La figura del líder comunal en el Catatumbo atraviesa una de sus crisis más profundas en años recientes. Lo que históricamente es un rol social para organizar la vida cotidiana, promover obras comunitarias y servir como puente entre el Estado y los territorios, hoy se convierte en una actividad marcada por amenazas, desplazamientos, silencios obligados y riesgos mortales.
“Entre 10 y 15 Juntas de Acción Comunal (JAC) en Tibú y El Tarra permanecen sin representación debido a que sus presidentes se encuentran amenazados, desplazados o simplemente nadie quiere asumir el cargo en medio de la crisis humanitaria”, es la advertencia que envían desde el Catatumbo líderes comunales y organizaciones sociales. La ausencia de liderazgo comunitario no solo fractura el tejido social, sino que deja a miles de familias sin un canal formal para exigir derechos, gestionar proyectos o enfrentar la presencia creciente de actores armados ilegales. La realidad del conflicto armado tiene una de las caras más crudas en Colombia: el Catatumbo está viviendo una nueva degradación del conflicto por la disputa entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 del Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF) de las disidencias de las FARC-EP. Las veredas Campo Seis, Bertrania (Tibú) Filo Gringo y Versalles (El Tarra), son algunos de los territorios neurálgicos de las confrontaciones que reflejan las condiciones del territorio: caminos abandonados, casas destruidas por drones con explosivos, escuelas cerradas y poblaciones confinadas. En medio de este escenario, el liderazgo comunal se convirtió en una actividad de altísimo riesgo.
“Son juntas donde nadie se atreve a asumir por miedo, por presión o porque ya no quedan liderazgos disponibles”, menciona Willinton Jaimes, presidente de la JAC de la vereda Morro Frío a Pares. Jaimes insiste en que, sin juntas activas, las comunidades quedan aún más desprotegidas ante los grupos armados, sin capacidad de denunciar violaciones, tramitar ayudas o coordinar acciones humanitarias. “Cuando no hay representación, la comunidad queda expuesta. Es como si le arrancaran la voz al territorio”, afirma.
A diez meses de iniciar las confrontaciones armadas en el Catatumbo, la presencia de veredas con áreas minadas, municiones sin explosionar y pasos comunitarios convertidos en corredores de muerte son muestra de las consecuencias que deja a su paso. A este escenario se suma la movilidad restringida por retenes ilegales de los grupos armados ilegales en confrontación, donde guerrilleros armados controlan quién entra, quién sale y en qué condiciones. “El control es tan fuerte que la comunidad ha tenido que aprender a vivir con límites invisibles: horarios, caminos vetados, prohibiciones sobre quién entra o quién sale, incluso hasta el mercado que llevamos para nuestras familias es revisado”, relata Ciro Rodríguez, presidente de la JAC de Campo Seis a Pares.
Para Rodríguez, el riesgo del liderazgo es tan alto con estas condiciones, que la idea misma de postularse a una junta genera temor inmediato. “Uno queda expuesto. Cualquier actor armado puede decir que usted colabora con el otro grupo, y ahí empieza el riesgo. Nadie quiere asumir porque nadie quiere morir”, afirma. Su testimonio es la representación de un fenómeno que se extiende por todo el Catatumbo: un territorio donde ser líder comunal es estar en la línea de fuego de los actores armados, sin garantías y sin respaldo suficiente del Estado.
Este panorama ocurre justo cuando se aproximan elecciones de Juntas de Acción Comunal y las votaciones a las curules de paz. En el Catatumbo, el riesgo electoral no es un asunto retórico: es una alarma real. La ausencia de líderes, el control armado sobre los caminos, la intimidación y el miedo generalizado ponen en duda la posibilidad de un ejercicio democrático libre. Organizaciones humanitarias advierten que los grupos armados podrían ocupar los espacios vacíos de las juntas para orientar decisiones comunitarias a favor de sus intereses, instrumentalizando a la población y profundizando la crisis humanitaria.
Ahora, la falta de candidatos, especialmente para las Juntas de Acción Comunal (JAC), genera un vacío organizativo que deja a las comunidades sin mecanismos básicos de articulación y decisión colectiva. Las JAC, que históricamente son el primer eslabón de participación ciudadana en las veredas y corregimientos, quedan debilitadas y sin capacidad de gestionar proyectos, canalizar ayudas o representar a la población ante las instituciones. Cuando las juntas quedan sin representación, se rompe la estructura mínima que sostiene la vida comunitaria y se pierde la posibilidad de ejercer liderazgo local, dejando a los habitantes en un estado de mayor vulnerabilidad y desprotección.
En términos de representatividad, la ausencia de postulantes impacta directamente la voz política de los territorios rurales. Sin líderes que puedan actuar como puente entre el Estado y la comunidad, las necesidades urgentes (como vías, salud, educación, proyectos productivos o atención humanitaria) quedan sin voceros legítimos que puedan gestionarlas. Esto no solo limita la capacidad de exigir derechos, sino que permite que los actores armados definan quién habla por la comunidad y en qué condiciones, lo que distorsiona por completo el ejercicio democrático y somete a la población a dinámicas de control y silencio forzado.
Finalmente, el riesgo de que los grupos armados ocupen los espacios vacíos es una amenaza que podría reconfigurar la institucionalidad local desde adentro. Sin candidaturas libres, las JAC pueden convertirse en escenarios cooptados, donde las decisiones ya no se tomen pensando en las necesidades colectivas, sino en los intereses de los actores armados que buscan controlar territorios, economías y población. Esto profundizaría la crisis humanitaria, debilitaría aún más la confianza en las instituciones y perpetuaría la exclusión política de las comunidades rurales. En un contexto como el Catatumbo, donde la democracia ya está herida, perder estos espacios de participación sería un golpe devastador para la posibilidad de construir paz desde los territorios. Judith Maldonado, de la Corporación Poder, Democracia y Paz (Poderpaz) lo resume así: “Sin juntas fuertes, la democracia local queda coja. Y sin democracia comunal, la comunidad queda a la deriva”. La advertencia es contundente: si no existe representación comunitaria, cualquier intento de participación electoral se convierte en un trámite simbólico.
A pesar del escenario adverso, el liderazgo comunal sigue siendo un pilar esencial para sostener la vida en veredas y corregimientos. Sin embargo, es un pilar debilitado por la violencia, las amenazas y el desplazamiento forzado. En un territorio donde la democracia local agoniza, la falta de garantías para las elecciones de Juntas de Acción Comunal y las próximas votaciones de las Curules de Paz coloca a las comunidades en un riesgo aún mayor. Sin protección para los líderes y sin control estatal del territorio, estos ejercicios democráticos corren el riesgo de convertirse en escenarios simbólicos, vulnerables a la cooptación de grupos armados ilegales que buscan legitimar su influencia. El temor de postularse, participar o incluso votar no solo erosiona la participación ciudadana; también abre la puerta para que la representación comunitaria termine en manos de quienes imponen la violencia como mecanismo de control.
En el Catatumbo, las voces de Ciro Rodríguez y Willinton Jaimes se suman a la crudeza que se vive en medio de la situación humanitaria y que permite que el silencio llegue a las voces comunales; la ausencia de una presencia estatal continua y efectiva no solo deja vacíos institucionales, también abre la puerta para que los grupos armados ilegales impongan un orden paralelo que regula cada aspecto de la vida comunitaria. En amplias zonas rurales, estas estructuras ilegales no solo controlan la movilidad y definen qué caminos se pueden usar o a qué horas; también establecen normas de comportamiento, autorizan o vetan actividades comunitarias e incluso determinan quién puede asumir un liderazgo dentro de una Junta de Acción Comunal. Esta sustitución informal del Estado se convierte en un mecanismo de dominación que profundiza el miedo, restringe derechos y desarticula el tejido social.
La urgencia de activar rutas de protección y garantizar presencia institucional no es un llamado retórico, sino una condición mínima para evitar que el confinamiento, la desconfianza y la violencia sigan consumiendo a las comunidades que esperan porque las condiciones de seguridad mejoren para quienes defienden la vida comunal. De acuerdo con el Observatorio para la Defensa de la Vida (Odevida) de la Fundación Pares, en Colombia entre enero de 2018 y octubre de 2025 fueron asesinados 370 líderes comunales, 34 de estos casos se presentaron en Norte de Santander. Frente a esta realidad, sin medidas inmediatas y sostenidas, el Catatumbo corre el riesgo de perder a quienes sostienen la vida colectiva desde sus territorios. La protección de los líderes comunales no puede seguir siendo una respuesta tardía: es el punto de partida para que las comunidades recuperen la confianza, la organización y la esperanza de futuro en medio de un conflicto que no da tregua.
Así, en un territorio marcado por campos minados, drones con explosivos y retenes ilegales, la vida cotidiana se convierte en un riesgo permanente: ir a la escuela, cultivar, recoger agua o incluso participar en una asamblea veredal puede desencadenar una tragedia. Por eso, acelerar los procesos de desminado humanitario y restablecer servicios básicos es una necesidad inmediata para recuperar espacios seguros y garantizar la permanencia de las familias en sus territorios.
En el Catatumbo queda claro que los líderes comunales no resisten solo por compromiso, sino por dignidad, por la defensa de la vida colectiva y por la necesidad de que sus comunidades no desaparezcan bajo el silencio. Pero su resistencia no puede seguir siendo el único sostén del territorio. Proteger la vida de quienes lideran y restablecer la institucionalidad no puede ser una promesa aplazada. En este momento crítico, el Estado tiene la responsabilidad urgente e ineludible de impedir que la guerra termine por sustituir las voces de las comunidades y que el miedo reemplace definitivamente a la organización social que durante décadas ha sostenido al Catatumbo.
Referencias bibliográficas
- Jaimes, W. (2025, noviembre). Entrevista al presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Morro Frío, Tibú, Norte de Santander.
- Rodríguez, C. (2025, noviembre). Entrevista al presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Campo Seis, Tibú, Norte de Santander.
- Comisión Humanitaria Cúcuta, Tibú y El Tarra. (2025, noviembre). Rueda de prensa.
- Maldonado, J. (2025, noviembre). Entrevista de la Corporación Poder, Democracia y Paz (Poderpaz).
- Fundación Paz y Reconciliación – Pares. Observatorio para la Defensa de la Vida (Odevida). (2025, noviembre).
