La orden del presidente Gustavo Petro al consejero comisionado de paz Otty Patiño para que revise la negociación con la disidencia de las Farc-ep liderada por alias Calarcá sacudió la arquitectura de la llamada Paz Total. El anuncio responde a denuncias de incumplimientos —acciones violentas, continuidades del negocio ilícito y atentados contra la seguridad— que, según el Ejecutivo, contradicen los compromisos negociados y ponen en cuestión beneficios pactados en la mesa.
No se trata sólo de una reacción administrativa: es una señal política que puede congelar la mesa más avanzada de la Paz Total y reconfigurar expectativas. Revisar está negociación equivale a someter a escrutinio el andamiaje institucional de la implementación temprana y obliga a repensar la relación entre resultados territoriales y legitimidad de la política de paz.
La innovación central de la Paz Total fue aceptar acuerdos parciales con implementación simultánea: ceses de hostilidades, protocolos humanitarios y zonas de ubicación temporal (ZUT) que debían producir efectos visibles desde el inicio. Esa apuesta buscó rapidez y anclaje territorial, pero alteró la secuencia clásica de negociar y luego implementar lo acordado, exponiendo la mesa a riesgos operativos y políticos.
Esa simultaneidad contiene una paradoja. Implementar mientras se negocia convierte cada cumplimiento en indicador de buena fe y cada falla en evidencia política de incoherencia. Sin reglas claras ni mecanismos de verificación independientes, los acuerdos parciales dejan de ser instrumentos de estabilización y se transforman en focos de disputa sobre responsabilidades y atribuciones.
En la práctica, las interpretaciones divergentes se multiplican: una autoridad considera un asunto técnico, otra lo interpreta como incumplimiento deliberado. Esa acumulación de señales alimenta narrativas de “doble juego” que tensionan la mesa, erosionan confianza pública y dificultan la continuidad del diálogo con efectos inmediatos en la gobernabilidad local.
Las condiciones territoriales agravan la fragilidad del esquema. La fragmentación armada, la presencia de economías ilegales y la débil presencia estatal impiden la verificación y dificultan la atribución de hechos. En lugares donde coexisten múltiples actores, medidas como ceses o concentraciones quedan supeditadas a realidades locales que la negociación no siempre puede controlar.
El Frente 33 de la disidencia de las Farc es un ejemplo revelador: allí se alcanzaron acuerdos sobre ZUT y dieron pasos hacia la concentración, demostrando que la mesa puede traducirse en beneficios para los territorios. Pero esos avances convivieron con denuncias de continuidad delictiva y plazos incumplidos que erosionaron la confianza en las comunidades y a nivel nacional, alimentando la reacción que hoy se expresa en la revisión ordenada por el presidente.
Si la revisión conduce al congelamiento de beneficios, la reversión de ZUT o la suspensión de incentivos, el riesgo no es sólo político: desactivar incentivos puede reabrir espacios para la violencia y dejar comunidades en un vacío de autoridad. En contextos como la región del Catatumbo o ciertas zonas del Pacífico, la ausencia estatal efectiva suele ser ocupada por actores ilegales que explotan la incertidumbre.
Por ello es imprescindible distinguir entre firmeza y suspensión miope. Corregir errores y sancionar incumplimientos es legítimo y necesario; pero clausurar el canal sin un plan alternativo de protección territorial y garantías para la población sería hipotecar lo logrado y aumentar la probabilidad de reemergencia de la violencia.
Los acuerdos parciales requieren reglas del juego precisas, monitoreo independiente y criterios transparentes para mantener o suspender beneficios. Sin esos elementos, la implementación temprana crea incentivos perversos: grupos que negocian para obtener concesiones mientras mantienen estructuras ilícitas que minan la confianza pública.
La política pública debe combinar corrección con rumbo. Revisar mesas y exigir cumplimiento debe acompañarse de refuerzo institucional: fuerzas públicas con protocolos claros, organismos de verificación autónomos, políticas de sustitución de economías ilícitas y planes de protección para líderes y comunidades que han apoyado la ruta pacífica.
En esta lógica, la orden presidencial desnuda la profundidad del problema. La implementación temprana fue una innovación valiosa en intención, pero falló al no asegurar condiciones mínimas de verificación y coherencia institucional. La revisión es necesaria, pero debe ser técnica y estratégica para no desandar los escasos avances obtenidos.
Si la Paz Total pretende sostenerse como política de Estado, la respuesta debe ser administrativa y estratégica, no sólo punitiva. Reforzar capacidades, transparentar reglas, garantizar monitoreo y proteger territorios son pasos imprescindibles para que los acuerdos parciales dejen de ser detonantes de crisis y vuelvan a ser instrumentos reales de estabilización y transformación.
* Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia.
** Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.
