En septiembre del año pasado, el Gobierno Nacional anunció la intervención de Air-e con el propósito de estabilizar la situación financiera de la empresa. Según comunicado de prensa de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, durante el periodo de intervención el valor del kilovatio hora pasó de $1.072 en agosto de 2024 a $796 en septiembre de 2025.
Este ajuste representa un alivio directo para los 1,3 millones de usuarios en los departamentos del Atlántico, Magdalena y La Guajira, pues equivale a una reducción del 25% en la facturación que debieron pagar en octubre de 2025, como lo evidencia la siguiente gráfica:
De acuerdo con el superintendente de Servicios Públicos, se trata de un hecho histórico en el país y de un logro significativo del Gobierno en materia de prestación de los servicios públicos. Los usuarios no solo reciben ahora continuidad, eficiencia y calidad, sino también precios más justos.
Actualmente, los usuarios de Air-e pagan la tercera tarifa más baja del país, $106 pesos por debajo del promedio nacional de $902/kWh registrado en septiembre de 2025. Esto constituye un hito para la región Caribe, históricamente golpeada por el alto costo de la energía:
Estas cifras representan esperanza para miles de familias de los estratos 1, 2 y 3, quienes durante años sufrieron tarifas desproporcionadas y hoy, con este alivio, pueden respirar tranquilos y dejar atrás la expresión cotidiana de “Air-e me va a matar con las tarifas”.
A un año de la intervención, los resultados muestran que las decisiones del Gobierno han tenido un impacto directo y tangible en la vida de los usuarios del Caribe colombiano. La reducción de tarifas no solo significa un respiro en la economía de los hogares más vulnerables, sino que también marca un precedente en la gestión de los servicios públicos: la eficiencia empresarial puede y debe estar acompañada de justicia tarifaria.
Sin embargo, el reto hacia adelante es garantizar que estos logros sean sostenibles en el tiempo, evitando que las viejas prácticas de ineficiencia o desajustes financieros vuelvan a trasladarse a los usuarios. Para ello será clave mantener la vigilancia institucional, consolidar mecanismos de participación ciudadana y asegurar que la calidad del servicio esté en armonía con la equidad social.
En suma, la intervención de Air-e no solo corrigió un problema financiero y tarifario, sino que abrió la posibilidad de pensar el servicio público de energía como un derecho, en el que la dignidad de las comunidades del Caribe colombiano sea el eje de las decisiones.
Referencias:
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios [@Superservicios]. (2025, septiembre). Comunicado sobre la intervención de Air-e y la reducción tarifaria [Publicación en X]. X. https://x.com/Superservicios/status/1975160178195476890/photo/1
