La tasa de homicidios se ha convertido en Colombia en el indicador estrella para evaluar la violencia urbana. Cuando aumenta, se anuncia una crisis de seguridad; cuando disminuye, se presenta a las ciudades como más seguras. Este protagonismo suele relegar otras expresiones de violencia, como extorsiones, amenazas y desplazamientos. La reducción reciente en Medellín invita a examinar qué explica este comportamiento y qué permite conocer sobre la violencia en la ciudad.
Como muestra la gráfica 1, la tasa de homicidios en Medellín registra una disminución general entre 2016 y 2025, aunque su trayectoria incluye aumentos y periodos de relativa estabilidad. Pasó de 21,47 por cada cien mil habitantes en 2016 a 25,83 en 2018; descendió a 14,53 en 2020 y llegó a 11,52 en 2024, antes de repuntar a 12,68 en 2025. El descenso, por tanto, presenta variaciones que requieren explicación.
Gráfica 1. Tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes en Medellín entre 2016 y 2025
En 2026, los registros muestran una nueva reducción. Según el balance divulgado por la Alcaldía el primero de octubre, septiembre cerró con cinco homicidios, frente a 24 en el mismo mes de 2025: una caída del 79 %. Entre enero y septiembre se registraron 183 casos, frente a 249 durante igual periodo anterior. Estas 66 víctimas menos merecen reconocimiento y plantean una pregunta: ¿qué explica este descenso y cómo sostenerlo?
La reducción de los homicidios admite varias explicaciones. Aquí examinaremos tres: la acción de las autoridades locales; los diálogos sociojurídicos de la política de Paz Total; y la capacidad de las organizaciones criminales para regular el orden barrial y proteger sus rentas. Estas interpretaciones pueden complementarse con otras, como los efectos acumulados del fortalecimiento institucional, los programas sociales y las oportunidades de integración urbana señalados por Santiago Tobón, investigador de EAFIT.
La primera explicación proviene de la Alcaldía, que atribuye la reducción a la coordinación entre autoridades, la vigilancia tecnológica y la capacidad de investigar y judicializar a los responsables. Su argumento se apoya en la disuasión: aumentar el riesgo de captura y sanción eleva el costo de cometer un asesinato. Desde esta perspectiva, la contención de los homicidios expresa una mayor capacidad estatal para perseguir el delito y proteger la vida.
Esta explicación requiere distinguir los resultados de la administración actual de los procesos que la anteceden. Como muestro en la gráfica 1, la disminución general comprende gobiernos diferentes, aunque presenta repuntes y cambios de intensidad. La trayectoria limita la atribución exclusiva del descenso a una alcaldía. Si la reducción atraviesa administraciones con políticas distintas, cabe preguntarse qué sostiene ese comportamiento y cuánto depende de las decisiones de las propias organizaciones criminales.
La segunda explicación proviene de quienes impulsaron los diálogos sociojurídicos de la Paz Total. Jorge Mejía destaca los compromisos de las estructuras para cesar hostilidades y reducir la criminalidad. La senadora Isabel Cristina Zuleta atribuye al espacio la contención de confrontaciones y el descenso de homicidios. Desde esta perspectiva, la interlocución permite incidir sobre los mandos criminales para que tramiten sus disputas sin desencadenar nuevas guerras en los barrios.
Sin embargo, reconocer estos esfuerzos exige distinguir los compromisos de sus resultados. En el artículo que publiqué con Fredy Chaverra en Sociedad y Economía mostramos avances y dificultades de seguimiento: hubo un primer informe sobre el piloto de no extorsión, pero faltaba otro que esclareciera sus resultados posteriores. Esa limitación obliga a preguntar cuánto explica el diálogo la reducción y cuánto responde a decisiones propias de las organizaciones criminales.
La tercera explicación se encuentra en la investigación de Christopher Blattman, Gustavo Duncan, Benjamin Lessing y Santiago Tobón sobre gobernanza criminal en Medellín. Mantener los barrios tranquilos les permite reducir la exposición a las autoridades y cuidar sus negocios. Desde esta lectura, la caída de los homicidios puede responder al interés de quienes tienen capacidad para contener las confrontaciones.
Esta explicación se acerca a lo que encontramos hace una década en el libro Economía, rentas criminales y políticas públicas en Medellín, publicado en 2016, del que fui investigador y coeditor Allí mostramos la relación entre el dominio territorial y la obtención de ingresos criminales. A mi juicio, esta relación ayuda a entender la caída: cuando las organizaciones pueden conservar sus negocios sin enfrentarse, tienen razones para contener los asesinatos y sostener ese orden.
La reducción puede expresar, entonces, una forma de ejercer el poder criminal. Las organizaciones pueden recurrir a amenazas, cobros extorsivos y reglas impuestas para mantener la obediencia, sin asesinar constantemente. Por eso, un barrio con pocos homicidios puede seguir sometido a quienes deciden sobre sus actividades económicas y su vida cotidiana. Celebrar las vidas preservadas exige también preguntar cuánto ha cambiado la libertad de quienes habitan estos territorios bajo ese dominio.
Hay que reconocer que las organizaciones criminales tienen capacidad para reducir los homicidios cuando esto favorece sus negocios. De allí que sea necesario acompañar las cifras con lo que ocurre en materia de extorsiones, amenazas y restricciones a la vida cotidiana. La situación resulta preocupante para Medellín: mientras estos grupos conserven el control de los territorios, la seguridad seguirá dependiendo de sus intereses y de las decisiones que tomen sobre sus habitantes.
* Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia.
** Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.
