Por: Germán Valencia
Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia
Anunciar un cese al fuego y de hostilidades es una tarea relativamente fácil: basta con el deseo explícito de los armados de querer suspender los disparos y todas las acciones violentas. El problema mayor se encuentra en la etapa posterior, aquella en la que la organización armada debe trabajar para lograr cumplir con su promesa inicial.
Precisamente, si revisamos la historia veremos que los ceses al fuego son bastante comunes en el país. Para las guerrillas ha sido muy habitual tomar la decisión unilateral de proponer y regalar a la sociedad ceses al fuego en épocas diversas del año –como en navidad, en elecciones o en períodos de pandemia–.
Estas acciones son mensajes positivos que los armados le envían a la sociedad para que realicen sus actividades sin la presión del uso de las armas. Son gestos de paz que, incluso, son utilizados por los actores armados que mayor dependencia tienen del uso de la violencia, como lo son las bandas criminales o el mismo Estado.
En grandes ciudades como Cali o Medellín ha sido común observar cómo actores armados ilegales deciden hacer treguas en sus zonas de influencia, donde manejan sus negocios o controlan un territorio. Y lo hacen emitiendo tan solo una simple orden que es acatada fielmente por la estructura armada.
En Colombia, los dos anuncios de ceses al fuego más recientes ocurrieron en diciembre. El primero fue emitido por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la cual, de manera unilateral, dijo que le regalaría a las y los colombianos un período de silencio de los fusiles. El cual cumplieron a cabalidad, según varias organizaciones que le hicieron seguimiento.
El segundo anuncio del cese al fuego lo hizo el presidente Gustavo Petro, quien, al cerrar el año y comenzar otro, quiso mandar un mensaje a la sociedad y a la comunidad internacional de que su política de Paz Total está avanzando. Fue una especie de regalo navideño, similar al anuncio económico del aumento del salario mínimo o el pacto por la justicia tarifaria.
Sin embargo, como hemos visto, este anuncio de cese al fuego ha causado mucha discusión y alboroto. La razón está en que el Gobierno tomó la decisión de manera individual, no involucró al ELN, lo sacó de la decisión, sabiendo que era un anuncio que interesaba a ambas partes. De ahí que el grupo guerrillero desmintió al Ejecutivo y negó el supuesto acuerdo.
El ELN consideró que con esta acción el Gobierno estaba rompiendo la doble tradición que se había construido en el país. Por un lado, aquella que dice que los ceses al fuego bilaterales o multilaterales son resultado de una negociación. Así ocurrió desde el inicio del ciclo de negociaciones en la década de 1980 con las guerrillas, cuando lo que se pactaba eran, precisamente, este tipo de acuerdo de paz.
Y por el otro, el respeto que se debe tener con el adversario político en una mesa de negociaciones. El ELN le recordó al Gobierno que actualmente se adelanta un proceso de paz y se cuenta con una mesa de negociaciones, siendo una de las normas protocolarias aquella de que en toda decisión debe incluirse a ambas partes.
Lo que hizo Petro el 31 de diciembre con el decreto de cese al fuego multilateral fue romper estos dos acumulados históricos. Pasó por encima de una tradición en la que los ceses al fuego bilaterales son acuerdos construidos por las partes en conflicto. Con ello cometió un error, el cual le ha sido difícil reconocerlo, además, ha conllevado unos costos políticos considerables, que podría haber sido evitados.
El primer costo lo ha asumido el Gobierno. La salida del ELN a desmentir el acuerdo bilateral generó un daño en la confianza que se tenía en el gobierno Petro. Echar para atrás el decreto resultó tanto para la sociedad y la comunidad internacional, como para el mismo ELN, en un golpe a la credibilidad del Gobierno.
Un segundo costo lo están asumiendo las comisiones de negociación. Los negociadores han tenido que suspender sus descansos y tiempo para planear lo que se trabajará en la segunda ronda –que se dará desde el 13 de febrero en México– para atender esta crisis. Es decir, la reunión extraordinaria en Caracas, Venezuela, resultó ser un encuentro difícil y costoso, a pesar de los positivos resultados.
Y finalmente, lo más seguro es que aparecerán otros costos, como los que generan los críticos de la política pública de Paz Total, que consideran esta acción como una decisión afanada que evidencia una improvisación por parte del Gobierno. Además de las posibles exigencias que la guerrilla le haga al Estado para superar este impase, como mejores condiciones para sus presos políticos.
Lo positivo de este error es que, bien aprovechado, puede servir para que las partes avancen con mayor seguridad en la construcción de la paz. La segunda ronda de negociaciones abre un escenario para mostrar la disposición de las partes para llegar a un acuerdo que ponga fin a este conflicto violento de manera definitiva.
Como lo dice Carlos Velandia en su reciente libro Treguas y ceses al fuego, este tipo de acuerdos, que son beneficiosos para todos, pueden convertirse en un potente instrumento de paz. Pueden servir para mostrarle al país las bondades de la paz, pues dan un alivio al parar la guerra. Pueden permitir vincular a las comunidades en zonas de conflicto a los diálogos regionales. Y pueden ayudar a avanzar en la implementación del Acuerdo Final con las FARC-EP, en temas como erradicación y sustitución de cultivos ilícitos en zonas donde hace presencia el ELN.
En breve, la discusión y el acuerdo de un cese al fuego y de hostilidades puede convertir la fase de negociaciones, como pretende el ELN, en un laboratorio de paz, en el momento para que todo lo que se acuerde se implemente de forma inmediata. Logrando, finalmente, dar un mensaje al mundo de que se está avanzando en el camino correcto para construir la paz en el país, con la novedad de que al tiempo que se negocia se implementa lo acordado.
*Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.