Oro, poder y territorio: gobernanza híbrida y legitimidad social en el Bajo Cauca antioqueño

Desde inicios del año 2026, se ha venido consolidando un escenario de creciente control por parte de grupos armados organizados (GAO) sobre la minería de oro en la subregión del Bajo Cauca Antioqueño. Este fenómeno ha sido identificado por diversas fuentes comunitarias y actores vinculados a la actividad minera, quienes coinciden en señalar que dicho control se ha intensificado particularmente en la cuenca del río Nechí y en zonas históricamente mineras como Cuturú, Cargueros, Bijagual, Las Conchas y Puerto Claver.

Más allá de la presencia armada o de la imposición de restricciones aisladas, este control se ha estructurado como un sistema integral que regula y organiza la actividad minera en el territorio, abarcando de manera progresiva toda la cadena de valor del oro.

En la práctica, lo anterior implica que la operación minera en el corredor geográfico comprendido entre Cuturú y La Concha queda supeditada, en primer lugar, a una autorización informal por parte de los grupos armados organizados, quienes imponen diversos mecanismos de extorsión y control sobre los mineros. Entre estos se encuentran cobros variables según el tipo de maquinaria utilizada para la extracción, con montos que pueden oscilar entre 5 y 100 millones de pesos, únicamente por permitir el ingreso de equipos que van desde retroexcavadoras hasta dragones mineros. Asimismo, se denuncia la exigencia de vender la totalidad del mineral extraído exclusivamente al Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) en esta zona, así como la fijación unilateral de precios de compra por debajo del valor de mercado. A ello se suma la manipulación de la ley o pureza del oro —reduciéndola hasta en cinco puntos frente a la pureza real— con el fin de pagar sumas inferiores a las correspondientes.

También se reporta la implementación de esquemas de pago diferido, mediante los cuales el oro es cancelado varios días después de la entrega, en plazos que pueden ir de 8 a 15 días, e incluso mediante cuotas parciales. Adicionalmente, se imponen cobros equivalentes hasta al 10 % del valor del oro, supuestamente destinados a inversiones sociales. En conjunto, estas prácticas configuran un modelo de extracción de rentas basado en la coerción económica y el control territorial. Además, la injerencia de los grupos armados organizados no se limitaría únicamente al proceso de extracción o a la comercialización directa con los mineros, sino que, según distintas denuncias, también alcanzaría eslabones posteriores de la cadena de valor, incluyendo procesos de acopio, intermediación y eventual exportación del oro mediante empresas que lo comercializan hacia mercados internacionales, entre ellos Estados Unidos.

Uno de los aspectos más críticos de esta dinámica de control ejercida por los GAO sobre la minería es la imposición de un rubro adicional dentro de la extorsión sistemática que enfrentan los mineros. Este cobro estaría destinado, según los grupos armados, a labores sociales en las comunidades y se diferencia del porcentaje mensual que los mineros deben pagar por operar, relacionado con supuestos conceptos de seguridad y “derecho a trabajar”. Esta práctica es presentada por los GAO como “aportes para causas sociales” o contribuciones destinadas al bienestar comunitario.

Según denuncias recogidas en la zona, estas exigencias económicas pueden alcanzar cifras cercanas a los 320 millones de pesos por operación, en sectores del río Nechí ubicados entre el corregimiento de Cuturú y el corregimiento de La Concha, donde las “lavadas” de oro pueden realizarse incluso cada dos días, dependiendo de la productividad de la mina.

De acuerdo con los testimonios, el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) justifica estos cobros como mecanismos para financiar obras comunitarias e infraestructura. Sin embargo, los mismos mineros señalan casos como la construcción inconclusa y actualmente abandonada de un puente en una zona rural del Bajo Cauca, lo que evidenciaría que parte de los recursos obtenidos mediante estas extorsiones no se destinan al beneficio colectivo, como se afirma, sino al sostenimiento de la organización armada y de sus comandantes.

En respuesta a estas dinámicas, algunos mineros han implementado estrategias de adaptación como la subdeclaración de la producción de oro, con el fin de reducir las cargas económicas derivadas de la extorsión ejercida por el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y preservar márgenes mínimos de rentabilidad. En la práctica, al reportar una menor cantidad de gramos de oro extraídos, disminuye el porcentaje que deben pagar a la organización armada.

Asimismo, distintos testimonios señalan que, en algunas ocasiones, el EGC habría ejercido presiones sobre los mineros para garantizar una mayor participación del gremio en movilizaciones sociales y en los recurrentes paros mineros que se presentan en la subregión del Bajo Cauca. Esto sugiere que, aunque estas protestas no necesariamente son promovidas ni iniciadas por los grupos armados, en determinados contextos sí podrían ser objeto de injerencia y presión por parte de estos actores. De acuerdo con algunos relatos, estas intervenciones suelen presentarse cuando sectores mineros no directamente afectados por operativos de la Fuerza Pública —como la destrucción de maquinaria utilizada para la explotación de oro— muestran poca disposición a respaldar protestas impulsadas por mineros de otras zonas impactadas. En ese escenario, la presión ejercida por el EGC buscaría cohesionar al gremio minero y limitar temporalmente la presencia e intervención de la Fuerza Pública en áreas de interés para la organización armada.

Estos hechos ya han sido expuestos en algunos medios de comunicación locales de la subregión, evidenciando que este fenómeno trasciende la noción de minería ilegal entendida únicamente como una actividad económica al margen de la ley. Lo que se configura en el Bajo Cauca es un sistema de control territorial con capacidad de regular la economía, ejercer coerción social e incidir en la construcción de legitimidad, consolidando otras formas de autoridad paralela en el territorio.   

Panorama nacional de la minería ilegal de oro aluvial a pequeña, mediana y gran escala.

La situación del Bajo Cauca se inscribe en una tendencia nacional caracterizada por la expansión de la minería ilegal como una de las principales economías ilícitas del país. Diversos informes periodísticos y académicos coinciden en señalar que entre el 70% y el 75% del oro producido en Colombia proviene de actividades realizadas por fuera del marco legal, lo que evidencia la magnitud estructural del fenómeno (Ámbito, 2026; Infobae, 2026).

Esta economía ilegal, además de alcanzar niveles significativos de rentabilidad -con estimaciones que superan los 22.000 millones de dólares anuales-, también ha generado impactos ambientales de gran escala, con más de 94.000 hectáreas afectadas y al menos 1.120 ríos contaminados en el país (El Tiempo, 2026). En este contexto, los grupos armados organizados han encontrado en el oro una fuente de financiación estratégica, debido a su alta rentabilidad, menor exposición a la persecución penal en comparación con el narcotráfico y su estrecha relación con el control territorial (Semana, 2026; ODEVIDA, 2026).

Como resultado de estas dinámicas, el oro ha sido denominado por algunos analistas como la “nueva cocaína”, no solo por su valor económico, sino por su papel en la reconfiguración del conflicto armado y de las economías ilegales en Colombia, donde la extracción minera se convierte en un eje articulador de poder y territorialidad (Valencia, 2026).

La subregión del Bajo Cauca en el mapa nacional

Dentro de este panorama el departamento de Antioquia ocupa un lugar central. Según el informe Explotación de oro de aluvión en Colombia del Ministerio de Minas y Energía y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, 2022), Antioquia es el segundo departamento con mayor evidencia de explotación de oro de aluvión en el país, lo que confirma su relevancia estratégica en la dinámica minera nacional.

El informe señala que, de los 101 municipios con presencia de esta actividad, solo 10 concentran el 54% de las áreas detectadas, lo que evidencia una alta concentración territorial del fenómeno. De estos municipios, cuatro pertenecen al Bajo Cauca antioqueño —Zaragoza, Cáceres, Nechí y El Bagre—, los cuales acumulan un total de 25.019 hectáreas afectadas por minería de aluvión, equivalentes al 66,56% del total departamental (Ministerio de Minas y Energía de Colombia & Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)., 2022)

A esta situación se suma la relevancia de la minería de socavón en municipios cercanos como Remedios y Segovia, también en disputa por actores armados, lo que confirma que tanto el Bajo Cauca como el Nordeste antioqueño constituyen un corredor estratégico para las economías mineras ilegales y para la consolidación de estructuras de control territorial.

En este contexto, resulta fundamental preguntarse cómo el control de la minería de oro por parte de grupos armados organizados incide en la configuración de formas de gobernanza híbrida y en la construcción de legitimidad social en el territorio, como un paso necesario para comprender la profundidad del fenómeno y avanzar hacia respuestas más estructurales.