En Colombia la Transición Energética se ha consolidado como unas de las banderas más representativas del Gobierno actual, siendo el sector minero-energético una prioridad para reducir brechas históricas, especialmente en territorios periféricos. A partir de este foco surgió la Hoja de Ruta de la TEJ, decretos y leyes que regulan estos macroprocesos; sin embargo, la materialización de estos objetivos enfrenta tensiones entre la promesa institucional y la realidad territorial.
En este mismo discurso surgen las comunidades energéticas como estrategia y mecanismo para promover equidad territorial, participación ciudadana y sostenibilidad ambiental, al tiempo que contribuyen a la Transición Energética Justa. El impulso de iniciativas de generación renovable comunitaria responde a una visión estatal orientada a democratizar el acceso a la energía, reducir costos y fortalecer la autonomía local; este enfoque busca que territorios históricamente aislados puedan disminuir su dependencia de combustibles fósiles y sistemas precarios de suministro eléctrico.
Las expectativas energéticas del Gobierno han buscado esparcirse por todo el territorio nacional, apuntando desde La Guajira hasta la espesa Amazonía, siendo esta ultima un escenario donde el acceso a energía confiable ha sido limitado y estos proyectos representan no solo una infraestructura energética, sino también una herramienta de desarrollo social y económico.
Pero, dentro de estos esperanzadores discursos se hayan tropiezos lamentables que no solo entorpecen el proceso, sino que también quiebran la confianza que poco a poco se ha logrado construir con los territorios. El caso del parque solar de Puerto Leguizamo, en el departamento del Putumayo, que debía ser entregado en el 2022, evidencia cómo los proyectos que deberían simbolizar el avance hacia modelos sostenibles pueden convertirse en escenarios de incertidumbre, frustración y cuestionamientos sobre la gestión pública.
En Puerto Leguizamo, se debía entregar hace cuatro años atrás un parque solar que contaría con 6.300 paneles solares para abastecer de energía al casco urbano, con una inversión de 25 mil millones de pesos, esta obra se traduciría como el parque solar más grande de la Amazonia colombiana, bajo la responsabilidad de la Empresa de Aseo, Acueducto y Alcantarillado del Valle de Sibundoy (Emevasi). ¿los motivos del incumplimiento? Según lo expone Emevasi, este retraso colosal se debe a procesos escriturales de los terrenos, pero también a la desarticulación con las comunidades que habitan en el área, específicamente comunidades indígenas.
Esta obra que debía beneficiar al municipio no aún se mantiene en pendiente, según denuncias públicas del alcalde Luis Emilio Bustos. El mandatario local afirmó que la obra, diseñada para mejorar el suministro energético, continúa sin operar pese a que debía estar finalizada. La Procuraduría ha señalado que investiga posibles irregularidades en la ejecución de esta iniciativa financiada con recursos públicos, cuyo plazo de entrega ya había sido establecido previamente. Este escenario genera inquietud entre la comunidad, que esperaba mejoras concretas en el acceso a energía y reducción de costos, pero que hoy enfrenta un proyecto inconcluso.
Este panorama revela una brecha persistente entre la planeación de políticas energéticas y su implementación efectiva en territorios rurales. Aunque el discurso de Transición Energética Justa enfatiza la inclusión territorial, la ejecución deficiente de proyectos puede producir el efecto contrario: profundizar la desconfianza institucional.
La no entrega del parque solar también expone debilidades en las rutas propuestas desde los mandatos, es decir, falencias en los sistemas de seguimiento, control y articulación entre niveles de gobierno. La energía no es únicamente un servicio; es una condición habilitante para educación, productividad, salud y gobernanza territorial. El riesgo más significativo es que la Transición Energética se perciba como una promesa distante o simbólica, en lugar de una transformación tangible.
El parque solar de Puerto Leguizamo representa tanto el potencial como los desafíos de la Transición Energética en Colombia, por ello, más que un caso aislado de incumplimiento, esta situación debe interpretarse como una advertencia sobre la importancia de fortalecer la gobernanza energética en territorios. La Transición Energética solo será verdaderamente justa si las comunidades no solo son incluidas en el discurso, sino también en los procesos, si los diferentes actores que confluyen en el territorio generan un espacio de articulación y trabajo mancomunado para que estas acciones resulten realmente beneficiarias, funcionen, se mantengan y generen impactos concretos en la calidad de vida de las comunidades.
