La imagen es muy clara. 28 de marzo de 2026. El Parque San Antonio de Medellín repleto de personas, con banderas de campo blanco llenas de letras multicolores que dicen “Pacto”, “Iván Cepeda” y nombres de barrios de Medellín y municipios de Antioquia. En la tarima, Cepeda, sosteniendo unas cuartillas de papel —como se ha vuelto tradicional— dirigiéndose a una audiencia que por segunda vez le atiborró la plaza. Las declaraciones son tajantes de su parte, al afirmar que algunos sectores políticos han querido convertir la mentira histórica en política de Estado, refiriéndose a una frase que dijo hace dos semanas, en la que señalaba que Antioquia había sido “cuna del paramilitarismo” y que generó muchísimas reacciones en el país.
Termina siendo una fotografía que dice muchas cosas. En especial, que Cepeda está logrando movilizar a una buena cantidad de sectores sociales en departamentos y ciudades donde hace 4 u 8 años era poco probable que la izquierda generara aquello. Aunque el proyecto del Pacto Histórico como partido de unidad no ha logrado romper el núcleo conservador que existen en departamentos como Santander, Tolima y el Altiplano Cundiboyacense, sí ha tenido una fuerte irrupción en ciudades que en 2023 terminaron eligiendo proyectos conservadores, como sucede con Medellín.
Pero también permite entender, de alguna u otra forma, que algo está sucediendo en lugares que han sido bastiones tradicionales de los proyectos de derecha, donde estos partidos siguen teniendo una alta cantidad de votación, pero han cedido espacios frente a un bloque de izquierdas que ahora mismo se les ha convertido en opción de poder de cara a las elecciones regionales de 2027.
Esto es importante, porque para este ciclo de elecciones presidenciales, tal parece que algo le está faltando a los partidos y bloques a la derecha del espectro político para seguir manteniéndose como la opción mayoritaria de poder. Esto lo muestran las últimas encuestas, donde Iván Cepeda sigue punteando sobre el puente entre el 35% y el 37,5% de la intención de voto, por encima de Abelardo De La Espriella, que se ha venido descolgando hasta el 20%, mientras que Paloma Valencia, la candidata revelación del uribismo (y quien, tras 3 intentos, por fin tuvo la bendición del presidente fundador para llevar las banderas de su partido) ha remontado hasta el 17%.
No obstante, ni De La Espriella, ni Valencia, han puesto en riesgo la posición de Cepeda, que la ha ocupado durante los últimos 3 meses. Mucho se ha hablado de que “ha tocado techo” o de que Cepeda no tiene dónde más crecer en un panorama político altamente politizado, aunque, si bien es verdad que tiene ya bajo su brazo a la mayoría de los votantes de izquierda y de centroizquierda, tampoco las cifras de De La Espriella y de Valencia hablan de un segundo lugar capaz de poner en riesgo, al menos en primera vuelta, la posibilidad de que Cepeda se erija como el gran ganador el 31 de mayo.
—La disputa por la agenda pública es, en últimas, una disputa por el modelo de país.
No es una amenaza aún ese segundo lugar, en tanto Paloma Valencia y Abelardo De La Espriella han negado la legitimidad del conflicto socioeconómico como el principal eje de construcción de identidades políticas en el país. Para repasar, en Colombia, desde 2016 (cuando se firmó el Acuerdo de Paz) el principal eje de discusión política se desplazó del marco de la seguridad (en su ambivalencia conflicto/paz) hacia el marco de la desigualdad social (ambivalencia redistribución/libertad de mercado), lo que terminó redefiniendo las identidades políticas (es decir, cómo cada sujeto político se enuncia frente a esos temas) y también dio sentido a los 2 estallidos sociales subsecuentes que ocurriendo en 2019 y 2021.
Por su parte, la base material del clivaje redistributivo sigue siendo robusta. Según el DANE, en 2024 el 31,8% de los colombianos se encontraba en situación de pobreza monetaria, mientras que el coeficiente de Gini alcanzó 0,551, uno de los más altos de América Latina y el tercero más elevado del mundo según el Informe de Desarrollo Humano 2025 del PNUD. A esto se suma una tasa de informalidad laboral que supera el 55,3% a corte de febrero de 2026. En ese contexto, resulta estructuralmente difícil para cualquier candidato desplazar del centro del debate político una fractura que tiene anclaje directo en la experiencia cotidiana de la mayoría del electorado.
Pero ¿qué significa que los candidatos de la derecha estén tratando de negar esa legitimidad? Eso se traduce en que las derechas (el uribismo de Valencia y la extrema derecha de Abelardo De La Espriella) no pretenden reconocer esa fractura social como un eje válido, central o aceptable para la competencia política. Esto se puede ver en la campaña de Valencia, cuando habla de que “Colombia no quiere odio de clases”, o de De La Espriella cuando dice que “ya existieron los Nadie, pero ahora existimos los Nunca”.
Para ello, estos actores políticos han jugado la carta de sustituir ese clivaje de la redistribución con otros que se corresponden con sus intereses y consideran mucho más beneficiosos para aumentar su apoyo político y electoral. En este caso, el desplazamiento se ha tendido hacia la discusión de seguridad, partiendo de un cuestionamiento profundo hacia la política de Paz Total y los procesos de Paz Territoriales que impulsa el gobierno Petro, los pobres resultados que han generado y las crisis que ha habido en las mesas de diálogo tanto con grupos armados como con bandas delincuenciales.
Lo han hecho buscando, por un lado, reencauchar el discurso de la Seguridad Democrática de la época de Álvaro Uribe Vélez I y II, pero también cuestionando, en el fondo, todo el andamiaje jurídico-institucional de los Acuerdos de Paz, que en 2026 cumplen 10 años de haberse firmado, y cuyo cumplimiento sigue rezagado tras más de una década.
Esto es importante, porque ese cuestionamiento lleva tanto hacia discusiones que ya se creían cerradas en el país, pero también abre la posibilidad de que el discurso político se radicalice en tanto las soluciones que proponen para esas discusiones vienen de la mano con un discurso mucho más punitivo en términos de seguridad urbana, y agresivo en términos de una nueva política de seguridad contra los grupos armados organizados.
—El camino de la radicalización
Es por ello por lo que la disputa entre Abelardo De La Espriella y Paloma Valencia no sólo está dirigida hacia la cooptación del voto de centroderecha (que se manifestó con las nominaciones vicepresidenciales de Juan Daniel Oviedo, por un lado y de José Manuel Restrepo, por el otro), sino también hacia la disputa de qué sector entre estas nuevas derechas conserva el discurso más convincente y original frente a cómo canalizar esas propuestas punitivistas y agresivas en políticas concretas, cuyo recetario ya ha sido implementado desde hace más de 25 años (con la Seguridad Democrática de Álvaro Uribe Vélez y la política de seguridad de los dos gobiernos de Juan Manuel Santos).
También es por eso por lo que, al final, la solución tampoco ha sido aceptar la discusión redistributiva como un clivaje legítimo, en tanto esa aceptación les obligarían a aceptar que el gobierno de Gustavo Petro ha tenido también aciertos en medidas de políticas sociales y socioeconómicas, lo que llevaría de inmediato a que sectores sociales de clase alta (como los que votaron por la Consulta por Colombia y por Paloma Valencia en las principales ciudades del país), gremios económicos y bloques políticos vieran en este gesto un signo de moderación y decidieran retirar su apoyo hacia un candidato con posturas más fuertes y rupturistas frente al gobierno Petro.
La campaña de Paloma Valencia ha subordinado esta discusión a un segundo plano, con la llegada de Oviedo, quien en su discurso sí aceptó que el gobierno Petro había tomado medidas que realmente estaban beneficiando a diferentes sectores de la población. No obstante, subordinado tanto al clivaje de seguridad, en el que Valencia ha querido volver a la discusión de si lo acordado en el Teatro Colón es legítimo o no. La campaña de De La Espriella, por su parte, ha buscado movilizar el discurso sociocultural, hablando de la amenaza de la “ideología de género” y las disputas identitarias, pero no ha servido mucho para sostener su apoyo, que sigue con un techo del 20%.
—¿Cómo entender el apoyo a Iván Cepeda en Medellín?
Volvamos sobre la imagen de Cepeda en la Plaza San Antonio. Para entender su apoyo, hay que observar cómo el Pacto Histórico como movimiento político ha crecido en los últimos 4 años en la capital paisa. En 2022, según datos de la Registraduría, la coalición de partidos de izquierda logró una votación del 10,56% (82.757 votos en preconteo) a Senado y del 14,10% (109.395 votos en preconteo) a Cámara de Representantes. Allí, la Consulta del Pacto Histórico obtuvo 174.616 votos en ese mismo año. Para 2026, el bloque de unidad obtuvo una votación del 18.92% (166.391 votos) en Senado y 19.60% (167.460) a Cámara de Representantes, lo que implica un aumento moderado y un afianzamiento del bloque de izquierdas como la segunda fuerza política del departamento, aun superada por el Centro Democrático, que cuenta en ese territorio con el 35% de la intención de voto.
Aun así, que el Pacto Histórico parta de tener una décima parte a una quinta parte del voto de Medellín muestra que ha habido un aumento en el caudal electoral en una de las ciudades más conservadoras de Colombia. La elección de Medellín, en este caso, corresponde a ese crecimiento, del cual es posible que la campaña de Iván Cepeda tenga conocimiento y apele para movilizar votos fundamentales de cara a la primera vuelta.
Pero, más aún, el recibimiento a Cepeda en Medellín si nos habla de que la izquierda ha logrado capitalizar, movilizar y construir un nuevo mito político desde el clivaje socioeconómico, que está calando en sectores sociales de estratos bajos de ciudades principales. Al mismo tiempo, que la forma de contrarrestar el discurso de seguridad con el que se mueve Paloma Valencia y al que Abelardo De La Espriella también apela, es con un discurso centrado en las víctimas del conflicto como principal consecuencia de las políticas de seguridad en la que los candidatos de derecha se están basando para construir sus programas en ese aspecto.
Ese golpe simbólico lo hizo poniendo en la misma tarima donde estaba Margarita Restrepo, una de las madres que encabeza la búsqueda de desaparecidos en La Escombrera, sitio donde los paramilitares enterraron a sus víctimas durante las épocas más álgidas del conflicto armado en Medellín. Ante el discurso de Cepeda de que en Antioquia se había gestado parte del proyecto paramilitar, la respuesta de los asistentes fue “Antioquia no es de Uribe”.
Este aumento electoral junto con las manifestaciones de las multitudes que han acompañado a Cepeda, sí estaría denotando también que hay un cambio en la cultura política colombiana, coherente con el momento de transición política que vivimos, que está gestando nuevas identidades colectivas en territorios tradicionales de la derecha, donde los sujetos políticos se están reestructurando en estos nuevos clivajes, así como también hay un giro afectivo en movimiento, resultado de la disputa antagónica entre dos proyectos de país en disputa.
Además, en Medellín hay un cuestionamiento frente al pasado y a la memoria histórica que está restructurando la discusión pública, demarcado por toda la campaña de “Las cuchas tienen razón” que también tuvo su punto de inicio en Medellín, tras los descubrimientos de los primeros cadáveres en La Escombrera y que de alguna u otra forma ha polarizado a la ciudad. Esto, en el marco del agotamiento del proyecto uribista (al que le ha salido a contestar de forma pasiva la apuesta de Creemos, de Federico Gutiérrez), y al aumento moderado de votantes de izquierda en esa ciudad.
—A modo de cierre
Las derechas siguen por debajo en las encuestas porque están combatiendo en un terreno que no controlan, que es el de una discusión sobre lo redistributivo que tiene base material en los indicadores de pobreza y desigualdad que Colombia arrastra de manera estructural, y que los estallidos de 2019 y 2021 tradujeron en identidades políticas organizadas.
Intentar desplazar ese eje con un discurso de seguridad que apela a recetas de hace dos décadas no ha logrado movilizar suficientes votantes nuevos, en parte porque ese discurso tampoco ofrece respuestas a la pregunta que más le importa a la mayoría del electorado, que es cómo vivir mejor.
La imagen de Cepeda en el Parque San Antonio se convierte así, entonces, en uno de los síntomas de un reordenamiento más profundo de las identidades políticas colombianas que, independientemente del resultado del 31 de mayo, ya está redefiniendo los términos del debate público para el ciclo electoral que viene.
