Vuelven los ataques sistemáticos de la guerrilla al Cauca

El inicio de noviembre de 2025 estuvo marcado por graves hechos de violencia en el Cauca: el 1 de noviembre, tropas del Ejército frustraron un atentado en El Tambo al hallar dos cilindros bomba de 100 libras, con sistemas de activación remota, en la vía hacia Popayán, los cuales fueron detonados de manera controlada, evitando una tragedia que habría afectado a más de 400 familias (Escobar, 1 de noviembre, 2025); y el 3 de noviembre, un ataque con explosivos contra la estación de Policía de Suárez dejó dos muertos y varios heridos, entre ellos un uniformado y cuatro civiles, hecho que según el alcalde César Cerón refleja la grave situación de violencia que enfrenta el municipio y la necesidad de mayor apoyo del Gobierno Nacional (Lara, 3 de noviembre, 2025). 

El 12 de noviembre de 2025, el Cauca vivió una jornada marcada por la violencia en distintos municipios. En Patía, tropas del Batallón de Alta Montaña N.º 4 del Ejército se enfrentaron con las estructuras Carlos Patiño, del Estado Mayor Central (EMC) al mando de Iván Mordisco, tras frustrar el robo de un cargamento de café. Los combates se prolongaron hasta la noche y se intensificaron con la intervención de un helicóptero de la Fuerza Aérea, dejando a la comunidad de El Bordo atrapada en medio del fuego cruzado y expuesta al peligro en la vía Panamericana (Santillana, 12 de noviembre, 2025). Ese mismo día, en Inzá, grupos armados ilegales atacaron con una granada la estación de Policía y hostigaron el casco urbano, dejando heridos y generando temor entre los habitantes. El Consejo Territorial de Pueblos Indígenas Juan Tama emitió una alerta sobre el riesgo inminente, exigiendo respeto por la vida y rechazando categóricamente estos hechos (CRIC, 12 de noviembre, 2025). Paralelamente, en Caloto, el casco urbano amaneció con cilindros abandonados en las calles, con mensajes alusivos a las disidencias, lo que generó alarma y llevó a las autoridades a solicitar la intervención urgente de la fuerza pública (APC, 12 de noviembre, 2025).

Además, EMC atacó con explosivos y ráfagas de fusil tres bases militares en Suárez, en las zonas de Los Pinos, La Toma y La Turbina. Los enfrentamientos derivaron en combates con el Ejército, que contó con apoyo aéreo, y aunque no se reportaron heridos, varias viviendas resultaron afectadas. La Alcaldía confirmó los daños y pidió mayor atención del Gobierno nacional para garantizar la seguridad de la población, mientras la Defensoría del Pueblo ya había advertido sobre el riesgo de estas acciones violentas en la región (Solarte, 12 de noviembre, 2025). Estos hechos reflejan la escalada de ataques simultáneos en distintos puntos del Cauca, que mantienen a las comunidades en zozobra y evidencian la capacidad de las disidencias para golpear tanto a la fuerza pública como a la población civil.

Entre el 13 y el 15 de noviembre de 2025, el Cauca vivió una serie de ataques que reflejan la ofensiva del EMC. El 13 de noviembre, dos explosiones cerca de la estación de Policía de Timbío provocaron pánico y daños en viviendas y locales, mientras, en Rosas, integrantes de la estructura Carlos Patiño instalaron un retén ilegal en la vía Panamericana, bloqueando el paso con vehículos y disparos (Romoleroux, 13 de noviembre, 2025). Al día siguiente, un carro bomba estalló en el sector del antiguo peaje de Tunía, en Piendamó, causando la muerte de una persona, afectando viviendas y dejando sin energía a varias veredas; el ataque coincidió con un atentado contra el senador y exgobernador Temístocles Ortega, quien logró escapar ileso gracias a sus escoltas (Romoleroux, 14 de noviembre, 2025). En ese contexto, el 15 de noviembre, un hostigamiento del frente Carlos Patiño, en Guadualito, Balboa, dejó cinco militares heridos y un soldado secuestrado durante combates con el Ejército, hecho que fue calificado como una grave violación a los derechos humanos y motivó exigencias de liberación inmediata (Pérez, 15 de noviembre, 2025). 

El 16 de noviembre de 2025, hombres armados hostigaron a la Policía en Guachené, Cauca, generando temor entre los habitantes y obligando a evacuar el parque principal tras el hallazgo de dos cilindros que podrían contener explosivos, en medio de una ola de violencia atribuida a los frentes Carlos Patiño y Dagoberto Ramos, que también han instalado retenes ilegales en la vía Popayán–Pasto (Pérez, 16 de noviembre, 2025); al día siguiente, el 17 de noviembre, el corregimiento de Mondomo, en Santander de Quilichao, quedó devastado tras un atentado del frente Dagoberto Ramos contra la subestación de Policía, que destruyó viviendas, locales y el puesto de salud, obligando a cientos de familias a huir, mientras cuatro uniformados y dos civiles resultaron heridos, organismos de derechos humanos verificaron los daños sin que llegaran ayudas inmediatas, líderes sociales denunciaron abandono estatal y la violencia continuó con hostigamientos, secuestros y retenes ilegales en la Panamericana, donde incluso murió una niña de dos años, lo que llevó al gobernador del Cauca a pedir la militarización de la carretera y medidas contundentes para frenar la escalada terrorista (Pérez, 17 de noviembre, 2025). 

La coyuntura en el Cauca durante noviembre de 2025 refleja una ofensiva sistemática y multifacética del EMC, que han logrado combinar tácticas tradicionales de insurgencia con recursos modernos de ataque. El uso de explosivos (cilindros bomba, granadas y carros bomba) se ha convertido en un mecanismo recurrente para golpear tanto a la fuerza pública como a la población civil, mientras los hostigamientos armados en cascos urbanos y los combates prolongados en zonas rurales muestran una clara intención de mantener presión constante sobre el territorio. A esto se suma la instalación de retenes ilegales en corredores estratégicos como la vía Panamericana, lo que no solo interrumpe la movilidad y el comercio, sino que también reafirma el control territorial de los grupos armados. El empleo de drones para reconocimiento y ataques de precisión introduce un componente tecnológico que amplifica la capacidad de vigilancia y amenaza, dando pie a la construcción de un posible escenario de guerra híbrida.

El patrón que emerge es el de una violencia simultánea y coordinada en múltiples municipios, lo que desborda la capacidad de respuesta de las autoridades locales y genera un clima de zozobra permanente. Las comunidades han quedado atrapadas entre explosiones, secuestros, destrucción de viviendas y desplazamientos forzados, mientras las instituciones estatales muestran limitaciones para atender de manera integral la crisis. La ofensiva no solo busca debilitar a las fuerzas de seguridad, sino también transmitir un mensaje de poder y dominio, erosionando la confianza de la población en la capacidad del Estado para garantizar protección. La dimensión psicológica de los ataques (como el abandono de cilindros pintados con mensajes intimidatorios) refuerza la percepción de vulnerabilidad y abandono, generando un impacto social que trasciende lo militar.

La coyuntura en el Cauca durante noviembre de 2025 revela no solo una ofensiva sistemática del EMC, sino un ajuste táctico dentro del conflicto armado, donde la combinación de prácticas ya conocidas (explosivos, hostigamientos urbanos, combates rurales, retenes ilegales) con nuevos recursos tecnológicos, como drones y sistemas de activación remota, no necesariamente implica una transformación cualitativa del conflicto, sino más bien una ampliación y sofisticación de los mecanismos disponibles para hacer la guerra. Esta diversificación táctica busca consolidar control territorial y erosionar la legitimidad estatal. La simultaneidad de ataques en múltiples municipios, el impacto directo sobre la población civil y el uso de elementos con carga psicológica (como cilindros pintados con mensajes intimidatorios o atentados contra figuras políticas) configuran una estrategia de desgaste que supera la capacidad institucional y profundiza el deterioro humanitario. Todo ello convierte al Cauca en un epicentro de crisis de seguridad y gobernabilidad que, de no ser enfrentado con una respuesta integral que combine fuerza pública, presencia institucional y atención social, corre el riesgo de prolongar un ciclo de violencia, miedo y abandono.