El 7 de enero, ante una plaza de Bolívar colmada, el presidente Gustavo Petro informó que acababa de hablar con Donald Trump. La conversación duró más de una hora, y ya acordaron verse el 3 de febrero en la Casa Blanca. En esa fecha, aún estaba fresca la intervención de Estados Unidos en Caracas y el tono de la confrontación entre Trump y Petro escalaba. Incluso se llegó a mencionar una posible intervención norteamericana en este suelo.
Pero la llamada lo cambió todo. Ese encuentro con Trump le trae a Petro nuevos retos. Necesita demostrar que Colombia está dispuesta a colaborar con la destrucción, incautación y persecución de los principales grupos armados que tienen como principal modo de subsistencia el narcotráfico.
Una de las principales preocupaciones de Washington es la paz total. La negociación política con grupos abiertamente narcotraficantes crispa a Trump y a su secretario de Estado, Marco Rubio. Muy cercano a Álvaro Uribe y a la derecha colombiana, este cubano-norteamericano, Rubio, desde que estaba en el senado, era uno de los principales críticos de Petro en los Estados Unidos. Pero el tono ha cambiado, incluso el pasado 28 de enero, en su rendición de cuentas en el Congreso norteamericano, afirmó que Petro era “un ejemplo de democracia”.
Y es que los compromisos se están cumpliendo, uno de ellos puede ser la decisión de extraditar a Pipe Tuluá, máximo cabecilla de la banda criminal La Inmaculada, que demostró su poder el 10 de febrero del 2024 cuando prácticamente se tomaron esa ciudad del Valle del Cauca. Será cuestión de horas su extradición, que ya está firmada. Eso sí, su defensa ha puesto trabas a esta extradición y, aunque el ministro de Justicia, Andrés Idárraga, afirma que es un hecho esta decisión y que esta se hará en cuestión de días, los abogados de Tuluá creen que esto podría durar meses. A esta ofensiva de sus abogados se suma el pedido del propio Andrés Felipe Marín, nombre verdadero del cabecilla, para entablar una conversación con el presidente y abordar, por fin, el tema de paz total.
Santiago Medina, uno de los investigadores del área de paz, seguridad y derechos humanos de la fundación Pares, afirmó que podría ser tarde para esa necesidad de dialogar: “Mientras más se acerca la visita de Petro a la Casa Blanca, se nota la necesidad de mostrar resultados a Estados Unidos frente a la lucha contra el narcotráfico. Pipe Tuluá ha demostrado su poder y lo peligroso que puede ser, por eso sus posibilidades de entrar a una negociación con el gobierno son mínimas”.
A esta decisión se suma la de ordenar la extradición de Jobanis Jesús Ávila Villadiego, conocido como “Chiquito Malo”, quien fue el reemplazo de alias “Otoniel”, como máximo cabecilla del Clan del Golfo. El 13 de enero de 2026, la Corte Suprema avaló su extradición a los Estados Unidos a pesar de haber entablado un diálogo con el gobierno. Sin embargo, el Consejo de Estado ya dio su visto bueno para que se lo lleven.
Pero uno de los cambios más bruscos que dio el presidente fue su postura con Geovanny Andrés Rojas, alias Araña, máximo cabecilla de los Comandos de Frontera. De haber dicho que no lo extraditaría en diciembre, cumpliendo los compromisos adquiridos en la mesa de negociación con ese grupo, pasó a darle un ultimátum: debe erradicar 15.000 hectáreas de hoja de coca en un plazo de diez días, si no lo cumple, su destino sería una cárcel en Estados Unidos.
Sobre el viraje de la política de paz total, el investigador Nicolás León de la fundación Pares dijo: “Es un viraje de la política del gobierno de acciones ofensivas a un corte de mano dura y esto viene desde que Pedro Sánchez es ministro de Defensa y, a partir de allí, empezaron estrategias de fumigación y de los bombardeos a grupos armados y el fortalecimiento de las extradiciones y esto es pedido por Estados Unidos para mejorar las relaciones con ese país, por eso será un punto muy importante en la reunión del 3 de febrero. Por eso la gran pregunta es, ¿Cómo seguirán las negociaciones con estos grupos? La estrategia del gobierno ha sido ralentizar estas extradiciones esperando que las negociaciones ayudaran, pero, ante la urgencia de tener resultados, al gobierno le quedan siete meses y hay una prioridad por cooperar con Estados Unidos, por eso se seguirán fortaleciendo estrategias como la extradición de cabecillas”.
Esto repercutirá, sin duda, en las negociaciones con los grupos armados. Si se llegara al punto de extraditar a “Araña” se fracturaría la negociación y vendrá “Una incertidumbre total de todo lo que venía pasando” y sentaría un precedente peligroso para otros escenarios de negociación sobre todo con el Ejército Gaitanista de Colombia y el Frente 33. Avalar la extradición de Chiquito Malo y de Mocho Olmedo podría generar que no haya certezas ni garantías para negociar “y podría causar la ruptura de las negociaciones con estos grupos”, según afirma León.
Acá se están primando los buenos tratos con Estados Unidos y esto generará “fricciones en las mesas de negociación”. A siete meses del fin de su gobierno, el presidente asume prioridades.
