Se acaba la Paz Total: estas son las nuevas implicaciones del discurso de seguridad del nuevo gobierno

El pasado 26 de agosto se presentó la instalación de la nueva cúpula militar y policial a cargo del presidente Abelardo de la Espriella. En la presentación, además de realizarse todo el evento protocolario, se dio una nueva orientación en materia de seguridad, la cual podría ser la antesala a lo que se proyecta como la nueva política de seguridad. Bajo esta orientación no solo de definió a los grupos armados como “terroristas”, sino que se puso sobre la mesa la necesidad del gobierno nacional de privilegiar la persecución militar, las capturas, las bajas y las extradiciones como indicadores de eficiencia. Así, bajo este escenario, el presidente anunció que la paz no sería aquella que “se negocia con los bandidos arrodillando al Estado”, sino la que se impone “con la fuerza de las armas y las leyes de la República”.

El mensaje no debería sorprender porque realmente es una idea que ya había posicionado desde su campaña política, y es normal que, con el cambio de gobierno, se presenten relevos en los mandos militares. Lo que realmente resulta preocupante en el marco de la transmisión de mando es que el Gobierno anunciara que nadie estaría autorizado a establecer comunicación con grupos armados, lo que supondría una redefinición del lugar que ocupan acciones como la interlocución, la negociación y la mediación humanitaria dentro de la respuesta estatal al conflicto armado.

En este sentido, pareciese que la afirmación confunde dos asuntos totalmente diferentes: por un lado, la decisión estatal de no adelantar negociaciones políticas y, por el otro, la necesidad ineludible de mantener canales humanitarios para proteger a la población civil. Aunque un Gobierno puede decidir no negociar políticamente con una organización armada, no puede pretender que toda comunicación con actores armados sea equiparable a colaboración criminal, legitimación política o traición al Estado.

En un país como Colombia, atravesado por el confinamiento de comunidades, el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, las amenazas contra liderazgos sociales, la presencia de minas, los secuestros, las desapariciones y el desplazamiento forzado, la interlocución humanitaria no constituye una concesión política, sino un mecanismo mínimo, si no el principal, para reducir el daño de la guerra. Como bien lo menciona Leonardo González, director de Indepaz, en su cuenta de X, hablar con los grupos armados no necesariamente significa negociar con ellos. En muchas regiones del país, hablar es la única vía disponible para impedir una muerte, recuperar un cuerpo, evacuar a una persona herida, lograr la liberación de una persona secuestrada o permitir el ingreso de alimentos y medicamentos a comunidades sometidas a confinamiento.

Ahora, es importante resaltar que la interlocución con grupos armados en estos contextos suele ser ejercida no solo por funcionarios públicos, sino también por autoridades indígenas y afrodescendientes, juntas de acción comunal, liderazgos campesinos, organizaciones sociales, iglesias, misiones humanitarias, organismos internacionales y defensores de derechos humanos. Muchas veces son las propias comunidades quienes deben hablar con los actores armados que controlan su territorio, porque son ellas quienes enfrentan de manera cotidiana los retenes, las amenazas, las restricciones de movilidad y las órdenes impuestas por estructuras ilegales.

El discurso de la fuerza

La narrativa utilizada durante la instalación de la cúpula militar indica que el Gobierno busca reemplazar la lógica de la negociación por una estrategia de ofensiva sostenida. El presidente afirmó que la nueva cúpula tendría la misión de “ganarle” la guerra al crimen y al “narcoterrorismo”; anunció que no habría tregua ni un solo minuto sin persecución, y sostuvo que no habría un metro del territorio nacional que no fuera patrullado por la fuerza pública.

La administración también insistió en que los grupos armados no deben ser nombrados como disidencias, organizaciones subversivas o actores alzados en armas, sino como terroristas sin legitimidad política. Este cambio de lenguaje no es menor. Nombrar a todos los actores armados exclusivamente como “terroristas” puede servir para justificar una política de confrontación, pero también puede reducir el espacio para reconocer la complejidad territorial del conflicto.

En regiones como el Guaviare, el Cauca, el Catatumbo, el sur de Bolívar, el nordeste antioqueño o el Pacífico, las comunidades no viven únicamente bajo la amenaza de estructuras armadas. También enfrentan ausencia institucional, pobreza, economías ilícitas, disputas por la tierra y barreras para acceder a salud, educación y vías. La fuerza militar, aunque puede contener temporalmente algunas estructuras, realizar capturas o incautar armamento, no resuelve por sí sola las causas que permiten el surgimiento, la fragmentación y el reemplazo de grupos armados.

Durante la transmisión, el Gobierno presentó las capturas como uno de los principales logros de su ofensiva. Durante la ceremonia informó que, desde el inicio de la administración, el 7 de agosto, más de 530 personas habían sido detenidas por distintos delitos y que 21 cabecillas de organizaciones armadas ilegales habrían muerto. Sin embargo, otros balances públicos difundidos durante esos mismos días elevaron la cifra de manera significativa: el 24 de agosto se reportaron 1.574 capturas y 10 extradiciones desde el inicio del Gobierno; el 26 de agosto se divulgó un acumulado de 8.424 capturas, junto con 21 cabecillas dados de baja y más de 31 toneladas de estupefacientes incautados.

La divergencia entre estas cifras exige una revisión, pues al parecer estamos ante la filtración de información presuntamente incorrecta que no presenta ningún tipo de verificación y ante medios que tampoco tienen interés en contrastarla. En estas condiciones, no es posible determinar con precisión cuál es el universo estadístico que utiliza el Gobierno. No está claro si se trata de capturas judiciales, detenciones en flagrancia, aprehensiones administrativas, registros acumulados de Policía y Fuerzas Militares, hechos asociados específicamente a grupos armados o procedimientos por todos los delitos ocurridos en el territorio nacional.

Tampoco se han divulgado, en los balances públicos identificados, los elementos requeridos para verificar el alcance de esos resultados, tales como el municipio y departamento donde ocurrieron las capturas, la entidad responsable del procedimiento, el delito atribuido, el grupo armado o estructura criminal presuntamente relacionado, la fecha de la captura y, especialmente, el estado jurídico posterior de las personas detenidas.

Por ello, el número de capturas no puede tratarse automáticamente como un indicador de debilitamiento de los grupos armados ni como prueba suficiente de recuperación de la seguridad. Una captura no equivale necesariamente a desarticulación criminal, reducción del control territorial, protección efectiva de una comunidad o garantía de no repetición. Menos aun cuando no existe información pública que permita distinguir entre personas vinculadas a organizaciones armadas, delitos comunes y otros tipos de procedimientos policiales.

Resultados militares y derechos humanos

Ahora, la preocupación aumenta cuando el énfasis del Gobierno en resultados operacionales se contrasta con denuncias de afectaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Así, la discusión no consiste en negar la obligación estatal de enfrentar a los grupos armados ni de proteger a la población frente a sus ataques, economías ilegales y mecanismos de control territorial. El problema aparece cuando el balance de seguridad se reduce a bajas, capturas, campamentos destruidos, armas incautadas y explosivos decomisados, sin que se otorgue igual importancia a las consecuencias de las operaciones sobre las comunidades civiles. Es por esto por lo que la seguridad no puede medirse exclusivamente por la capacidad de producir resultados militares, sino también por la capacidad estatal de prevenir daños, proteger a la población y garantizar investigaciones eficaces cuando existan denuncias de vulneraciones.

El caso más reciente es la Operación Amón, realizada en zona rural de El Retorno, Guaviare, en la que murieron diez personas. Medicina Legal identificó nueve cuerpos y confirmó que tres correspondían a menores de edad: dos adolescentes de 15 años y uno de 16 años. La respuesta oficial ha sido afirmar que los menores estaban vinculados a la estructura armada atacada y que cumplían una “función continua de combate”, mientras se atribuye la responsabilidad principal a los grupos armados por su reclutamiento y utilización.

El reclutamiento de niños, niñas y adolescentes constituye, sin duda, una grave violación de derechos humanos y una infracción al derecho internacional humanitario. Sin embargo, esa responsabilidad no elimina los deberes reforzados del Estado al planear y ejecutar una operación militar. La muerte de menores en un bombardeo exige que se esclarezca si se adoptaron todas las precauciones para evitar daños a población protegida, si existía información sobre la presencia de adolescentes en el lugar, si el ataque era necesario y proporcional, y si había alternativas operacionales menos lesivas.

Esta preocupación no se limita al Guaviare. Recordemos que, días después de la posesión del mandatario y en el marco del sismo que afectó especialmente a comunidades del suroccidente, se produjo la Operación Beta. El 10 de agosto de 2026, esta operación consistió en un bombardeo contra estructuras del ELN en zonas rurales de San Calixto, Tibú y El Tarra, en el Catatumbo. El Ministerio de Defensa afirmó que el operativo permitió dar de baja a dos presuntos integrantes del ELN, destruir búnkeres y áreas campamentarias e incautar aproximadamente 1,5 toneladas de explosivos y 440 granadas adaptadas para drones. Asimismo, sostuvo que la operación se realizó bajo los principios del derecho internacional humanitario y negó que hubiera afectaciones a la población civil. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo alertó sobre posibles impactos contra habitantes de la vereda El Sinaí, en San Calixto, y reportó preliminarmente que al menos tres campesinos, entre ellos una mujer de 44 años, habrían resultado heridos. La entidad también informó de desplazamientos hacia El Tarra y solicitó reforzar la aplicación de los principios de necesidad, precaución y proporcionalidad en la planeación y ejecución de operaciones militares.

Sumado a esto, comunidades de la vereda La Solita, en el municipio de Campamento, Antioquia, denuncian un operativo presuntamente irregular realizado este domingo 30 de agosto, hacia las 12:30 p. m., tras el aterrizaje de dos helicópteros de la Fuerza Aérea. De acuerdo con los testimonios, agentes de la Fiscalía habrían ingresado y registrado tres viviendas campesinas sin mostrar ninguna orden judicial. Por ello, la comunidad calificó el procedimiento como irregular y manifestó temor ante la posibilidad de falsos positivos judiciales o extralimitaciones de las autoridades.

Así, con este panorama, es claro el interés profundo del nuevo Gobierno en mostrar resultados. Sin embargo, estos resultados deben sistematizarse de manera rigurosa, más allá de mostrar un sinfín de registros que varían de acuerdo con el medio que los publique; pero, sobre todo, se deben obtener siguiendo los estándares nacionales e internacionales que aseguran que no se cometan violaciones de derechos humanos en las que, por lo general, queda expuesta la sociedad civil. La mano dura suele dar resultados inmediatos, pero esto no necesariamente se traduce en el desmantelamiento de estas estructuras. Es por esto que el país no puede olvidar lo que representó una política de seguridad democrática basada en resultados, que tuvo como desenlace la huella de los mal llamados «falsos positivos». Por ello, hoy es necesario preguntarnos: qué tipo de seguridad está construyendo el nuevo Gobierno y para quién: una que disminuya la violencia y proteja a quienes habitan los territorios, o una que vuelva a medir el éxito por la contundencia de la fuerza mientras deja en segundo plano los costos humanos de la guerra.