A menos de un mes de las elecciones al Congreso de la República y a dos meses de los comicios Presidenciales, el seguimiento de violencia político electoral adelantado por Pares presenta un panorama preocupante. Entre el 8 de marzo de 2025 y el 10 de febrero de 2026 se registraron 164 hechos violentos que dejaron 202 víctimas únicas, lo que equivale a que, en promedio, cada dos días una persona vinculada a la política ha sido atacada. A medida que se acerca la jornada electoral, la violencia aumenta: frente al informe anterior, los hechos crecieron un 19 % y las víctimas un 20 %, evidenciando continuos obstáculos en el ejercicio democrático.
Los distintos tipos de hechos dejan en evidencia que la violencia político electoral no se asocian únicamente a asesinatos, contrario a ello, esta violencia recurre predominantemente a otras formas de intimidación. De modo que, más de la mitad de los hechos corresponden a amenazas (54%), seguidas por atentados (32%), homicidios (10%) y algunos secuestros (3%). Esta distribución sugiere que el objetivo principal no es únicamente eliminar adversarios, sino presionar decisiones, restringir la competencia y moldear el comportamiento de candidatos, funcionarios y actores políticos.
Si bien es cierto que la distribución territorial de dicha la violencia se registró en 28 de los 32 departamentos y en Bogotá, se concentra con mayor intensidad en regiones periféricas como Cauca, Antioquia, Tolima, Valle del Cauca, Nariño, reportando 17, 11, 11, 9 y 9 hechos, respectivamente.
Las principales víctimas son autoridades y actores políticos locales. Los concejales encabezan ampliamente la lista (36%), seguidos por alcaldes (14%) y funcionarios públicos (10%), lo que refleja la vulnerabilidad de los actores políticos más cercanos al ejercicio democrático local Asimismo, con la apertura de inscripciones de candidaturas al Congreso aumentaron significativamente los ataques contra aspirantes, señal de que la competencia electoral intensifica los riesgos.
La violencia atraviesa además el espectro político sin distinguir ideologías. Las víctimas pertenecen a múltiples partidos, lo que refuerza la idea de que no se trata de un conflicto partidista específico sino de un fenómeno estructural que afecta la participación política en general.
En síntesis, el informe expone como la violencia político-electoral continúa intensificándose. Las amenazas y atentados buscan condicionar decisiones, forzar alineamientos o desalentar candidaturas, afectando la libertad de competencia y la calidad de la democracia. El riesgo es particularmente alto en territorios lejanos al centro del país, con mayor predominancia en el suroccidente colombiano, de allí la necesidad de fortalecer las condiciones de seguridad para los actores políticos, particularmente, para los liderazgos locales más vulnerables.
