Por: Luis Eduardo Celis
En Colombia hay enormes diferencias regionales que producen que enormes territorios vayan muy atrás en derechos y ciudadanía de calidad, lo cual se corresponde con una incapacidad del Estado para hacer sus tareas. En esas circunstancias en las que hay ausencia estatal, otros terceros reemplazan al Estado, ejerciendo acción de manera ilegal y ejerciendo violencia.
El presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez han liderado el equipo de gobierno para tener presencia en La Guajira, uno de los territorios donde se sufre hambre y sed por parte de la comunidad wayuu desde hace décadas. Algo que debe ser superado con acción de la sociedad y de los gobiernos, y para eso se requieren capacidades, recursos económicos y funcionarios con la competencia y el compromiso para llevar adelante una acción de la mano de instituciones de la sociedad. Eso es un propósito pendiente que ha tenido un impulso desde finales de los años ochenta, cuando se logró la elección popular de alcaldes y tuvo un nuevo empujón con la Constitución del 91.
Los gobiernos locales requieren más competencias, recursos económicos y capacidades para liderar paz y desarrollo en sus territorios, tenemos un ordenamiento en el que la Nación concentra de manera excesiva competencias y recursos, y las entidades territoriales son en extremo precarias, no tienen cómo asumir los enormes retos que se tienen para liderar sus comunidades y territorios. Esto debe cambiar con transformaciones normativas y con políticas pertinentes con las que el estado local y regional sea fuerte, legítimo y con las capacidades técnicas que se requieren.
El gobierno de Gustavo Petro puede darle un nuevo empujón a la descentralización, esperemos buenas noticias de la misión de expertos coordinada por el maestro Darío Indalecio Restrepo, que de manera participativa viene haciendo esta importante tarea de la cual debemos tener un derrotero de acción en los próximos meses, informe que debe ser analizado de la forma más amplia posible e implementado en lo que se considere pertinente.
La acción de gobierno desde las regiones es un buen camino, es asumir en terreno los desafíos, dialogar con las autoridades territoriales, escuchar a las comunidades organizadas, trazar una acción y unos compromisos. Ese camino se debe mantener y ampliar en las próximas semanas y meses, esperemos una presencia en Arauca, Cauca y los Montes de María, por mencionar tres territorios prioritarios, y en Putumayo, Guaviare y Nariño, para proponer una ruta. Esa presencia y compromisos muestran el compromiso de este gobierno con unos territorios en paz, reto por supuesto de amplia envergadura.
Los compromisos asumidos en La Guajira deben ser monitoreados y cumplidos con estricto rigor, así se creará una cultura de decir y cumplir, que tanta falta nos ha hecho en nuestra cultura política. Tenemos un camino recorrido en muchos temas clave, pero igualmente reafirmar que hay muchas exclusiones e inequidades a superar, en lo cual este gobierno tiene un mandato de cambio y la convicción de que hay muchas regiones muy atrás en derechos y condiciones para llevar adelante las tareas para lograr paz y desarrollo con inclusión.
*Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.