Por: Laura Cano
Periodista Pares
Este jueves se realizó el lanzamiento del documental 'Unión Patriótica: Desde las cenizas', el cual recoge los relatos de distintas víctimas de esa colectividad política que tuvieron que exiliarse. El espacio tuvo además la presentación de algunos de los avances que se han logrado en el marco del Caso 06 denominado “Victimización de miembros de la Unión Patriótica (UP)”.
En medio de esa presentación se expuso un dato relevante para el esclarecimiento de lo ocurrido en contra de este partido: “desde 1984 hasta el 2018 fueron asesinados y/o desaparecidos un total de 5.733 integrantes de la Unión Patriótica”, según aseveró el magistrado Gustavo Salazar, quien además agregó "Este mínimo lo que señala es que a partir de aquí lo más posibles que aumenten, no sustancialmente, el número de víctimas".
Hay que recordar que la UP nació en 1985 como parte de un intento de acuerdo de paz del entonces presidente Belisario Betancur con las FARC. No obstante en el camino a participar de política, las personas integrantes del partido fueron victimas de un genocidio, el cual, por ejemplo, le costó la vida a Jaime Pardo Leal (1987) y Bernardo Jaramillo Ossa (1990).
Por estos hechos contra la colectividad, en marzo de 2020 la JEP acreditó a la UP como víctima de crímenes de agentes del Estado. Además, el organismo también estableció para ese momento que el “partido sufrió diferentes afectaciones a sus prácticas y proyectos colectivos, así como a sus formas de organización, a raíz del homicidio de sus integrantes y de otras conductas violentas en contra de sus militantes”. Vale la pena recordar que el partido perdió su personería jurídica en septiembre de 2002, y la recuperó en el 2013 con una sentencia del Consejo de Estado, que se dio al reconocimiento de la violencia sistemática contra los miembros de la UP.
Por otra parte, dentro de la investigación que se lleva respecto a la victimización a la UP, se ha identificado que quienes hicieron parte de este partido fueron víctimas de hechos que atentaron contra el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad física, sexual y psicológica, entre otras violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Adicionalmente, se ha reconocido que parte de estas vulneraciones han tenido la responsabilidad de agentes del Estado, miembros de la fuerza pública, y paramilitares.
Informaba la JEP “la Fiscalía General de la Nación establece que ha habido avances significativos, aunque aún insuficientes sobre este fenómeno criminal.”, así citaba que “De los 863 radicados, 809 están siendo tramitados bajo la Ley 600 y 54 bajo la Ley 906. En lo que respecta a la Ley 600, 479 procesos, el 59.21% de los casos, no han superado la etapa de investigación previa. Adicionalmente, 267 procesos, es decir el 33% de los casos, se encuentran en etapa de instrucción y 53 procesos, el 6.55% de los casos, están en juicio. Además, de las 246 sentencias proferidas, solo se ha condenado a dos agentes del DAS, 18 miembros del Ejército y 10 agentes de la Policía”.
Ahora bien, además de esclarecer que 5.733 integrantes de la UP fueron asesinados o desaparecidos, el alto tribunal ha tenido otros avances respecto a este caso. Por ejemplo, actualmente en el caso están acreditadas 143 víctimas. También, la Sala de Reconocimiento ha vinculado a 14 comparecientes en el caso, entre ellos 7 miembros de la Fuerza Pública.
Lo más reciente se convierte en un paso importante de la JEP en cuanto a esclarecimiento de las victimizaciones contra la Unión Patriótica. No obstante, también es un llamado, por un lado, a ver la situación actual de quienes participan en política y se cogieron al Acuerdo de Paz firmado en el 2016, pero, por otra parte, a seguir fortaleciendo los organismo que permiten la reparación a las víctimas del conflicto armado, así como que han permitido conocer la verdad respecto a responsables y sistematicidad en este tipo de vulneraciones.