Nariño: la necesaria lucha contra el narcotráfico

En paralelo al establecimiento de los Diálogos Regionales de Paz en Nariño, que han buscado la salida negociada de los conflictos armados que se mantienen activos en el territorio a partir de la comprensión de las dinámicas sociales que los sustentan, el Gobierno Nacional avanza en una fuerte ofensiva contra las estructuras humanas y materiales que sostienen el narcotráfico, batería de la guerra, en territorio nariñense.

Durante 2025, el departamento de Nariño se consolidó como uno de los principales escenarios de la ofensiva estatal contra la infraestructura del narcotráfico en Colombia. Entre enero y abril, las Fuerzas Militares destruyeron 169 complejos cocaleros en nueve municipios del Pacífico nariñense (Presidencia de la República, 2025a). En abril, la Dirección Antinarcóticos reportó la destrucción de aproximadamente 40 laboratorios en el departamento, varios de ellos vinculados al Frente Oliver Sinisterra, como parte de una operación más amplia contra esta estructura (Infobae, 2025a), posteriormente, entre septiembre y octubre, la Armada Nacional destruyó 34 laboratorios ilegales en varios municipios del Pacífico nariñense, reforzando la presión sobre corredores estratégicos de producción (Armada de Colombia, 2025). Finalmente, el 8 de diciembre, autoridades desmantelaron dos megalaboratorios en los municipios de El Charco y Córdoba, donde incautaron más de 5.600 kilogramos de clorhidrato de cocaína, consolidando uno de los golpes más significativos del año en el departamento (Presidencia de la República, 2025b).

Esta dinámica se ha sostenido en lo corrido de 2026: en enero, operaciones del Ejército en la zona de frontera con Ecuador permitieron la destrucción de más de 30 laboratorios, generando pérdidas económicas superiores a los mil millones de pesos (Caracol Radio, 2026). El 2 de febrero de 2026, se informó sobre una nueva fase operacional en el Pacífico nariñense, en la que fueron destruidos más de 39 laboratorios adicionales (Agencia API, 2026) y el 14 de febrero de 2026, en el marco de una ofensiva más amplia contra economías ilícitas en Tumaco y otros municipios del litoral, autoridades reportaron la destrucción de 37 laboratorios de coca y la incautación de 2,3 toneladas de droga, consolidando uno de los golpes más significativos del inicio del año en el departamento (El Tiempo, 2026)

Estos operativos evidencian una intervención militar sostenida sobre la infraestructura de procesamiento en Nariño que da cuenta del enfoque del Gobierno en cuanto a la lucha contra el narcotráfico; en lugar de mantener la presión únicamente en la erradicación de cultivos ilícitos, que históricamente ha concentrado la carga de la política antidrogas sobre el eslabón más débil de la cadena —el campesinado cultivador—, la acción contra laboratorios desplaza el foco hacia los niveles de mayor acumulación y rentabilidad del negocio. La erradicación, especialmente cuando se aplica de manera forzada y sin alternativas productivas consolidadas, termina impactando directamente a familias rurales cuya vinculación al cultivo responde más a condiciones estructurales de pobreza, exclusión y ausencia estatal que a decisiones dentro de las relaciones de poder del narcotráfico

La destrucción de laboratorios artesanales y de complejos de escala semiindustrial, representan, no sólo cifras operacionales, sino intervenciones directas sobre el núcleo de la infraestructura del narcotráfico. Al afectar los centros de procesamiento el Estado golpea el eslabón de mayor valor agregado del narcotráfico, alterando la estabilidad operativa de las estructuras armadas, las fuerza a dispersar sus centros de producción, incrementa los riesgos logísticos y limita su capacidad de acumulación inmediata de capital. En los territorios cocaleros de Nariño, donde la economía ilícita permea dinámicas laborales y comerciales locales, la destrucción de laboratorios también impacta circuitos secundarios de ingresos ilegales, generando tensiones económicas y reconfiguraciones del poder territorial. En consecuencia, estos operativos no solo debilitan infraestructuras físicas, sino que inciden en la arquitectura económica y política del narcotráfico, obligándolo a adaptarse, fragmentarse o desplazarse, mientras el Estado intenta recuperar control sobre corredores estratégicos históricamente dominados por redes criminales.

La dimensión económica del conflicto armado es una esfera que debe ser considerada de forma muy minuciosa, desmantelar las dinámicas del conflicto armado implica necesariamente acabar con su fuente de financiación directa: las economías ilegales. En Nariño, los grupos armados se sostienen de dineros provenientes principalmente del narcotráfico y la minería ilegal. La disputa por el territorio se ha convertido, principalmente, en una disputa por el control del sustento material y humano que sostiene las actividades ilícitas y que, a su vez, las hace necesarias. La observación de este fenómeno pone en evidencia la profunda contradicción que debe ser resuelta si se quiere alcanzar la paz: la existencia de economías ilícitas está sustentada en procesos históricos de exclusión de ciertas poblaciones y territorios del proyecto nacional, que han quedado a merced de emporios económicos capaces de establecer territorialidades alrededor de actividades al margen de la ley.

La problemática es compleja porque en los territorios en donde el Estado no ha tenido presencia asertiva y efectiva, el narcotráfico ha sido el sustento económico de miles de familias. Comprender estos aspectos sociales que han permitido la consolidación del narcotráfico permite avanzar en la no estigmatización de amplios sectores poblacionales cuya opción ha sido dedicarse a alguno de los eslabones de las cadenas productivas ilegales, con todas las problemáticas que eso conlleva.

La postura del Gobierno transforma la inercia histórica que termina enfrentando a la fuerza pública con el campesinado, un ejemplo de ello es el llamado que ha hecho la delegación gubernamental en los Diálogos de Paz con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, que ha solicitado a las comunidades colaboración en la destrucción de laboratorios, para que ésta sea un acto de compromiso comunitario en el marco de los diálogos de paz. Al plantear la “destrucción comunitaria” de infraestructura de procesamiento como un gesto verificable de voluntad para desmontar economías ilegales, el Ejecutivo desplaza el eje de la confrontación y propone una corresponsabilidad social que busca construir una alianza territorial donde las comunidades, las instituciones y eventualmente los actores armados en proceso de negociación confluyan en la transición hacia economías lícitas. Esta transformación discursiva y estratégica intenta sustituir la relación de coerción por una de concertación, en la que la paz no se limita al silenciamiento de las armas, sino que implica el desmonte progresivo de las estructuras económicas que han sostenido el conflicto, con participación activa del campesinado como sujeto político y no solo como objetivo de control.

Un líder social consultado, habitante del piedemonte costero, confirmó que en la zona, si bien las áreas sembradas no han disminuido, “el negocio está caído”: los precios han bajado y la gente no se está dedicando con igual intensidad al cultivo y al procesamiento, efectivamente han llegado opciones productivas y financiadas al territorio de la mano de los diálogos regionales de paz. Sin embargo, en las zonas más alejadas, en donde la presencia militar y estatal es escasa o nula, el narcotráfico está siendo reemplazado por la minería, el conflicto se intensifica, se reportan extorsiones, reclutamiento, enfrentamientos, amenazas y control territorial abriendo paso a la llegada de maquinarias y dragas pertenecientes a los grupos armados que cambian de brazalete a conveniencia de las dinámicas económicas y políticas del momento. Las afirmaciones del líder social ponen sobre la mesa la complejidad de la violencia, mientras la lucha contra el narcotráfico se intensifica y parece tener, al menos parcialmente, algunos resultados, los armados se transforman rápidamente para acaparar otros sectores de las economías ilícitas y las víctimas siempre son los más vulnerables.