A solo tres días de los comicios legislativos, los fantasmas de la doble militancia comienzan a sobrevolar los nombres de varias candidaturas alrededor del territorio nacional, candidaturas de todos los partidos, pero también candidaturas que ponen en riesgo la estabilidad del proceso democrático en el país.
La ley 1475 de 2011 “Por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones”, establece que es competencia del Consejo Nacional Electoral conocer sobre las solicitudes de revocatoria que se presentan sobre las diferentes candidaturas, revisar la legalidad sobre las mismas y el control sobre el procedimiento electoral.
Sin embargo, en Colombia se ha vuelto una práctica recurrente que los candidatos antepongan estrategias jurídicas cuestionables al cumplimiento de las normas y los tiempos electorales, con tal de acceder a las “mieles” del poder político durante algunos años, mientras el Consejo Nacional Electoral termina por tumbarlos cuando ya se han posesionado como congresistas, concejales, diputados, gobernadores o alcaldes, configurando así otro desastre del sistema político colombiano y de la democracia representativa.
El caso de Yeraldine Sánchez
A tres días de los comicios, han comenzado a aparecer múltiples denuncias por doble militancia en torno a distintas candidaturas. Algunas de ellas resultan cuestionables; otras reflejan maniobras clásicas de la desesperación ante la posibilidad de quedarse sin el aval que les permita competir en las elecciones.
Este es el caso de Yeraldine Sánchez, candidata a la Cámara de Representantes por la circunscripción de Cundinamarca, avalada por el Partido Conservador. Sánchez tiene un breve recorrido en el sector público, y su situación obedece a un error recurrente en la aplicación de la ley electoral en Colombia.
De acuerdo con las denuncias ciudadanas, Yeraldine renunció al Centro Democrático el 2 de diciembre de 2025, partido en el que había transcurrido la mayor parte de su vida pública y del cual hizo parte de la mesa directiva del directorio departamental de Cundinamarca. De manera inmediata, se inscribió como candidata a la Cámara por el Partido Conservador.
Este tipo de movimientos es recurrente en el mapa político colombiano. Según las denuncias, a Sánchez le fue negado el aval en el Centro Democrático y, ante esa situación, decidió dar el salto para garantizar su participación en las elecciones del 8 de marzo.
Por tiempos estatutarios, debía haber renunciado al Centro Democrático un año antes de los comicios, lo que configuraría un presunto caso de doble militancia. Si Yeraldine resulta electa el 8 de marzo, en un par de años el Consejo Nacional Electoral podría anular su elección y dar paso al siguiente candidato en la lista.
Y así, la pregunta que queda es por los votantes de Yeraldine, quienes quedarán huérfanos de representación, porque, convencidos o no, saldrán el 8 de marzo a votar por ella sin conocer a fondo la situación que pesa sobre la candidata. Mientras tanto, ella continúa haciendo campaña, sabiendo que su elección será invalidada en caso de lograr la curul.
Política por votos, mas no por representar verdaderamente los intereses de una comunidad en específico. La banalización de la política en toda su expresión y ante la anuencia de todos los partidos políticos, porque el caso de Yeraldine no es el único. Como ella, hay muchos más candidatos que se presentan por un partido pese a estar inscritos en otro, como el exconcejal liberal de Bogotá, Luz María Gordillo, quien ahora aspira a la Cámara por el Centro Democrático, aunque está afiliada a la base de datos del Partido Liberal.
Aunque el candidato es consciente de su propio devenir, son los partidos los que han permitido esta perversión del sistema, porque no revisan a fondo los perfiles de los aspirantes y porque los comités de ética y documentación de esas colectividades carecen de procesos reales y eficientes.
Así, el puesto 20 de la lista del Centro Democrático al Senado lo ocupa Mareleen Castillo, quien fuera fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández y que de un momento a otro terminó en el partido del expresidente Uribe, sin renunciar a su curul en el Congreso, ni tampoco al partido al cual ella dice que nunca perteneció, pero igual, aceptó la curul de oposición durante cuatro años en el Capitolio. Así mismo ocurre con todos los partidos.
No en vano, en el cuatrienio 2022-2026 perdieron su curul por doble militancia Roy Barreras, Alexander López, César Pachón y otros miembros del Pacto Histórico, que después se reacomodaron y que hoy se preparan para la nueva contienda electoral con sus propios partidos o dentro de otros, porque aquí cambiar de ideología es un derecho, pero también una necesidad de todos los políticos.
El problema, en sí, es del sistema, y ese sistema se compone de partidos y de órganos de control y regulación electoral. El caso es que aquí todos se saltan la ley, sin importarles los votantes, ni la ciudadanía en general, y mucho menos el sistema democrático colombiano.
