Lo ilícito tiene mayor valor que lo lícito precisamente porque es ilegal. La prohibición reduce la oferta legal, incrementa los riesgos para productores y distribuidores, y ese riesgo se traduce en precios más altos. Así, un kilo de cocaína que cuesta unos pocos cientos de dólares en la selva colombiana puede multiplicar su valor más de cien veces en las calles de Nueva York. La demanda se mantiene, pero la represión convierte ese producto en un lujo criminal, fuente de ganancias desproporcionadas para las mafias y de pobreza para los campesinos. Es aquí donde juegan un papel importante la “i” y los “des”.
La frase del presidente Gustavo Petro en Brasil: “Lo ilícito se acaba quitándole la i y se vuelve lícito” fue recibida con burlas en redes sociales. Sin embargo, más allá de la forma, la metáfora tiene sustancia. La historia del alcohol en Estados Unidos y la criminología crítica europea ayudan a entenderlo.
De lo ilícito a lo lícito: Petro, la criminología crítica y la contradicción con EE. UU.
Durante la Ley Seca (1920–1933), el alcohol fue prohibido en nombre de la moral y la salud pública. El resultado fue el contrario: las mafias controlaron la distribución clandestina, la corrupción policial se disparó y la violencia urbana alcanzó niveles inéditos. La prohibición convirtió un consumo socialmente aceptado en un mercado ilícito dominado por el crimen organizado.
Cuando en 1933 se derogó la medida y el alcohol volvió a ser legal, el Estado recuperó el control regulatorio, redujo la violencia y transformó un negocio clandestino en un sector tributado. Dicho en términos de Petro: se le quitó la i a lo ilícito.
Este mismo razonamiento fue desarrollado por la criminología abolicionista y crítica en Europa. Louk Hulsman (1984)[1], Massimo Pavarini (1983)[2] y Alessandro Baratta (1986)[3] señalaron que el derecho penal moderno es selectivo: castiga más a los pobres y reproduce desigualdades sociales. Frente a ello, propusieron políticas de los llamados “des”: despenalización, desjudicialización, desprisionalización y descriminalización. Estas medidas buscan desactivar el aparato de criminalización, aliviar la presión sobre los más vulnerables y construir un sistema de justicia menos punitivo y más inclusivo.
De lo ilícito a lo lícito: la metáfora de Petro sí tiene historia
La Ley Seca en Estados Unidos (1920–1933)
En 1920 entró en vigor la Enmienda XVIII de la Constitución estadounidense, conocida como la Prohibición o Ley Seca. Esta norma prohibió la producción, venta y transporte de bebidas alcohólicas. Su justificación moral y sanitaria se basaba en combatir el alcoholismo, mejorar la productividad laboral y reducir la criminalidad.
Sin embargo, el resultado fue el contrario:
- Auge del crimen organizado: la mafia italiana, irlandesa y otros grupos criminales se fortalecieron al controlar el negocio clandestino del alcohol.
- Corrupción institucional: policías, jueces y políticos fueron sobornados sistemáticamente.
- Violencia social: la lucha por el control del mercado ilegal derivó en guerras entre mafias (ejemplo: la masacre del Día de San Valentín en Chicago, 1929).
- Hipocresía social: amplios sectores de la población continuaron consumiendo alcohol, creando una brecha entre la norma jurídica y la práctica social.
La experiencia mostró que la prohibición no elimina la demanda, sino que traslada el consumo a un circuito ilegal controlado por estructuras criminales.
El tránsito de lo ilícito a lo lícito
En 1933, frente al fracaso social y político de la prohibición, se aprobó la Enmienda XXI, que derogó la Ley Seca y legalizó nuevamente la producción, distribución y consumo de alcohol.
La consecuencia fue inmediata:
- El Estado recuperó el control regulatorio y fiscal sobre el mercado.
- Se redujo el poder de la mafia en este negocio específico (aunque ya habían diversificado sus actividades).
- La criminalidad asociada a la distribución ilegal de alcohol disminuyó.
- La “ilegalidad” se transformó en un sector económico regulado y tributado.
En términos conceptuales, lo que antes era ilícito dejó de serlo no porque la sustancia cambiara, sino porque el Estado decidió quitarle la “i” de la ilegalidad y volverlo un mercado lícito, siguiendo la metáfora de Petro.
El proceso de legalización del alcohol en EE. UU. demuestra empíricamente que la ilegalidad impuesta por decreto no elimina la práctica social, sino que la criminaliza y fortalece estructuras mafiosas. La solución vino cuando lo ilícito se volvió lícito a través de la regulación estatal.
Petro y la criminología crítica
Este mismo razonamiento fue desarrollado por los criminólogos abolicionistas y críticos europeos, Hulsman, Baratta y Pavarini cuando señalaron que el derecho penal positivista es selectivo: castiga más a los pobres y reproduce desigualdades sociales. Frente a ello, propusieron políticas de los llamados “des”:
- Despenalización, para reducir el catálogo de delitos;
- Desjudicialización, para resolver conflictos fuera de los tribunales;
- Desprisionalización, para disminuir el uso de la cárcel; y
- Descriminalización, para cuestionar la frontera misma entre lo lícito y lo ilícito.
Lo que Petro sugiere en tono poético tiene un paralelo en estas propuestas académicas: regular, despenalizar y descriminalizar no es debilidad, sino estrategia para debilitar a las mafias y proteger la vida. La prohibición absoluta ha demostrado ser un fracaso en múltiples experiencias, pues no elimina la demanda, sino que traslada la oferta a manos violentas.
El reto colombiano es mayúsculo. No se trata de copiar mecánicamente el modelo del alcohol, pero sí de reconocer que insistir en la lógica punitiva ha profundizado el círculo de violencia. Regular ciertas economías, ofrecer alternativas dignas a quienes hoy dependen de lo ilegal y construir un marco de justicia menos selectivo es el camino que la criminología crítica ya trazó hace décadas.
El impacto ambiental tampoco es menor. La presión por ampliar los cultivos de coca y las rutas de extracción de minerales ilegales está acelerando la deforestación y la descertificación en regiones clave como la Amazonía. Así, la prohibición no solo alimenta a las mafias: también destruye bosques, contamina ríos y amenaza la soberanía ambiental del país.
La descertificación de Trump
En contraste, la reciente descertificación de Colombia por parte de Estados Unidos es un “des” de signo opuesto. No abre caminos de regulación ni de justicia alternativa: impone un castigo unilateral que desconoce la corresponsabilidad en el consumo de drogas y presiona a Colombia a mantener la fallida estrategia represiva. Mientras los “des” de la criminología crítica son salidas progresistas que desmontan la maquinaria punitiva, la descertificación se convierte en una herramienta de control político que perpetúa la dependencia y la desigualdad entre países.
Esta contradicción es evidente: un “des” pensado para humanizar y democratizar el derecho penal no puede confundirse con un “des” usado como sanción diplomática. Mientras Baratta y Pavarini plantean caminos para reducir la violencia y la cárcel, Washington utiliza la descertificación como amenaza que refuerza la prohibición, debilita la soberanía nacional y desconoce el impacto ambiental y social que Colombia carga en solitario.
De ahí la vigencia de la metáfora de Petro. Quitar la “i” o avanzar en los “des”, es una ruta hacia soluciones reales; aceptar la descertificación como marco de política exterior es quedarse atrapado en la trampa de siempre.
En este contexto, la reciente descertificación de Colombia por parte de Estados Unidos confirma la asimetría de la relación: se castiga al productor sin asumir la responsabilidad del consumidor. Washington exige resultados en la erradicación, pero evita discutir de frente la legalización, la regulación o la reducción de la demanda interna. Es, en esencia, la misma lógica que fracasó con la Ley Seca en ese país.
Por eso, más que insistir en la “guerra contra las drogas”, lo que Colombia necesita es un nuevo pacto bilateral con Estados Unidos. Un acuerdo que reconozca la corresponsabilidad de ambos países, que combine regulación, transición productiva y protección ambiental. Un pacto que sustituya la represión por cooperación real y que entienda, de una vez por todas, que la prohibición ha sido parte del problema y no de la solución.
Quitar la “i”, como dice Petro, no es un chiste: puede ser la hoja de ruta hacia un modelo más justo, menos violento y ambientalmente sostenible.
Conclusión: la descertificación de EE. UU. a Colombia es producto de que la droga es ilegal, ¡por favor, quitemosle la i!
¿Quién le pone el cascabel al gato?
[1] Louk Hulsman. “Las penas perdidas. El sistema penal en cuestión” Ediar, 1984.
[2] Massimo Pavarini. “Control y dominación” Siglo XXI, 1983.
[3] Alessandro Baratta. Criminología crítica y crítica del derecho penal Siglo XXI, 1986.
