La decisión del Gobierno nacional de trasladar al menos a cuarenta cabecillas de bandas criminales a Barranquilla hizo que el acalde de esa ciudad, Alejandro Char, estallara contra Petro en un mensaje de X: “¡Increíble el actuar del Gobierno nacional! En lugar de enviar refuerzos a nuestra fuerza pública, nos trasladan a peligrosos criminales como Digno, Castor, el ‘Negro Ober’ y 40 delincuentes adicionales a estas cárceles que no cuentan con condiciones de seguridad para albergar a estos criminales, ignorando también el dolor de nuestra gente”.
Esta era una movida más en la búsqueda del presidente Petro por lograr la paz urbana. El Ministerio de Justicia anunció que pesos pesados de las bandas criminales, como el Negro Ober, quien se hizo famoso hace unos años cuando amenazó, desde la cárcel, con matar a comerciantes mientras se fumaba un considerablemente largo cigarrillo de marihuana. Otros de los hombres que iban a ser trasladados desde las cárceles de Cómbita y La Picota, serían Jorge Eliécer Díaz, alias Castor, cabecilla de los Costeños y Digno Palomino, líder de la banda de los Pepes. Aunque el alcalde Char se sintió ofendido por la decisión del Gobierno, su reclamo en X no tuvo nada que ver con la decisión del Ministerio de Justicia que, por ahora, aplazó el traslado por problemas que podrían derivar de esta decisión.
Es que, al parecer, alias Castor trasladaría también a su corte de delincuentes. El Ministerio de Justicia se dio cuenta a tiempo de que esto iba a ocurrir. La intención del Gobierno de trasladar a los cabecillas desde cárceles de máxima seguridad, como Cómbita o la Picota, a una de mediana seguridad, como El Bosque, se daba como un paso más en la búsqueda de llegar a acuerdos con estas bandas para conseguir, ya al final del Gobierno Petro, la anhelada paz urbana. Esta fase tenía que haber iniciado ayer martes, 13 de enero, pero no se consiguió. A través de la red social X y de manera escueta, el ministro de Justicia explicó la demora en el traslado y afirmó que este no trae para los cabecillas beneficios carcelarios, sino que busca garantizar una “vigilancia y control de los carcelarios”.
Esta decisión del Gobierno no tiene nada que ver con el pedido que hizo el alcalde de Barranquilla y, después de ajustar algunos temas, se proseguirá con este nuevo paso para consolidar los acuerdos a los que se llegaría en este nuevo capítulo de la paz urbana.
