En una reciente entrevista concedida a la periodista española Salud Hernández de la Revista Semana, el comandante del Frente 33 del Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF) de las disidencias de las FARC-EP, Andrey Avendaño, ofreció una radiografía cruda y directa sobre la guerra que atraviesa el Catatumbo, una región marcada por décadas de conflicto y abandono estatal.
El relato deja en evidencia que, detrás de las confrontaciones armadas, quienes más sufren son las comunidades campesinas, indígenas y rurales que habitan este territorio fronterizo del Norte de Santander. Avendaño reconoció que la violencia actual enfrenta a pobladores entre sí: “somos hijos del Catatumbo, nos estamos enfrentando catatumberos contra catatumberos”, señaló, aludiendo a los vínculos familiares que unen a combatientes del Frente 33 y del ELN.
Agregó que, mientras muchos jóvenes del campo mueren en esta guerra, los hijos de los altos mandos del ELN estudian “en las mejores universidades”. Una afirmación que refleja un patrón histórico: la guerra sigue recayendo sobre los más pobres, los campesinos que no tuvieron la oportunidad de construir alternativas de vida que rompieran con la lógica de la guerra y que ahora son, nuevamente, las principales víctimas del conflicto.
El comandante también admitió que el Frente 33 atraviesa un momento de debilitamiento interno. Algunas de sus unidades se habrían desmovilizado o pasado al ELN, en un contexto donde el control territorial ha cambiado drásticamente. “Acabar con la guerra es complejo, el ELN tiene el 80 o 90% del control del Catatumbo”, dijo Avendaño, reconociendo que, aunque el grupo surgió como respuesta al incumplimiento del Acuerdo de Paz de 2016, las confrontaciones y la presión militar han mermado su capacidad de operación.
Uno de los ejes centrales de la disputa sigue siendo la economía cocalera. Según Avendaño, el ELN domina actualmente el negocio de la coca en la región: “controlan quién compra, quién vende y cómo se transporta la coca”, afirmó. La frontera con Venezuela se convierte en un factor clave dentro de esta estructura, no solo como corredor estratégico, sino también como refugio. “Cada vez que hay enfrentamientos o operativos del ejército, el ELN se resguarda en territorio venezolano. Hemos cruzado la frontera a enfrentarlos, pero apenas cruzamos, la guardia bolivariana nos enfrenta”, señaló, dejando entrever una relación tácita entre mandos del ELN y autoridades venezolanas. Sim embargo, Wilfredo Cañizares de la Fundación Progresar, preciso que estás alianzas en la zona de fronteras, muchas de ellas no se conocen por las autoridades a nivel central en Caracas, Venezuela, y responden a pactos territoriales para garantizar la seguridad en la línea limítrofe.
Además, el panorama del narcotráfico se ha transformado. Los recientes operativos de los Estados Unidos en el Caribe han bloqueado las rutas de salida de la cocaína, generando un represamiento de la pasta base en fincas campesinas. “El ELN intenta comprar de a poco, raspar en fincas que ha quitado a las familias campesinas”, señaló Avendaño. Entre tanto, la Fundación Progresar, alerta nuevas rutas hacia el interior del país como alternativa al tráfico por Venezuela. En este contexto, el control sobre la economía cocalera se traduce en poder territorial, lo que les permite regular la movilidad, los precios y hasta las decisiones cotidianas de los pobladores. Mientras tanto, los esfuerzos institucionales por ofrecer salidas sostenibles siguen siendo insuficientes frente a la magnitud del problema.
La entrevista con Andrey Avendaño vuelve a poner sobre la mesa una verdad incómoda: el Catatumbo sigue siendo un territorio atrapado en una guerra que se reinventa, pero que nunca desaparece. Los campesinos siguen siendo el rostro de la resistencia, quienes cultivan la tierra en medio del miedo, los controles armados y la precariedad institucional. La afirmación de Avendaño “el problema del Catatumbo no se resuelve a tiros” refleja el reconocimiento de que la salida militar ha fracasado una y otra vez, y que la paz territorial solo será posible si el Estado llega con presencia real, inversión social y garantías para la vida.
En ese sentido, la guerra que hoy enfrenta a las disidencias del Frente 33 y al ELN no solo es una disputa por el control de rutas y economías ilegales, sino también una batalla por el poder político y la legitimidad social en una región históricamente olvidada. Mientras las estructuras armadas buscan imponer su autoridad a través del miedo, las comunidades reclaman un Estado que escuche, que dialogue y que no solo llegue cuando el conflicto ya ha estallado. El reto es monumental: desmontar décadas de desconfianza, de economías ilícitas y de promesas incumplidas.
El Catatumbo, en últimas, se convierte en un espejo del país: un territorio con un enorme potencial agrícola y humano, pero también con profundas heridas abiertas por la guerra. Si algo deja claro la entrevista es que, sin una presencia integral del Estado y un compromiso real de los actores armados con la paz, la historia seguirá repitiéndose: jóvenes reclutados, familias desplazadas y comunidades que, entre el silencio y la esperanza, siguen esperando que la paz deje de ser un discurso y se convierta en una realidad tangible.
Entre tanto, el panorama para el Catatumbo es complejo y nada alentador, por un lado, el comandante del Frente 33 aseguró mantener una voluntad de paz. “Nosotros seguimos en un proceso de paz”, dijo, reafirmando que el grupo mantiene disposición al diálogo con el Gobierno del presidente Gustavo Petro, pero advirtiendo que la falta de garantías frente al avance del ELN dificulta cualquier salida negociada. Por el otro, la situación humanitaria del Catatumbo continúa en medio de las voluntades de paz. De acuerdo al boletín N° 146 del 21 de octubre de 2025 emitido por la Gobernación de Norte de Santander, desde el inicio de las confrontaciones el 16 de enero de 2025 se tiene el registro de 82.955 personas en condición de desplazamiento, 1.740 se en encuentran confinadas y toda una región que espera por respuestas.
