Con indignación unánime, la sociedad colombiana ha rechazado con toda la firmeza el anuncio del ELN de someter a un juicio revolucionario a funcionarios del CTI y policías secuestrados en Arauca. Esto les permitiría tener en su poder a estos colombianos hasta 60 meses. Desde los candidatos presidenciales hasta la defensora del pueblo, Iris Marín, no dudaron en calificar esta decisión como “Inadmisible”. Algunas de las familias de los policías y funcionarios de la Fiscalía, se han quejado de la poca atención que han recibido por parte del gobierno desde hace un año, fecha en la que fueron secuestrados. A través de emisoras, como Caracol Radio, el presidente les abrió las puertas a los familiares que necesiten saber más de estas víctimas del ELN.
Desde su creación, el ELN se ha caracterizado por sus leyes que han sido calificadas como férreas y brutales. Algunos de sus integrantes, incluso, fueron fusilados después de ser sometidos a juicios revolucionarios. Así cayó en desgracia uno de los fundadores de la organización, el vallenato Víctor Medina Morón, quien fue fusilado por orden de uno de sus colaboradores más cercanos, Fabio Vásquez. Hasta Manuel Pérez, quien años después sería el máximo comandante de esta guerrilla, estuvo a punto de morir fusilado por un tribunal revolucionario que encabezaba uno de los sacerdotes españoles que llegó con él desde Europa, su amigo Domingo Laín.
Hace unas semanas, el actual ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, sorprendió al decir públicamente que el ELN fusiló a su hermano Juan Antonio, quien era miembro de la organización, en 1986, acusándolo de ser un infiltrado del ejército. Sanguino fue notificado en 1988, dos años después de los hechos, y, aunque pidió las pruebas con las que se basó esta guerrilla para tomar la decisión, jamás las recibió. Esta es la hora que ni él ni su familia han recibido los restos de su hermano.
Con respecto a los funcionarios que serán sometidos a este juicio revolucionario es bueno recordar que el secuestro está prohibido por el derecho internacional humanitario, así lo subrayó la defensora del Pueblo, Iris Marín. Hay que recordar que fue el Frente de Guerra Oriental quien anunció esta decisión. Hasta agosto de 2024, el Gobierno nacional había sostenido conversaciones de paz con este grupo, pero su poca voluntad de paz fue concluyente para que la mesa se terminara levantando. El Gobierno nacional afirma que llevan un año intentando la liberación de estos funcionarios.
La gravedad de este anuncio de juicio revolucionario a miembros de la fuerza pública la analiza Francisco Daza, coordinador de la línea de paz de la Fundación PARES: “Claramente da cuenta por un lado de las limitantes del Estado para cubrir el territorio nacional, ya que tiene una presencia histórica en el departamento de Arauca y ha suplantado al Estado en acciones en materia de justicia, este es un ejemplo de esto, de una gravedad tan profunda que incluso puede decidir sobre la vida de miembros de la fuerza pública y, además, se han constituido históricamente en verdugos, en jueces sobre la población civil que vayan en contra de sus preceptos. Esto, además, constituye el cierre final de cualquier posibilidad de sentarse a negociar con el saliente gobierno Petro y queda claro que no hay ninguna voluntad de llegar a un acuerdo. Este tipo de hechos lo demuestran”.
