Tres claves para entender la crisis de seguridad en la Bogotá de Galán

En la noche del viernes 23 de enero, fue activado un artefacto explosivo en el barrio Santa Fe, en el centro de Bogotá. Días atrás, la ciudad se conmocionó por el asesinato del profesor de la Universidad Externado Neill Cubides, quien presuntamente habría sido víctima de un “paseo millonario”. Estos hechos se suman a múltiples noticias criminales y a testimonios de personas que afirman haber sido víctimas de algún delito en el último año.

¿Qué nos dicen estos hechos sobre la situación actual de seguridad en la ciudad? ¿Perdió las riendas de la seguridad la Alcaldía de Galán? A continuación, tres claves para entender el momento actual:

Sofisticación del crimen organizado en Bogotá

El primer elemento es la proliferación y articulación de organizaciones criminales que operan en la ciudad. Al menos desde 2019, Bogotá ha experimentado una convergencia entre estructuras locales de delincuencia organizada, grupos armados organizados de alcance nacional —como el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC)— y organizaciones de crimen transnacional, como el Tren de Aragua (Defensoría del Pueblo, AT 023-19; AT 046-19; AT 022-20).

Lo más grave no es la presencia simultánea de estos actores, sino la forma en que se han articulado mediante alianzas, subordinaciones y esquemas de tercerización criminal, en los que estructuras locales ejecutan los delitos más visibles mientras los niveles superiores reducen su exposición frente a las autoridades (Defensoría del Pueblo, AT 004-24). Esta articulación ha favorecido la comisión de delitos de alto impacto social como los homicidios o las extorsiones, así como de acciones criminales de alta afectación —como por ejemplo, la mencionada explosión de la granada que tuvo lugar en el centro de Bogotá el pasado viernes—.

En consecuencia, la criminalidad en Bogotá ya no responde únicamente a lógicas de delincuencia común, sino a estructuras con un nivel de sofisticación y organización mayor que les permite adaptarse a las acciones policiales y judiciales. En este contexto, los delitos de alto impacto no son hechos aislados, sino expresiones de un entramado criminal de mayor complejidad y por tanto, las estrategias para prevenirlos, mitigarlos y atenderlos, deberían estar dirigidas bajo esta lógica.

De igual manera, se ha venido advirtiendo la consolidación de santuarios criminales con mecanismos incipientes de gobernanza criminal, caracterizados por el control de la vida cotidiana de las comunidades (Defensoría del Pueblo, 2024, AT 004-24, p. 8).

Estos santuarios se concentran inicialmente en localidades como Los Mártires, Santa Fe, La Candelaria y Puente Aranda, pero muestran signos de expansión hacia zonas conurbadas como Chapinero, Teusaquillo, Barrios Unidos, Antonio Nariño y Tunjuelito. En algunos barrios de estas localidades, organizaciones criminales han llegado a regular horarios, imponer normas de convivencia, administrar conflictos y cobrar tributos ilegales, bajo la promesa de garantizar “seguridad”.

Estas formas de control no requieren altos niveles de violencia de manera permanente. Por el contrario, combinan episodios de violencia simbólica, como homicidios ejemplarizantes o atentados como el del pasado viernes, con periodos de bajo ruido y alto control social.

Un ambiente propicio para el crecimiento de la criminalidad

Es importante destacar que en la ciudad se ha venido generando un ambiente que favorece el crecimiento de criminalidad en distintos niveles. Como se reseñó en el punto anterior, la criminalidad organizada ha venido sofisticando sus métodos y articulando sus redes en la ciudad. Este escenario, a su vez, termina facilitando la comisión de otros delitos que podrían analizarse de manera aislada.

Fenómenos criminales multicausales se ven favorecidos por un entorno que ensambla cada vez con más éxito la ejecución de diferentes delitos y el desarrollo de economías ilícitas desde el nivel más bajo. En este sentido, delitos como los secuestros extorsivos —comúnmente conocido como ´paseo millonario’— se vienen consolidando como una modalidad criminal más rentable y menos riesgosa, favorecidas por la consolidación de emporios criminales.

Es decir, si bien este tipo de delitos pueden estar atravesados por factores como el desempleo, la desigualdad económica, la migración, la falta de oportunidades, entre otros, la creciente organización del crimen en la ciudad facilita la comisión de los delitos como el paseo millonario y el hurto en sus diferentes modalidades.

A esto se suma que, si no se controlan o mitigan los riesgos en los entornos que facilitan la oportunidad de la comisión de delitos —como los contextos de rumba, movilidad en horarios nocturnos, vulnerabilidad, entre otros, para los casos de secuestros extorsivos; o baja iluminación, ambientes cerrados y poco vigilados, en el caso de hurtos—, la ocurrencia de estos delitos no solo tiende a aumentar, sino que también se facilita la constitución de nodos criminales en torno a ellos.

De acuerdo con los datos del SIEDCO de la Policía Nacional, delitos como las lesiones personales (+10,2 %), violencia intrafamiliar (+11,5 %) y especialmente, el secuestro, (207,7 %) —este último es particularmente relevante porque incluye modalidades como el “paseo millonario” — presentaron incrementos durante 2025.

Sin embargo, se evidencia una reducción de delitos como la extorsión (-20,30%) y el hurto a personas (-5,4%). No obstante, la Defensoría del Pueblo ha advertido que, pese a los resultados operacionales reportados por las autoridades, hasta el momento, no se logran desactivar los factores de amenaza y las reducciones observadas en los delitos de mayor impacto no corresponden a transformaciones estructurales del fenómeno criminal en Bogotá (Defensoría del Pueblo IS 003 de 2025).

Los homicidios también tuvieron una leve reducción (-3,4%), sin embargo, para la meta propuesta por el Plan Distrital de Desarrollo de llegar a una tasa de 8 homicidios por cada cien mil habitantes (tpcmh) en 2027, la cifra continúa siendo muy elevada (en 2025 la tasa figuró en 14,7).

La gestión ineficaz de la Alcaldía de Galán

Si a los factores mencionados se le suma una Alcaldía incapaz e ineficiente por atacar las causas de los fenómenos, el escenario tiende a agravarse. La gestión de la seguridad por parte de la Alcaldía de Carlos Fernando Galán no ha logrado desactivar los factores de riesgo ni disuadir de manera efectiva el accionar de las estructuras criminales. Por el contrario, su administración se ha caracterizado más por exhibir mediática y socialmenente acciones operacionales en contra de organizaciones delincuenciales, que por una estrategia capaz de incidir en las causas profundas de la criminalidad en Bogotá.

Como concluye un informe de la organización Temblores ONG (2025), los resultados en la disminución de los delitos en Bogotá siguen siendo limitados, en la medida en que la política de seguridad carece de estrategias sustantivas que permitan enfrentar el problema de forma integral, poniendo el foco en los actores, las dinámicas y los puntos clave de las redes criminales que sostienen y reproducen las economías ilegales.

La seguridad ciudadana promovida por la Alcaldía, por el contrario, ha privilegiado medidas como la dotación tecnológica, los patrullajes aéreos y el despliegue intensivo de vigilancia, presentadas como soluciones inmediatas. Sin embargo, no es claro la forma en la que estas acciones se articulan con el carácter preventivo que la propia administración enuncia reiteradamente en el Plan Integral de Seguridad, Convivencia y Justicia (PISCCJ) (Temblores, 2025).

En este sentido, la brecha entre el discurso preventivo y la práctica operativa revela una política más reactiva y mediática que estructural. Más grave aun cuando la reacción de la Alcaldía consiste en ‘megatomas’, ‘capturas’ e intervenciones esporádicas que lo que terminar generando es atizando la violencia y provocando la victimización de personas ajenas a las estructuras criminales (como lo advertimos en pasadas publicaciones).

El citado informe menciona que, entre el 5 de marzo y el 10 de abril de 2024, la policía realizó 29 sobrevuelos con helicópteros, que sumaron más de 80 horas de vuelo y representaron un costo cercano a 733 millones de pesos. A ello se suma el uso de 12 drones, cuyo funcionamiento y mantenimiento implican un gasto aproximado de 36 millones de pesos por hora cuando operan de manera simultánea. Aún más teniendo en cuenta que las zonas de mayor patrullaje se concentraron en Chapinero  y Usaquén, localidades que no coinciden con los focos de violencia y criminalidad de la ciudad (Temblores, 2025).

Lo anterior plantea interrogantes sobre la eficiencia, sostenibilidad y racionalidad del gasto público, especialmente cuando no existe evidencia clara sobre los impactos a largo plazo sobre las dinámicas de redes criminales.

La situación actual de la seguridad en Bogotá no solo pone en evidencia la complejidad del fenómeno criminal, sino también el grado de responsabilidad que recae sobre la administración distrital. Al privilegiar medidas cosméticas, costosas, de corto plazo y con un impacto más simbólico que estructural, la Alcaldía ha limitado su capacidad para incidir de manera efectiva sobre las redes, economías y dinámicas criminales que hoy sostienen la inseguridad en la ciudad.

2026 seguirá siendo un año de deterioro para la seguridad en Bogotá, mientras la Alcaldía continúe priorizando el endurecimiento de medidas bajo una mirada tradicional de la seguridad. El uso intensivo de drones y helicópteros, el aumento constante de capturas y propuestas, como los “Guardianes del Orden”, apuntan, una vez más, a salidas rápidas y cosméticas frente a problemas estructurales.

Si no se produce un giro hacia el fortalecimiento de estrategias preventivas, el robustecimiento de la investigación criminal, ataques certeros a nodos financieros del delito, la recuperación del control institucional de los territorios y la reconstrucción de la confianza con las comunidades, Bogotá podría entrar en un ciclo de normalización del miedo y del control criminal. La pregunta de fondo no es si la ciudad necesita más vigilancia, sino si está dispuesta a apostar por soluciones de largo plazo que enfrenten las causas del problema y no solo sus manifestaciones más visibles.

Noticias al Minuto

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Nicolás León Rodríguez

Politólogo de la Universidad Nacional de Colombia con diplomado en Paz, Desarrollo Territorial y Democracia. Experiencia en investigaciones cualitativas en temas de Frontera y Participación Política. Interés en Seguridad Urbana y Conflicto Armado. Cursando especialización en Alta Gerencia de Seguridad y Defensa.