Por: Juan Manuel Rueda Castaño, Editor
El pasado 12 de julio se conoció una sentencia, proferida por el juzgado cuarto penal del circuito especializado de Bogotá, que afirma que las disidencias de las FARC (línea “Gentil Duarte”, actualmente Estado Mayor Central o EMC) estuvieron detrás de las manifestaciones de noviembre de 2019 en Bogotá. Con base en la sentencia, los medios de comunicación titularon “Disidencias Farc estuvieron detrás de los desórdenes del 21 N de 2019”, “Fallo judicial establece que disidencias de Farc y Eln estuvieron detrás de disturbios de 2019” o “Disidencias de las Farc estuvieron detrás del los desórdenes durante el estallido social del 2019, asegura la Fiscalía”. Inmediatamente los representantes de la derecha colombiana salieron a declarar que esto demostraba que las protestas de 2019 no fueron un estallido social, sino una toma guerrillera, o que el grupo armado habría financiado desmanes y actos vandálicos en la ciudad.
Sorprendentes titulares y afirmaciones si tenemos en cuenta que, leyendo al detalle la sentencia, los condenados que demostrarían la supuesta infiltración de las disidencias de las FARC en las protestas de 2019 —que, recordemos, se originaron por la indignación ciudadana frente a la ineptitud y cinismo del gobierno Duque, que por esa época bombardeaba niños y asesinaba testigos clave del caso de megacorrupción de Odebrecht— son solo cuatro personas: Wilson Reinel Moreno, supuesto jefe del “Frente Segundo Manuel Marulanda Vélez” de las disidencias de las FARC, un grupo del que la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) no tiene ningún conocimiento en su juicioso mapeo de actores armados; Justo Ernesto Villarraga, un adulto mayor de 74 años, paciente de cáncer, líder social y exmilitante de Colombia Humana; Erika Lorena Flórez, joven investigadora social candidata a magister en investigación social interdisciplinaria de la Universidad Distrital; y Greissy Perilla, joven docente y también investigadora en temas de derechos humanos, quien trabajaba con campesinos y víctimas del conflicto armado.
Así, un supuesto cabecilla de un bloque de las disidencias de las FARC que no existe, un adulto mayor de 74 años enfermo de cáncer, y dos mujeres jóvenes dedicadas a la investigación y el trabajo social, habrían, según la Fiscalía General de la Nación del desmeritado Francisco Barbosa, infiltrado una de las protestas sociales más duras y sentidas del país de las últimas décadas. Protesta que rápidamente se tornó violenta, por cuenta de una fuerza pública que intentó reprimir las juventudes en las calles y terminó generando caos, muertos, heridos y detenidos.
Las pruebas de la Fiscalía en este caso son cuando menos débiles y oscuras, y parecen obedecer más bien al orden de falsos positivos judiciales. A los sentenciados se les acusa, entre otros delitos, de terrorismo, concierto para delinquir agravado, perturbación de la vía pública, violencia contra servidor público y daño en bien ajeno. La supuesta estructura de las disidencias de las FARC funcionaba a través del liderazgo de Wilson Moreno, quien tenía supuesta línea directa con “Iván Mordisco”, y quien contactaba con Justo Villarraga, el señor de 74 años, para coordinar pequeñas células en Bogotá y dirigir las manifestaciones. Preocupa en este caso la situación de Erika Flórez y Greissy Perilla, quienes son señaladas de coordinar con Villarraga actos vandálicos, reclutamiento de jóvenes, violencia contra miembros de la fuerza pública, entre otros, y quienes son las últimas en esta fantasiosa cadena de mando, jóvenes que salían a la calle con sus compañeros a manifestarse en contra de la brutalidad policial.
A Greissy y Erika las condenaron a 12 y 19 años de prisión respectivamente. Según conversaciones interceptadas, las jóvenes habrían participado en daños al Portal Américas de Transmilenio, enfrentamientos con la fuerza pública usando artefactos no convencionales como pintura de aceite, creación de grupos de Whatsapp y Facebook para coordinar bloqueos, protestas y difundir imágenes y videos, quema de autobuses, organización de “cacerolazos” y crear colectivos jurídicos para desacreditar a la fuerza pública y al Ejército.
Según esta condena, muchos jóvenes del país que participamos no solo en las protestas del 2019, sino en el Paro Nacional de 2021, seríamos potenciales terroristas. ¿Quién no participó de grupos de Whatsapp para coordinar salidas a marchas, movilizaciones y bloqueos?, ¿quién no ingresó a algún grupo de Facebook para obtener información de las marchas, ver casos de brutalidad policial para indignarse y denunciar en redes sociales?, ¿cuántas personas no participaron de desmanes, actos vandálicos, grafiti, daños a estaciones de transporte público en medio de las revolucionadas movilizaciones de una sociedad que explotó de indignación y abandono? ¿Cacerolazos?, todos participamos de los cacerolazos. Y sobre la creación de colectivos jurídicos para desacreditar a la fuerza pública y al Ejército, ¡pues desacreditados por sí mismos, masacrando civiles, desapareciendo personas, violando mujeres y reprimiendo una protesta válida y pacífica!
Lo de la Fiscalía deja mucho que desear en cuanto a garantías procesales, así como el juez, quien dictó una sentencia evidentemente marcada por la presentación de un caso armado con afán y pocas pruebas, y sesgado por profundos prejuicios. ¿Cómo se le dictan 12 y 19 años de cárcel a unas jóvenes que participaron de un momento histórico, quisieron organizarse con su comunidad y salir a manifestarse en contra de la abierta violación a los derechos humanos por parte de un Estado criminal? Y si las jóvenes se equivocaron, si rompieron algún vidrio, si enviaron algún mensaje con un tono violento en contra de la fuerza pública, ¿por qué 12 y 19 años de prisión y no buscarles penas alternativas, como propone el actual ministro de Justicia, Néstor Osuna?
La organización Objetivo Libertad (@ObjetivLibertad) hace seguimiento al caso de Erika Flórez y Greissy Perilla, y lo señala de falso positivo judicial. Hace falta que la opinión pública colombiana haga seguimiento a estos casos en que jóvenes manifestantes han sido judicializados injustamente por participar de marchas y protestas. Los casos son cientos. Según un reciente informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en Colombia, de las 228 judicializaciones en el marco de la protesta, 145 personas se encuentran con medida de aseguramiento privativa de la libertad: 113 de manera intramural y 32 en su lugar de residencia. Y si todos estos casos van a tener el sesgo del caso de Flórez y Perilla, tendremos a muchos jóvenes injustamente encarcelados en Colombia.
Y los medios de comunicación salen así sin más a titular que las disidencias de las FARC infiltraron las protestas. Y los voceros de la derecha a asegurar que las protestas que cambiaron el rumbo del país fueron financiadas por la guerrilla. Y siguen en impunidad los 5.340 casos de violencia policial, 40 homicidios por parte de la fuerza pública, 35 casos de violencia sexual y 103 casos de violencia ocular según la ONG Temblores —sobre los cuales había 0 fallos condenatorios al 28 de abril de 2022—.
¡Libertad para todos los jóvenes injustamente condenados por participar en las protestas de 2019 y el estallido social de 2021!