Por: Redacción Pares
Desde la semana pasada, justo cuando se hundió en el senado la Reforma a la Salud, el gobierno Petro entró en confrontación con las EPS. Primero intervino a Sanitas. Las deudas de la empresa, cuya máxima cabeza es el español Joseba Grajales, ascienden a dos billones de pesos al sistema público a pesar de los recursos que les envía el gobierno que fueron, entre el 2019 y el 2023 los gobiernos de Iván Duque y Petro le entregaron a Sanitas $31 billones de pesos, y aún así los incumplimientos persisten. Sanitas tiene más de cinco millones de afiliados. Una vez la Superintendencia interviene se le quita el velo corporativo y se puede investigar con más libertad. La misma dosis se le aplicó a la Nueva EPS, en donde están afiliados 10.8 millones de colombianos, las intervenciones tienen como meta saber qué hacen las EPS con los recursos que el gobierno le entrega a la salud. Según Félix Martínez, director de la ADRES, entre enero y julio del 2023 se le han entregado a estas empresas 46,5 billones de pesos.
Algunos medios han considerado esta medida como una retaliación del gobierno Petro ante las EPS después de que se hundiera en el senado la Reforma a la Salud e incluso algunos senadores del Pacto Histórico, como Wilson Arias, se refirieron a ellas como “máquinas de muerte” y afirmaron que hubo partidos a los que las EPS apoyaron económicamente en sus campañas. Compensar, con dos millones de usuarios, le pidió al gobierno ser liquidada también por su situación económica. Su gerente, en entrevista con W Radio, le dio la razón al presidente Petro y sostuvo que el modelo de salud del país en este momento es insostenible.
Esta mañana el contralor encargado Carlos Mario Zuluaga, la fiscal general de la nación, Luz Adriana Camargo; la procuradora general, Margarita Cabello Blanco; y el defensor del pueblo, Carlos Camargo, tuvieron una reunión que se llamó “La cumbre de las Ías” que tenía como fin revisar el informe que hizo la contraloría sobre las Entidades Prestadoras de Salud en el cual se probaría los malos manejos que han hecho las mismas.
El informe fue revelado primero por Daniel Coronell en su Reporte en la W Radio y luego por la revista Cambio. En él se concluye que en plena pandemia, entre 2020-2021, las EPS desviaron 9 billones de pesos de las UPC, que es lo que paga el gobierno a cada entidad dependiendo de sus afiliados. En el informe la deuda de las 26 EPS con las IPS y con los proveedores de medicamentos y tecnología. Fueron más de 9 billones de pesos los que serían destinadas a compras de inmuebles con los fondos destinados a atender a los pacientes, autoaprobación de multimillonarios adelantos, pago de multas, y pagos que exceden los topes.
Congresistas como María José Pizarro le han pedido a la Procuraduría y la Fiscalía investigar a la mayor brevedad lo que está sucediendo con estos recursos. Aún no se sabe cuáles son las EPS enredadas en este despilfarro.