El pasado 16 de octubre, el exalcalde de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez, fue víctima de un atentado; que, si bien logró salir ileso del acto violento, en el hecho perdió la vida Felipe López, integrante de su esquema de protección y miembro activo de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
El atentado se registró en horas de la noche en un establecimiento comercial familiar del Barrio La Esmeralda, Jamundí. Según versiones, dos sujetos armados que se movilizaban en motocicleta abordaron el lugar y dispararon contra Ramírez y su esquema de protección.
El hecho que conmocionó a Jamundí fue profundamente rechazado por todo el país, la Gobernación del Valle del Cauca y la Fiscalía General de la Nación desplegaron un equipo de investigación especial y ofrecieron una recompensa de hasta 150 millones de pesos por información para dar con la captura de los responsables.
Es importante resaltar que en octubre de 2024 el exalcalde y su núcleo familiar fue amenazada luego de que pusieran un artefacto explosivo en la casa de sus padres, el hecho actualmente sigue bajo investigación.
La Defensoría del Pueblo advirtió sobre la sistematicidad de este acto, pues se enmarca en una serie de intimidaciones previas de las cuales el político venía siendo víctimas:
“Este hecho se suma a otros atentados, amenazas y agresiones que se han presentado en los últimos años contra personas vinculadas a la misma línea política del exalcalde.”
Según las más recientes declaraciones de Ramírez, el exalcalde hace parte de una organización política junto con el senador Duvalier Sánchez y el diputado Esteban Oliveros la cual se ha encargado de hacer un control político riguroso en el departamento y en el país.
Violencia Política en Colombia
En lo corrido del pasado calendario electoral –8 de marzo de 2025 a 15 de mayo de 2026-, el Valle del Cauca registró 12 hechos de violencia político electoral, asociados a 10 victimas únicas, las cuales – en su mayoría- ejercían liderazgos políticos locales, y por consiguiente se configuran como uno de los actores más vulnerables del sistema político electoral en términos de seguridad.
De manera que, las 10 víctimas, 3 eran concejales, 3 eran alcaldes, 1 diputado, 1 gobernador, 1 periodista y 1 exmiembro de cargo de elección popular. Lo anterior coloca sobre la mesa las insuficientes condiciones de seguridad, especialmente para aquellas personas que asumen roles político-electorales en contextos territoriales. Cabe mencionar que, de la totalidad de hechos presentados, 7 corresponden a amenazas, 2 a homicidios, y 3 a atentados.
Los datos recopilados por la Fundación Paz y Reconciliación – Pares, reflejan que la situación de violencia político electoral en el Valle del Cauca ha sido una constante a lo largo del tiempo, y las garantías político-electorales quedan en entredicho. De hecho, en lo corrido del calendario electoral, el Valle del Cauca fue el 4 departamento con mayor número de hechos presentados, seguido de Cauca (23), Tolima (18), y Antioquia (15).
Desde Pares instamos -una vez más- a reforzar las garantías de seguridad para los liderazgos políticos más vulnerables del sistema político y electoral colombiano, pues son precisamente estos los actores más victimizados. Bajo ningún motivo las diferencias políticas deben ser causal para acabar con la vida del contrario. Por último, es urgente implementar medidas de protección inmediatas y eficaces para aquellas personas que ejercen roles políticos y que han sido objeto de amenazas, especialmente ad portas del inicio del calendario electoral de cara a los comicios regionales de 2027.
