Por: Línea Migración, Región y Frontera
El ataque a la avanzada de seguridad del presidente no fue impedimento para que, dos días después, Petro realizara una visita a El Tarra, un municipio donde ganó las elecciones con el 81,18% de votos a favor. En la visita, que fue calificada como histórica por los catatumberos, el mandatario propuso un tránsito a la subregión: abandonar el primer lugar de exportación de cocaína en el mundo para convertirse en la Capital Nacional de la Paz. La disminución sustancial de la hoja de coca y la dejación de las armas ilegales, son los principales retos de una propuesta que se caracteriza por ser ambiciosa, pero también urgente y necesaria.
Pese al histórico abandono estatal y, por tanto, lo que parecía ser la certeza del no futuro, la propuesta ha logrado que resurja la esperanza de los ciudadanos. El anuncio de un primer diálogo regional implicaría la participación de la sociedad civil y se traduciría en la posibilidad de que las comunidades tengan voz y voto, y sean quienes dirijan la construcción del porvenir. Así, la iniciativa que pretende transformar décadas de violencia, requiere compromiso y articulación de los grupos armados, la fuerza pública, la sociedad civil, el Gobierno Nacional, la Gobernación de Norte de Santander y las administraciones municipales.
Las propuestas del Gobierno Nacional
-La primera asamblea de campesinos cultivadores de hoja de coca
Según las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, 2021), Norte de Santander es el departamento más afectado por la coca en Colombia; en el territorio se ubican cuatro de los municipios con más siembra en el país, Sardinata, Teorama, El Tarra y Tibú, siendo este último el que lidera la lista, con un 13,5% del total nacional y un 48% del total departamental. Lo anterior, aunado a la presencia de grupos armados, se refleja en 3.626 víctimas de desaparición, 20.731 de homicidio y 2.100 de secuestro, en el Catatumbo, a corte del 31 de julio de 2022 (Unidad para las Víctimas, 2022).
Gráfico No. 1
En ese sentido, después de seis años de la firma del Acuerdo de Paz, el Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) sigue siendo ineficaz. En el Catatumbo inició con desaciertos. Solo Tibú y Sardinata fueron incluidos en el PNIS, pese a la densidad de los cultivos ilícitos en otros municipios del Catatumbo; la existencia estos cultivos en el Parque Nacional Natural Catatumbo-Barí, que tiene jurisdicción en Convención, El Carmen, Teorama, El Tarra y Tibú; y la priorización de ocho municipios PDET. Además, de las 40.084 hectáreas de cultivos ilícitos en Norte de Santander (UNODC, 2021), a corte del 31 de diciembre de 2020 solo fueron erradicadas voluntariamente 922, es decir, el 2,3% del departamento (UNODC, 2020).
Según líderes campesinos consultados por la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), el apoyo al PNIS les ha generado problemas con la fuerza pública, los grupos armados y la sociedad civil. Con los primeros han tenido disputas debido a la erradicación forzada, uno de los voceros señaló que “donde están los cultivos de coca, en una semana, hemos tenido hasta dos o tres encuentros con las tropas y prácticamente, pues, amenazas también, porque a nosotros como campesinos nos andan duro por ese lado”; los segundos, los grupos armados, los han presionado, amenazado, desplazado, o asesinado en el peor de los casos, mientras les aseguran que “el Gobierno no les va a cumplir”; y los terceros, la sociedad civil, ha modificado sus relaciones con respecto al programa de sustitución, se ha perdido el respaldo de los representantes y el posterior incumplimiento por parte del Estado ha provocado pérdida de confianza en el PNIS.
Por tanto, realizar la primera asamblea de campesinos cultivadores de coca en el Catatumbo resultaría significativo toda vez que permitiría, como señaló Petro: “que una familia campesina que hoy se dedique a la hoja de coca y a la pasta, pueda sustituir eso por una actividad que le garantice calidad de vida y la posibilidad de sacar adelante a sus hijos y nietos”. Sin embargo, la propuesta requiere: garantizar condiciones de seguridad en el territorio, incluir a la totalidad de los municipios en el PNIS, mayor presencia estatal, satisfacción de las necesidades básicas y la construcción de vías terciarias que permitan la distribución y comercialización de los productos que reemplazarían a la coca.
-Educación de calidad
La ausencia de voluntad política, la pobreza y el conflicto armado han limitado el derecho a la educación de los catatumberos. La Asociación Minga (2021) señaló que, durante la pandemia, “la falta de conectividad en la región ha imposibilitado realizar las clases virtuales, generando una brecha en el conocimiento y dificultando el aprendizaje” (p.4). Además, agregó que, en mayo de 2021, el Ministerio de Educación ordenó retornar a la presencialidad, desconociendo que “no existe posibilidad de dar cumplimiento de los protocolos de seguridad, ya que hay escuelas en la región sin acceso al agua y cuyo presupuesto sólo alcanza a cubrir los salarios de los docentes” (p.5).
El 2022 tampoco ha reflejado mejoras. La Asociación de Juntas de los corregimientos del Catatumbo denunció que un promedio de 7.584 niños de escuelas y colegios rurales del Catatumbo no han empezado el año escolar. Aunque la Resolución No. 005132 del 13 de diciembre de 2021 indicó que las clases iniciaban el 31 de enero de 2022, transcurridos siete meses la ausencia de nombramiento de docentes ha impedido que los menores retomen su formación.
Adicional, la presencia de estructuras armadas ilegales ha puesto en riesgo a los estudiantes, pues como señala el Observatorio Colombiano de Crimen Organizado (OCCO, 2022), son reclutados y, además, usados por grupos armados al interior de las instituciones para motivar la vinculación a las Estructuras Armadas Ilegales (EAI). Asimismo, los docentes de varios municipios de la subregión han denunciado amenazas por parte de grupos como el ELN, el EPL y el Grupo Armado Pos FARC (GAPF) Frente 33, entre otros. En Convención, 12 profesores han sido extorsionados y 2 fueron víctimas de secuestro exprés (Cotamo, 2022).
Entonces, frente a las promesas de Petro respecto a la construcción de la universidad pública en el Catatumbo, la formación en saberes que se respondan a intereses y necesidades del territorio, los posgrados para los docentes y la conectividad, se hace necesario solventar, también, otras falencias ya existentes, es decir, garantizar los derechos humanos a través de una infraestructura escolar que permita el acceso a la educación de calidad; compromiso de las administraciones locales y la Gobernación de Norte de Santander; fortalecimiento de entornos seguros para los niños, niñas, adolescentes y profesores; y proporcionar seguridad, permitiendo salud física y mental para el desarrollo de los aprendizajes.
- La política de paz
Los procesos de paz implementados en Colombia han evidenciado que, si bien los acuerdos han permitido avances, no se ha solucionado la violencia en los territorios. En 2016, con la salida de las FARC, se generó un reacomodo de las EAI, las cuales, en la actualidad, continúan disputándose el control territorial y provocando vulneraciones a los derechos humanos. En el Catatumbo, como en el resto del país, el actor predominante es el ELN. Sin embargo, hacen presencia otros grupos como el GAPF Frente 33, el EPL, el Clan del Golfo y el Cártel de Sinaloa.
El mapa de la guerra se ha nutrido del abandono estatal, de las necesidades básicas insatisfechas y de la posición geoestratégica; situación que ha generado el reconocimiento de la subregión como una de las más violentas del país y la líder en la producción de coca. Como resultado: menores usados y utilizados, instrumentalización de la población proveniente de Venezuela, restricciones a la movilidad, afectaciones a los territorios ancestrales y limitaciones a las agendas colectivas de las organizaciones sociales, entre otros.
En su visita a El Tarra, Petro señaló que “todas las organizaciones armadas ilegales que hoy existen en el Catatumbo se han comunicado con el Gobierno Nacional pidiendo abrir negociaciones de paz con ellos”. Así, buscar negociar con todos los actores y la política de paz que propone el gobierno actual, es aprender de los errores del pasado. Aunque aún faltan claridades sobre la implementación de la propuesta, lo cierto es que el diálogo y la posición del Gobierno para avanzar en los procesos, regresó la ilusión de lograr la paz.
Referencias bibliográficas
Asociación Minga. (2021). BOLETÍN DE DERECHOS HUMANOS REGIÓN DEL CATATUMBO. Enero – Junio 2021. http://asociacionminga.co/wp-content/uploads/2021/09/DDHH-CATATUMBO-2021-I.pdf
Cotamo, O. (2022, agosto 2). Docentes del Catatumbo denuncian amenazas y extorsiones de grupos armados ilegales. Rcn Radio. https://www.rcnradio.com/colombia/santanderes/docentes-del-catatumbo-denuncian-amenazas-y-extorsiones-de-grupos-armados
Observatorio Colombiano de Crimen Organizado (OCCO, 2022). La niñez reclutada Norte de Santander: expansión criminal aprovechándose de la población migrante. https://www.urosario.edu.co/Documentos/Facultad-de-Estudios-Internacionales-Politicos-y-U/2021/20-Norte-de-Santander.pdf
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, 2021). Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2020. https://www.unodc.org/documents/colombia/2021/Julio/Informe_Monitoreo_de_Territorios_Afectados_por_Cultivos_Ilicitos_2020.pdf
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. (UNODC, 2020). Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos – PNIS. https://www.unodc.org/documents/colombia/2021/Febrero/INFORME_EJECUTIVO_PNIS_No._23.pdf
Unidad para las Víctimas. (2022). Víctimas por hecho victimizante. https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394