A pesar de los avances en materia de construcción de paz que se han logrado gracias a los Diálogos Regionales de Paz, la violencia armada en Nariño continúa estando vigente y activa, manifestándose en desplazamientos masivos, enfrentamientos entre grupos ilegales y ataques dirigidos contra la Fuerza Pública y la población civil. Durante 2025 persistieron disputas por el control de las economías ilícitas y de corredores estratégicos, lo que mantiene altos niveles de riesgo humanitario. En este sentido, los diálogos han abierto espacios de interlocución, pero no han logrado frenar del todo la dinámica violenta de grupos armados que continúan disputándose el poder territorial, evidenciando que la construcción de paz en el departamento avanza, pero aún enfrenta desafíos profundos y estructurales.
El panorama de Nariño durante 2025 ha estado marcado por una paradoja, a la par que avanzan las mesas de diálogo con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, que se adelanta, principalmente en el Telembí y la mesa con Comuneros del Sur que se adelanta en Abades, la confrontación armada por el control territorial se mantiene. Mientras el Ejército Nacional avanza en la recuperación del territorio, los grupos armados buscan nuevos territorios y rutas: la reconfiguración geográfica del conflicto se traduce en hechos violentos que terminan recayendo sobre la población civil.
Durante 2025 las subregiones más afectadas por acciones armadas fueron Cordillera, Sanquianga y Telembí, destacándose los municipios de Cumbitara y El Charco, que han sido una bisagra importante en la geografía de las economías ilícitas. Así mismo se han registrado acciones armadas, cuyas consecuencias son casi siempre desplazamientos y confinamientos de la población, en municipios como Barbacoas, Cumbal, Ipiales, Iscuandé, Leiva, Magüí Payán, Ricaurte y Sotomayor, todos municipios estratégicos por ser paso obligado entre regiones.
En la subregión Telembí (municipios de Barbacoas, Magüí Payán y Roberto Payán) convergen al menos siete grupos entre disidencias del EMC y la Coordinadora Guerrillera Bolivariana, convirtiendo esta zona en un epicentro del conflicto, en donde se registran acciones armadas durante todo el año. La subregión de Sanquianga, caracterizada por ríos extensos y selva de difícil acceso, facilita la movilidad clandestina del EMC y la Coordinadora Guerrillera Bolivariana, que mantienen fuerte presencia en Santa Bárbara de Iscuandé, Mosquera, La Tola y Olaya Herrera. En la Cordillera, (Policarpa, Cumbitara, Leiva y Taminango) el Frente Franco Benavides sostiene una presencia consolidada en zonas militarizadas y de persistente economía ilícita. En el Pie de Monte Costero, que conecta zonas de producción ilícita con las salidas al Pacífico, concentra hasta cinco estructuras armadas que compiten por corredores estratégicos. Finalmente, en la subregión Sur, municipios fronterizos como Cumbal, Guachucal y Sucumbíos reúnen disidencias, frentes binacionales y grupos de origen paramilitar, lo que convierte este territorio una zona de altísima complejidad en términos de conflicto armado, por la superposición de actores y la dinámica transfronteriza de la violencia
Cabe precisar que, si bien las acciones armadas se han mantenido en las subregiones y municipios antes mencionados, se ha notado una disminución significativa del registro de hechos violentos asociados en el corredor montañoso de Guambuyaco y Abades, zona tradicionalmente muy golpeada por la violencia. Esta disminución de acciones armadas se debe, quizá, a que ahí se adelantan las Mesas de Diálogo Regionales con Comuneros del Sur. En contraste, en el municipio de El Peñol se han registrado varios ataques a la fuerza pública y desplazamientos, quizá por la presión ejercida por la Fuerza Pública con la recuperación del Cerro Negro, que conecta la Cordillera, con Abades y el Piedemonte Costero, obligando a los grupos ilegales a reconfigurar sus rutas.
En Nariño operan varias facciones del Estado Mayor Central (EMC), con frentes como el Rafael Aguilera, Ariel Aldana, Alfonso Cano, Franco Benavides y otras columnas móviles que mantienen presencia en diferentes municipios del departamento. También actúan estructuras de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, entre ellas los frentes Iván Ríos y Mariscal Sucre. A esto se suman grupos con radios de acción más focalizados, como el Frente Oliver Sinisterra y los Comandos de Frontera. En paralelo, persisten organizaciones de carácter paramilitar y neoparamilitar, principalmente las Autodefensas Unidas de Nariño, asimismo, grupos de corte regional como los Comuneros del Sur, con compañías como Jaime Toño Obando y José Luis Rúales, que actualmente adelantan la ejecución de los acuerdos ya logrados con el gobierno.
El mayor número de acciones violentas registradas durante el primer semestre de 2025 fueron perpetradas por el EMC, a través del Frente Franco Benavides, quizá en respuesta a la Operación Cordillera, en el segundo semestre de 2025, en cambio, se destacó el accionar de las disidencias de “Iván Mordisco”, posiblemente en respuesta a la ofensiva militar que ha destruido más de 20 laboratorios pertenecientes a esta organización en el pacífico y a la destrucción de 2.846 kilos de clorhidrato de cocaína, con un avalúo aproximado de 51 millones de dólares, en el municipio de El Charco.
El accionar de los grupos armados se ha mantenido durante 2025, con algunos picos en los meses de junio, septiembre y noviembre. Durante el mes de junio el Ejército Nacional avanzó en el triángulo del Telembí contra el EMC y su frente residual Jacobo Arenas lo que generó una respuesta violenta, se registró incluso una masacre en la zona en la que fueron asesinados cuatro campesinos y un líder indígena Awá. Durante el mes de septiembre se destacó el desplazamiento de 2.000 personas de zonas rurales del municipio de El Charco hacia la cabecera municipal debido a enfrentamientos entre estructuras del ELN y las AUN. Durante noviembre y diciembre se han reportado mayoritariamente acciones de las disidencias de Iván Mordisco en el municipio de El Peñol que han ocasionado el desplazamiento de cientos de personas hacia la cabecera municipal e incluso hacia Pasto.
El accionar de los grupos armados en Nariño sugiere que el avance del Ejército y la destrucción de rutas tradicionales de narcotráfico eleva la presión sobre los grupos armados organizados, obligándolos a adaptarse mediante la apertura de nuevas rutas, la búsqueda de territorios menos vigilados y una diversificación en sus modos de operar. La militarización de los corredores históricos no elimina la actividad ilegal, sino que empuja su geografía hacia áreas con menor presencia estatal.
El recrudecimiento de la violencia ante la avanzada del ejército evidencia que los grupos armados, al perder acceso a corredores tradicionales y puntos estratégicos y al ver los contundentes golpes que el ejército propina a sus economías, optan por operar en territorios donde la población civil —por su vulnerabilidad estructural e histórica— puede ser usada como escudo humano o como barrera social frente a la acción de las fuerzas militares, lo que sugiere que la capacidad militar directa de los GAO es insuficiente para confrontar la fuerza pública, por lo que priorizan tácticas indirectas: hostigamientos, terrorismo con drones, explosivos de lanzamiento, ataques sorpresa, intimidación sistemática de comunidades, extorsiones y control social. Esta lógica satisface varios objetivos: generar temor, controlar a la población, conservar territorios de influencia, dificultar la consolidación del Estado y deslegitimar la acción del Ejército Nacional al intentar retomar los territorios y sostener el enfoque de seguridad del gobierno.
La proliferación del uso de drones cargados con explosivos es, sin duda, un cambio cualitativo en su accionar. En Nariño, los ataques con drones así como el desplazamiento de la población desde las veredas, puede ser leído como una retaliación por las toneladas de materias primas incautadas y laboratorios destruidos, acción que demuestra la necesidad de evitar un enfrentamiento directo con la fuerza pública, quizá debido a que serían superados en capacidades militares y logísticas, mientras mantienen la percepción de dominio sobre los territorios mediante tácticas que afectan la legitimidad del Estado, y siembran zozobra en la población.
Frente a este escenario, la ofensiva militar del Estado debe considerar de manera prioritaria la protección de la población civil y las respuestas rápidas ante emergencias humanitarias. La reconfiguración de la violencia exige una capacidad estatal para activar rutas de protección inmediata, fortalecer sistemas de alerta temprana y articular operaciones militares con presencia institucional multisectorial. Sin ello, la recuperación territorial corre el riesgo de presentarse como una victoria táctica acompañada de un costo social insostenible.
El panorama de violencia en Nariño revela los grandes retos que enfrentan las políticas de seguridad del país: la destrucción de rutas tradicionales de narcotráfico y la incautación de cargamentos de cocaína representan triunfos tácticos y estratégicos contra las economías criminales; sin embargo, estos logros no garantizan la pacificación estructural si no se logra una presencia territorial integral. La ofensiva del Estado ha logrado avances reales, la recuperación de corredores estratégicos, la incautación de cargas significativas de cocaína, el debilitamiento material de estructuras criminales, pero ese avance militar está produce una metamorfosis ya conocida del conflicto: rutas desplazadas, criminalidad encubierta, violencia contra la población civil y emergentes desplazamientos forzados. Ignorar esta reconfiguración sería subestimar la complejidad del conflicto. Lo que se impone ahora, además de la acción policial y militar, es un compromiso del Estado con la reconstrucción del territorio, la garantía de derechos, la protección efectiva de las comunidades y la resiliencia social frente a la guerra cambiante que supone la recuperación del territorio por parte del Estado.
REFERENCIAS
Análisis Urbano. (2025, diciembre 2). Incautan más de 2.800 kilos de cocaína en Nariño: cargamento está avaluado en 51 millones de dólares. Análisis Urbano. https://analisisurbano.org/incautan-mas-de-2-800-kilos-de-cocaina-en-narino-cargamento-esta-avaluado-en-51-millones-de-dolares/
El Tiempo. (2025, diciembre 2). Incautan en Nariño 2.846 kilos de cocaína que pertenecerían a las disidencias de ‘Iván Mordisco’. El Tiempo. https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/incautan-en-narino-2-846-kilos-de-cocaina-que-pertenecerian-a-las-disidencias-de-ivan-mordisco-3513516
Gobernación de Nariño. (2025). Informe parcial a 30 de junio de 2025 — Mesa de Contrastes: Comportamiento de los Derechos Humanos en el Departamento de Nariño. https://narino.gov.co/wp-content/uploads/2025/09/2.-2%C2%B0.-INF-MESA-CONTRASTES-CORTE-JUNIO-2025.pdf
El Radar del Sol. (2025, febrero 11). ¿Cuál es la importancia de Cerro Negro en Nariño? ¿Podrá el Estado mantener la seguridad? El Radar del Sol. https://www.elradardelsol.com/2025/02/11/cual-es-la-importancia-de-cerro-negro-en-narino-podra-el-estado-mantener-la-seguridad/
La FM. (2024, noviembre 11). Nuevo ataque de drones en el país deja muertos. La FM. https://www.lafm.com.co/orden-publico/nuevo-ataque-de-drones-en-el-pais-deja-muertos-382257
