmovilización del grupo armado y la paz con el pueblo en los territorios https://www.consejeriacomisionadadepaz.gov.co/prensa/Paginas/Desde-Catar-Gobierno-de-Colombia-y-(a)-EGC-anuncian-nuevos-compromisos-para-la-desmovilizaci%C3%B3n-del-grupo-armado-y-la-paz-c.aspx
Consejería Comisionada de Paz. ACUERDO NÚMERO 8. CREACIÓN DE LA ZONA TEMPORAL PARA LA “COCONSTRUCCIÓN DE PAZ TERRITORIAL” EN EL MUNICIPIO DE MALLAMA https://www.consejeriacomisionadadepaz.gov.co/MesaCo-ConstruccionPazNari%C3%B1o/Documents/Recursos-documentos/25.06.08-Acuerdo_8-ZUT.pdf
Consejería Comisionada de Paz. ACUERDO NÚMERO 9. REINTEGRACIÓN INTEGRAL DE COMUNEROS DEL SUR PARARIÑO LA PAZ Y LA TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL https://www.consejeriacomisionadadepaz.gov.co/MesaCo-onstruccionPazNari%C3%B1o/Documents/Recursos-documentos/25.06.08-Acuerdo_9._Reintegracio%CC%81n.pdf
DW (2026) Clan del Golfo descarta firmar la paz con gobierno de Petro https://www.dw.com/es/clan-del-golfo-descarta-firmar-la-paz-con-gobierno-de-petro/a-76889373
El Colombiano. (2026) Qué hará el gobierno con los 28 criminales del clan del golfo si la fiscalía no acepto la suspensión de órdenes de captura. https://www.elcolombiano.com/colombia/que-hara-el-gobierno-con-los-29-criminales-del-clan-golfo-si-la-fiscalia-no-acepto-suspender-las-ordenes-de-captura-CG36472642
France 24 (2026) Colombia reanuda negociaciones de paz con el Clan del Golfo tras suspensión vinculada a acuerdos con EE. UU. https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20260217-colombia-reanuda-negociaciones-de-paz-con-el-clan-del-golfo-tras-suspensi%C3%B3n-vinculada-a-acuerdos-con-ee-uu
Fundación Paz y Reconciliación. (2026) Linares: el corredor en guerra por donde se desplazan campesinos. https://www.pares.com.co/linares-narino-el-corredor-en-guerra-por-donde-se-desplazan-campesinos/
Infobae (2025) Gobierno suspendió la extradición de alias HH, comandante de Comuneros del Sur, por su rol en el proceso de pazhttps://www.infobae.com/colombia/2025/05/23/gobierno-suspendio-la-extradicion-de-alias-hh-comandante-de-comuneros-del-sur-por-su-rol-en-el-proceso-de-paz/
RESOLUCIÓN 369 DE 2024, por la cual se autoriza la instalación de la Mesa de Diálogos de Paz con el grupo armado autodenominado Comuneros del Sur y se dictan otras disposicioneshttps://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=164205&dt=S
Presidencia.Gov. (2026) Combatientes del ‘Clan del Golfo’ pasan a Zonas de Ubicación Temporal en Córdoba y Chocó https://www.presidencia.gov.co/prensa/Paginas/Combatientes-del-Clan-del-Golfo-pasan-a-Zonas-de-Ubicacion-Temporal-260508.aspx
