El 21 de agosto de 2025, luego de que las disidencias de Iván Mordisco —conocidas como Estado Mayor Central (EMC)— y el Clan del Golfo —autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC)— atacaran y asesinaran a varios agentes de la Policía Nacional y a un par de civiles en Cali, Valle del Cauca, y Amalfi, norte de Antioquia, el presidente Gustavo Petro le pidió al Estado colombiano y a la Comunidad Internacional que declaren a estas dos agrupaciones armados, junto a la Junta del Narcotráfico y la Segunda Marquetalia, como grupos terroristas.
Según el Gobierno, estas cuatro organizaciones armadas del conflicto colombiano están atacando a la población civil, y con ello causando pánico y terror. Estos grupos han diversificado su accionar armado en el último año, y ahora, además de combatir a la Fuerza Pública en emboscadas y con drones, están dirigiendo sus armas contra la población civil. Muestra de ello son los dos ciudadanos muertos en Cali el pasado 20 de agosto y los más de 40 heridos que ha dejado este episodio de terror.
De allí que el presidente le solicite a los Estados de todo el mundo incorporar en la lista de organizaciones terroristas a estas cuatro organizaciones armadas. Les pide que, a partir de este mes y luego del respectivo reconocimiento e inclusión, persigan a sus integrantes en cualquier lugar del planeta. Detención policial a la que debe seguirle la extradición a Colombia o, en el mejor de los casos, el juzgamiento por parte de la Corte Penal Internacional (CPI).
Llama la atención, en la declaración pública que hizo el presidente de la República en Valledupar, el 21 de agosto, que incluya a dos actores armados, a los que es difícil ubicar por parte de la opinión pública: primero, a la Junta del Narcotráfico, y segundo, a la Segunda Marquetalia, a quien no se le ha relacionado con los atentados recientes, pero a quien se le señala de ser la responsable del magnicidio del senador Miguel Uribe y, por tanto, aprovechó para su incorporación en la lista.
El presidente Petro es dueño de la tesis de que existe en el mundo una Junta del Narcotráfico, que es una superestructura criminal internacional, heredada del Bloque Central de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Organización jerárquica a la que está subordinada múltiples estructuras del narcotráfico a nivel planetario, entre las que se encuentran los grupos de Iván Mordisco y otras bandas criminales.
También es muy importante la alusión que hizo el presidente de la República al Estatuto de Roma. Según su argumentación, los dos hechos constituyen actos de terrorismo y de lesa humanidad, tanto para el país como para la humanidad en general. Según las palabras de Petro, los hombres y mujeres que constituyen estas organizaciones criminales han “cometido delitos contra la humanidad”; por tanto, debe iniciarse un proceso ante la CPI, para adelantar investigaciones que permitan castigar estos hechos de terror.
Advirtió que será la Agencia Jurídica de Defensa del Estado colombiano la que le solicitará a la CPI que estudie el comportamiento de los grupos y hechos de terror que han cometido, tanto en este gobierno como en los anteriores. Es decir, pide que se investigue el pasado de estas cuatro organizaciones armadas ilegales. Lo que llevará a investigar su trasegar delictivo y el consecuente señalamiento y juzgamiento.
Está afirmación pública del presidente Petro tiene y tendrá consecuencias, por un lado, para las organizaciones armadas que entran en la lista; y, por el otro, en la solución por vía negociada del conflicto armado. En primer lugar el hecho de declarar internamente al Clan del Golfo, a las disidencias de Iván Mordisco y a la Segunda Marquetalia de Iván Marques le permite al Estado colombiano actuar con mayor decisión, fuerza y contundencia. Por ejemplo, le permitirá, como ocurrió este fin de semana, ordenar al Ejército Nacional bombardeos a estos grupos.
En segundo lugar, el hecho de que se cambie la condición de grupo armado ilegal por terrorista hará que las negociaciones de paz sean distintas. Si algo ha pasado en este gobierno es que se insista en que todos los actores armados organizados son distintos. A unos se les reconoce que están al Margen de la Ley (GAOML) por tener fines políticos —caso del ELN—; otros son grupos armados organizados (GAO) —como el Clan del Golfo—; y, finalmente, están las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto (EAOCAI) —como La Oficina—.
Está diferenciación le ha permitido al Estado que se propongan también tratos diferenciados. Según el Proyecto de Ley 002 de 2025 los grupos armados organizados, según su naturaleza, tendrán un tratamiento penal diferenciado, con penas alternativas privativas de libertad o con restricciones de la misma. Penas que irán entre 2 y 8 años, y con reclusión en espacios especialmente acondicionados para la construcción de paz y transformación territorial. Además con posibilidades de conservar hasta el 12% de los bienes entregados a título individual.
Ahora, con la decisión de incluir tanto al Estado Mayor Central (EMC) y la Segunda Marquetalia como al Ejército Gaitanista de Colombia (AGC) tanto las negociaciones de paz como el eventual sometimiento a la justicia cambiará. Este remezón clasificatorio provocará que la eventual instalación de una mesa de diálogo en Catar con la AGC, luego de los acercamientos que se están dando hoy, puedan coger otro rumbo, al igual que las implicancias en justicia transicional.
Lo mismo pasará con la eventual negociación con el Estado Mayor Central (EMC) y la Segunda Marquetalia, a quien venía considerándose como unos grupos armados al margen de la ley, con tinte político, y cuyo tratamiento es más ventajoso que con los otros grupos, pues se habla de negociación y no de sometimiento a la justicia. Situación que cambiaría definitivamente con la inclusión como grupos terroristas.
En definitiva, los actos cometidos por estos grupos armados tienen consecuencias para todos. La más visible es la declaratoria de terroristas, que implica un accionar de la Fuerza Pública más decidida, además enfrentar la persecución internacional y la posibilidad de un juzgamiento de parte de la Corte Penal Internacional. Pero también, unos efectos en materia de construcción de paz: la declaratoria de terroristas pone en riesgo la salida negociada, al aumentar el riesgo para los negociadores de paz y las consecuencias jurídicas que tiene en el posconflicto.
Finalmente, otro efecto negativo es el aprovechamiento que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puede realizar en momentos como estos, donde está en aguas internacionales, frente a la costa venezolana. La autorización al Pentágono y al Ejército de Estados Unidos de desplegar operaciones militares directas contra carteles de la droga extranjeros y que figuren en la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras, como lo están las disidencias de las FARC de Iván Mordisco, la Segunda Marquetalia de Iván Márquez y el Clan del Golfo, podría ser aprovechadas para poner en la mira nuestro país.
* Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia.
** Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.
