No es un secreto. Fueron las Fuerzas Militares las que al comienzo de las negociaciones de paz de La Habana insistieron en que no hubiese cese bilateral de hostilidades hasta tanto no se firmara el acuerdo de paz. Decían que estaban a la ofensiva y que podían golpear y disminuir a las Farc para obligarlas a una posición más flexible en la Mesa de conversaciones. Era un argumento poderoso.
A medida que pasó el tiempo se supo también que en el interior de los militares había sectores nada de acuerdo con la salida negociada, y estos sectores se atrevieron a establecer relaciones fluidas con el expresidente Uribe y cumplieron tareas de obstrucción de los diálogos. Pensaban que estaba cerca la derrota militar de la guerrilla y eso derivaría en una situación más cómoda y tranquila para el futuro de los militares. Ese argumento tenía, sin duda, menos realidad y sentido.
Ahora los militares y policías colombianos se enfrentan a uno de los retos más grandes de su historia. Acompañar al gobierno de Santos de manera leal y transparente en una tregua bilateral aun antes del acuerdo final de paz y como antesala del mismo. Esto implica un cambio de actitud en quienes de buena fe pensaban en que lo mejor era ir hasta la firma y más allá, hasta la desmovilización completa, en una posición ofensiva sobre las guerrillas. Implica también una subordinación completa de quienes ponían sus esperanzas en el triunfo militar y se prestaron para acciones contra el proceso de paz a lo largo de estos cuatro años de contactos y negociaciones.
Algunas personas muy cercanas a las Fuerzas Militares me han dicho que no debo tener dudas sobre el profesionalismo de la fuerza pública y sobre su compromiso con el proceso de paz. Me han asegurado que acompañarán la negociación de la tregua bilateral y la cumplirán a cabalidad. Les creo. Llevo muchos años en eventos y discusiones con los altos mandos y he comprobado que la gran mayoría de los oficiales tienen la inteligencia suficiente para percibir las variaciones del conflicto armado y adaptarse a las circunstancias.
Y los cambios de la realidad son evidentes. Las Farc han decretado un cese unilateral de hostilidades y lo han cumplido, al tiempo han concentrado su dirección en La Habana. De ahí que tengan un interés primordial en acelerar la firma de los acuerdos y realizar este último tramo de las conversaciones en un ambiente tranquilo en las regiones. Al tiempo, el ELN ha insistido en un cese bilateral y ha dicho que no hará gestos unilaterales, con lo cual el anuncio del gobierno se convierte en un guiño insoslayable para esta guerrilla que apenas está culminando su etapa exploratoria, y podría pasar a la etapa pública de las negociaciones en el ambiente del cese bilateral que han pedido a lo largo de estos meses y que su quinto congreso reclamó con insistencia.
Desde la oposición se han oído voces muy duras contra la posibilidad del cese bilateral. Incluso han dicho que será una medida inconstitucional. Quieren hacerle creer a la gente que se trataría de una claudicación de las Fuerzas Armadas, de una orden presidencial para cesar la protección de la población y dejar a la ciudadanía al arbitrio de los violentos.
Nada de eso. Se trata, simplemente, de que Santos, en un acto de reciprocidad, responda al cese unilateral indefinido decretado por las Farc con un cese de acciones ofensivas sobre esta guerrilla de parte de la fuerza pública. No hay por qué abandonar los territorios. Es más, si unidades de la guerrilla, por algún motivo, realizan acciones hostiles contra la población o intentan golpes a las Fuerzas Armadas, la obligación de estas es actuar en defensa de la población y del Estado.
Ahora bien, este cese bilateral de hostilidades tiene que ser parte integral del proceso de desmovilización y desarme. Es el primer paso. Por eso toma el nombre de cese definitivo. La verificación que se conforme para entregar informes periódicos del cumplimiento del compromiso será también el anticipo de la comisión o comisiones que se establecerán, a la hora de vigilar la desmovilización y el desar-me completo de las guerrillas y el tránsito de estas a la vida civil.
La participación decisiva de las Fuerzas Militares y de Policía garantizará un buen diseño e implementación del cese bilateral definitivo de las hostilidades. También contribuirá a un posconflicto más seguro y generará un clima propicio para que los sectores de las Fuerzas Armadas, cuestionados por acciones dentro la guerra, tengan un tratamiento generoso y digno por parte de la sociedad colombiana y de la comunidad internacional.
Columna de opinión publicada en Revista Semana