Por: Lina Rosero, Enlace Pares para el Norte del Cauca
Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos
El 31 de diciembre de 2022, a través del Decreto 2656, se estableció, en el papel, un Cese al Fuego Bilateral de Carácter Nacional (CFBTN) entre Gobierno Nacional y el Estado Mayor Central de las FARC-EP. Está comprendido entre las 00:00 horas del 1º de enero de 2023 hasta las 24:00 horas del día 30 de junio de 2023 con posibilidad de prórroga previa a recomendación realizada por el Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación (MVMV). Este último integrado por el Gobierno Nacional, el Estado Mayor Central FARC-EP, las organizaciones sociales territoriales y la Iglesia Católica, también, si así lo deciden el Consejo Mundial de Iglesias y un componente internacional conformado por la II Misión de Verificación de Paz de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Es importante mencionar que el CFBTN se establece como un avance de la buena voluntad entre las partes en el marco de la política de Paz Total propuesta por el Gobierno Nacional. En la página web de la Presidencia de la República se menciona incluso que el CFBTN se realiza con cinco organizaciones armadas ilegales: el Ejército de Liberación Nacional (ELN), Segunda Marquetalia, Estado Mayor Central, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Se dice además que la verificación nacional e internacional está a cargo de la Misión de Verificación de la ONU, MAPP/OEA, La Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica, este proceso de la mano a lo que sería la implementación de la Ley 2272 de 2022, en la que se establecen mecanismos para la Paz Total y la seguridad humana.
Así las cosas, y a la luz de lo estipulado en el decreto en mención, es importante hacer una aproximación al caso del Cauca para dar cuenta de la efectividad o no de este decreto de Cese al Fuego con el Estado Mayor Central de las FARC-EP, teniendo en cuenta que este grupo armado ha consolidado su presencia y control territorial en ese departamento en los últimos 4 años, con estructuras como la Columna Móvil Dagoberto Ramos, Jaime Martínez y Franco Benavides; y los frentes Rafael Aguilera y Carlos Patiño.
Han existido varios hechos de violencia que infringen la disposición del Gobierno Nacional en este territorio, los cuales se han podido recopilar a través de la prensa local y nacional que versan desde enfrentamientos entre el ELN, la Segunda Marquetalia y amedrentamiento de la comunidad, entre otros, que serán mencionadas una a una a continuación.
Entre los hechos más relevantes y que desconciertan la voluntad de paz del EMC, está el patrullaje desarrollado por integrantes del Frente Carlos Patiño en el municipio de Balboa el 17 de enero, quienes en el marco de los carnavales y en plena cabecera municipal, decidieron caminar cerca a la estación de policía uniformados y con fusiles, situación que generó zozobra en la población y pudo haberse visto como acto de provocación a la Fuerza Pública de este lugar del sur del Cauca.
El 23 de febrero se presentó un nuevo hecho que alteró el orden público en zona rural del municipio de Silvia. Se trató de enfrentamientos entre la Columna Móvil Dagoberto Ramos, parte del Comando Coordinador de Occidente (que a su vez integra el Estado Mayor Central de las FARC), e integrantes del ELN, los cuales afectaron a cinco veredas por la disputa de control territorial de esa zona. El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) mencionó que los enfrentamientos se centraron en las veredas que comprenden el territorio “La Gaitana”, también informaron de otros enfrentamientos ocurridos el mismo día de enero en el Resguardo Pueblo Nuevo, en el municipio de Caldono, y que el pasado 20 de enero una incursión por parte de los grupos armados dejó un muerto y tres heridos, entre ellos una menor de edad perteneciente al resguardo. Finalmente, de acuerdo a lo reportado por el CRIC, las personas habitantes del territorio Sa’th Tama Kiwe fueron atacadas por ráfagas de fusil y granadas de fragmentación por la Columna Móvil Dagoberto Ramos de las disidencias de las FARC.
Así mismo, el 06 de febrero se presentó una grave situación de orden público en Argelia que involucró a las disidencias de las FARC, representadas en el Frente Carlos Patiño y la Segunda Marquetalia, los cuales se disputan el control del territorio en el corregimiento de Puerto Rico, zona rural del municipio. Esta situación se venía presentando desde el pasado 05 de febrero y ha dejado como saldo más de mil personas desplazadas y niñas y niños sin poder asistir a clases. Según informa el medio de comunicación Periódico Virtual, las dos disidencias llegaron a zonas donde en su momento se contaba con presencia del Ejército Nacional, pero que en el marco del CFBTN se retiraron del territorio. Según el medio de comunicación, la Defensoría del Pueblo manifestó que como consecuencia de estos enfrentamientos están expuestas cerca de 1700 personas en las veredas Los Pinos, Los Picos y Mundo Nuevo, esto fue verificado en tuits publicados el 05 de febrero por la Defensoría del Pueblo como alerta temprana.
También es importante mencionar el despliegue propagandístico de las Columnas pertenecientes al Comando Coordinador de Occidente en los municipios de Timbío, Rosas y Sotará por medio de la ubicación de pancartas y grafitis, particularmente en las vías que conectan las veredas Peñón, jurisdicción de Sotará; La Laguna, Sauce y Peña Negra, pertenecientes a Rosas; y por último la vereda Cinco Días y Urabamba, municipio de Timbío. Dicha situación genera temor en las comunidades, pero también evidencia un nuevo despliegue territorial, pues en municipios como Timbío no era muy común ver “pintas” o letreros de grupos armados.
Los hechos mencionados hasta ahora han generado en las distintas zonas del departamento miedo, afectaciones materiales, ruptura del tejido social y pérdidas humanas, todo esto yendo en contra del decreto de Ley 2272 de 2022 que menciona la Presidencia de la República en relación a la jurisprudencia que sustenta y apoya el decreto, justamente en el artículo 2, en lo referente a la política de paz del Estado que propende una “cultura de paz total, reconciliación, convivencia y no estigmatización”.
Para finalizar, se hace imperativo mencionar que en el Cauca desde los registros documentales de la prensa local y nacional se denota que no se han presentado combates en los que intervengan las Fuerzas Armadas de Colombia. Aún así, el Cauca se presenta como un territorio complejo en el cual las acciones bélicas se despliegan entre los mismos grupos que tienen presencia en el territorio, disputando su control y como consecuencia generando entornos que atentan contra la seguridad humana de las poblaciones en las cuales se generan enfrentamientos, como en Silvia y Argelia; estrategias de control social como lo sucedido en Timbío, Rosas y Sotará; y hostigamientos a la población civil como el caso del territorio de Pueblo Nuevo.
Este contexto llevaría a pensar que, si bien el Estado Mayor Central pactó un cese de hostilidades y técnicamente no ha desarrollado acciones para atacar a la Fuerza Pública, sus acciones para el control territorial han afectado a la población civil, situación que se ve reflejada de manera permanente en el municipio de Argelia.