Las mafias en la política

Ariel Ávila Democracia y Gobernabilidad

Foto de Telesur

La Fundación Paz y Reconciliación realizó entre el mes de noviembre del año 2013 y febrero del 2014 una investigación enfocada en analizar los vínculos entre estructuras ilegales y candidatos a Cámara y Senado para las próximas elecciones del 9 de marzo. La investigación se realizó en 10 departamentos del país: Valle del Cauca, Casanare, Santander, Arauca, Sucre, Bolívar, Córdoba, Magdalena, Cesar y La Guajira.

En total se encontraron 131 candidatos al Congreso de la República: 97 herederos de la parapolítica y 34 aspirantes con vínculos con estructuras ilegales. De estos, 48 son candidatos a Senado y 83 a Cámara de representantes. La investigación arrojó cinco grandes conclusiones.

La primera es que los partidos político grandes, como el Liberal y el Conservador, han reciclado este tipo de candidatos. Por ejemplo, el Partido Conservador avaló a Luz Estela Cáceres como candidata al Senado, heredera de la red del parapolítico Javier Cáceres, quien era miembro de Cambio Radical. Igual situación sucede con Raúl Vives Lacouture, de familia liberal y heredero de otra estructura parapolítica. También el Partido Conservador avaló a Nadia Blel, heredera de la estructura política del excongresista Vicente Blel, condenado por parapolítica y quien es su padre. Nadia Blel buscó el aval de Cambio Radical y le fue negado.

Esto significa que los partidos políticos no solo continúan avalando este tipo de candidatos sino que además no existe ningún tipo de responsabilidad política (de los partidos), jurídica (de las instituciones) o social (de la ciudadanía) que castigue este fenómeno.

La segunda conclusión es que el sistema democrático en las diferentes regiones del país es bastante cerrado, es decir que a pesar de que varios líderes de casas políticas están en prisión o llamados a juicio, sus redes no han perdido el poder. Tal vez uno de los ejemplos sea el departamento de Bolívar, donde las tres principales casas políticas tienen a sus jefes presos pero son las que más opciones tienen de quedarse con la mayoría de votos.

Así entonces, las estructuras de Javier Cáceres, Juan José García y Piedad Zucardí, y la de Vicente Blel, son un buen ejemplo. Estos problemas de democracia local son producto, por un lado, del alto costo de las campañas políticas. Los liderazgos emergentes deben empeñar sus campañas para adquirir el dinero y esto se hace mediante la alineación política con las estructuras tradicionales en las diferentes regiones del país. La segunda razón es que las élites tradicionales terminan haciendo lo que en ciencia política se denomina “reclutamiento de élites”, donde los liderazgos sociales emergentes deben alinearse rápidamente para escalar en la distribución del poder local.

La tercera conclusión es que en general, debido a las investigaciones sociales y judiciales, las estructuras criminales y políticas de la parapolítica han optado por mecanismos indirectos de cooptación estatal. En esta materia se detectaron varios tipos de apoyo de criminales a políticos. Por un lado se encuentra el apoyo tradicional, donde incluso miembros de estas mafias intentan participar en política.

Un caso es el de Moisés Orozco, quien aspira a la Cámara y en 2011 fue candidato a la alcaldía de Yumbo (Valle del Cauca), dónde habría excedido el tope legal de financiación de la campaña y apoyó la candidatura de Francined Cano a la gobernación en las pasadas elecciones. Cano era el candidato de Juan Carlos Martínez Sinisterra, exsenador actualmente detenido, a la gobernación. Su fórmula al Senado es la candidata de Yahir Acuña: Nora María García. Adicionalmente, Orozco es reconocido abogado de los hermanos Comba y se dice que de los Rastrojos. Su candidatura es avalada por el partido Fundación Ébano de Colombia.

El segundo mecanismo utilizado para cooptar el Estado es el gobierno en “cuerpo ajeno”. Para ello, los dirigentes de las diferentes estructuras políticas criminalizadas han optado por lanzar familiares y amigos personales. En La Guajira, por ejemplo, el detenido exgobernador ‘Kiko’ Gómez apoya a Antenor Durán, avalado por el partido AICO.

Durán es el candidato público de la casa Ballesteros, goza del apoyo de la estructura política de Gómez y su campaña es financiada por la familia Gómez Cerchar, el sector de gasolineros del sur de La Guajira, quienes hacen parte de la estructura criminal de Marcos Figueroa y recursos propios. Públicamente dice financiarse de su negocio familiar, la ganadería. Y también públicamente hace campaña junto a José Alfredo Gnecco y tienen su comando político en predios del antiguo narcotraficante Manuel Salas Rosado.

Otro de los ejemplos es Mauricio Aguilar, hijo del exgobernador de Santander Hugo Aguilar, condenado a nueve años por la Corte Suprema de Justicia por sus relaciones con el Bloque Central Bolívar. Tiene el apoyo de su hermano, el gobernador del departamento de Santander Richard Aguilar, quien llegó a la gobernación a través del movimiento por firmas “Santander en Serio”, a la que se candidatizó luego de que su padre, que buscaba reelegirse, fuera destituido e inhabilitado por la Procuraduría.

Hugo Aguilar fue trasladado de la cárcel La Picota a la de San Gil (Santander) desde diciembre de 2013, desde donde se dice está manejando la campaña de su hijo. Se denunció que en campaña, Mauricio Aguilar se acompaña de un pendón en donde se promociona al “equipo del Coronel Hugo Aguilar” y al margen izquierdo aparece la foto de su padre. Situación similar ocurre Andrés Felipe García Zuccardi, quien pertenece al viejo clan de los García Romero en Bolívar. Tanto el Papá, Juan José García Romero, como su madre, Piedad Zuccardi, tienen problemas con la justica.

El tercer mecanismo utilizado por organizaciones criminales se basa en la consolidación masiva de alianzas regionales pequeñas, con las que diferentes actores criminalizados en las regiones apoyan candidaturas grandes a Senado y Cámara. Este tipo de apoyo no es fácilmente detectable ya que se trata de alianzas dispersas, muy localizadas.

Uno de los ejemplos es el candidato Bernardo Elías Vidal, actual senador, quien llegó al Congreso como fórmula a la Cámara de Representantes de la condenada por parapolítica Zulema Jattin en el periodo 2006-2010. Actualmente tiene una fuerte presencia en los departamentos de Sucre y La Guajira, y es apoyado por la exalcaldesa de Uribia, Cielo Redondo, quien fue la líder política del grupo paramilitar que manejaba alias ‘Pablo’ en la Alta Guajira.

Elías Vidal es apoyado además por el político sucreño condenado por parapolítica Erik Morris, quien es su suegro. Igualmente sobrino de Jorge Ramón Elías Nader, expresidente del Senado y condenado por el Proceso 8.000 y primo del actual alcalde de Sahagún, Carlos Elías Hoyos. También lo apoya Emilio Tapia, contratista cerebro del ‘cartel de la contratación’ en Bogotá, apoyo que no se hace público dado las implicaciones que traería pero la cercanía entre Elías Vidal y Tapias es de tiempo atrás.

La cuarta conclusión es que se detectó que los niveles de gasto de campaña son excesivos en varias regiones del país, esto ha significado una verdadera feria de dinero por parte de contratistas de obras públicas. A esto se le suma la incapacidad institucional para investigar y detectar este tipo de situaciones. El Consejo Nacional Electoral (CNE), además de ser un órgano politizado no tiene la capacidad humana para controlar este financiamiento. Uno de los ejemplos de esta feria del dinero fue lo ocurrido en Sucre la semana anterior.

El candidato a la Cámara por el departamento de Sucre Pedro León Sierra, quien era fórmula de Teresita García, se retiró y adhirió a la campaña del cuestionado representante Yahir Acuña. El mismo Acuña lo anunció desde Majagual, durante el cierre de su campaña y versiones en el mismo equipo de León Sierra indican que fueron cerca de $2.000 millones lo que Yair Acuña le pagó para dicha alianza.

Una última conclusión es que la justicia colombiana, si bien ha juzgado la parte alta de las estructuras de la parapolítica, a nivel local y regional existe una gran impunidad y sus redes de alcaldes, concejales, diputados y funcionarios públicos han salido impunes de los procesos judiciales, lo que les ha permitido mantener el poder político en varias regiones del país.

Artículo publicado en El Espectador.com