El departamento de la Guajira ha ocupado un lugar estratégico en la política de transición energética de Colombia. Sus condiciones para la generación solar y eólica, sumadas a las profundas brechas de acceso al servicio eléctrico que persisten en comunidades rurales y dispersas, llevaron a que durante los últimos años se anunciaran importantes inversiones para ampliar la cobertura mediante fuentes renovables, especialmente en zonas rurales y dispersas del departamento (Ministerio de Minas y Energía, 2026).
La anterior apuesta por parte del gobierno de Gustavo Petro, entró en debate tras conocerse información sobre el proyecto para instalar 10.664 soluciones individuales solares fotovoltaicas en La Guajira, desarrollado mediante un convenio entre el Ministerio de Minas y Energía y la Empresa Distribuidora del Pacífico, Dispac. De acuerdo con información divulgada por Semana, los contratos asociados al proyecto superan los $300.000 millones y contemplan soluciones dirigidas principalmente a viviendas ubicadas en zonas rurales con dificultades de acceso al servicio de energía eléctrica (Semana, 2026).
Sin embargo, la tensión aparece cuando las cifras proyectadas se comparan con el avance reportado a pocas semanas del cierre contractual. Según la respuesta entregada por Dispac al mismo medio, entre el 30 de junio y el 18 de septiembre de 2026 el número de soluciones energizadas pasó de 150 a 862, lo que representaba aproximadamente el 8,1 % de las 10.664 previstas. Esto significaba que, para esa fecha, todavía quedaban miles de soluciones pendientes de energización mientras los contratos de obra tenían como plazo el 30 de noviembre de 2026 (Semana, 2026).
Sumado a los avances parciales del proyecto, se aumentaron interrogantes en su ejecución, debido a que según un recorrido realizado por la revisa Semana en las comunidades incluidas en el proyecto. El medio documentó casos de obras que todavía no habían comenzado, testimonios sobre equipos que presentarían fallas y sistemas solares instalados en viviendas que permanecían deshabitadas. También encontró familias que aseguraron haber sido censadas como potenciales beneficiarias, pero que todavía continuaban esperando la instalación de las soluciones solares (Semana, 2026).
Estos hallazgos abren una discusión que va más allá del porcentaje de ejecución contractual. ¿Acaso acelerar el cumplimiento de la política de transición energética significa únicamente instalar paneles solares, incluso cuando no existe una garantía clara de beneficio real para las comunidades? La transición no puede reducirse al número de sistemas instalados ni al cumplimiento de una meta física. No se trata de poner paneles porque sí, sino de garantizar que cada solución responda a una necesidad efectiva, llegue a una vivienda realmente habitada, sea utilizada por las familias previstas y contribuya de manera concreta a mejorar sus condiciones de vida.
En ese sentido, instalar infraestructura sin asegurar su pertinencia social, su funcionamiento y su sostenibilidad puede terminar convirtiendo una política de transición energética en una suma de equipos distribuidos en el territorio, pero desconectados de las necesidades reales de quienes deberían beneficiarse. Garantizar acceso a la energía implica mucho más que llevar un panel solar: supone caracterizar correctamente a las comunidades, verificar las condiciones de los hogares, acompañar la instalación, asegurar mantenimiento, fortalecer capacidades locales y comprobar que la solución efectivamente está transformando la vida cotidiana de las familias.
La pregunta de fondo, entonces, no es solamente cuántos paneles alcanzarán a instalarse antes de que termine el contrato, sino qué tan útil, justa y territorialmente pertinente está siendo la transición energética que se está construyendo en La Guajira.
Es importante tener presente que la eficacia de una solución solar no termina cuando se fija un panel sobre un techo o se entrega un equipo. Sino que, su sostenibilidad depende de que existan mecanismos de mantenimiento, reposición de componentes, capacitación para las familias y rutas claras de atención cuando aparecen fallas. En territorios rurales alejados, una avería que no pueda ser atendida rápidamente puede devolver a una familia a las mismas condiciones de exclusión energética que el proyecto pretendía superar. Por eso, el éxito de estas inversiones debería medirse también por su funcionamiento en el tiempo y no únicamente por el número de unidades reportadas como instaladas.
Finalmente, el caso pone sobre la mesa el significado mismo de una transición energética justa. En donde, se debe analizar si el verdadero propósito consiste en reducir desigualdades, democratizar el acceso a la energía y transformar las condiciones de vida de las comunidades, los resultados deben poder sentirse en los hogares o si por el contrario, termina reduciéndose al cumplimiento parcial de metas e informes de ejecución que no siempre reflejan beneficios reales en los hogares.
Bibliografía
Ministerio de Minas y Energía. (2025, 29 de octubre). El Gobierno nacional impulsa la mayor inversión en energía solar comunitaria en la historia de Colombia. Ministerio de Minas y Energía.
Ministerio de Minas y Energía. (2025). Gobierno garantiza vigencias futuras para asegurar la continuidad de las Comunidades Energéticas en Colombia. Ministerio de Minas y Energía.
Ministerio de Minas y Energía. (2026, 25 de abril). Gobierno nacional destina $350 mil millones para comunidades energéticas y acelera soluciones solares en La Guajira. Ministerio de Minas y Energía.
Ministerio de Minas y Energía. (2026, 8 de mayo). Gobierno expide resolución que institucionaliza el modelo tripartito para destrabar la transición energética en La Guajira. Ministerio de Minas y Energía.
Semana. (2026a). La sombra de Centros Poblados y Martha Peralta sobre contratos por $300.000 millones para instalar paneles solares en La Guajira durante el cierre del gobierno Petro.
Semana. (2026 , 28 de septiembre). Paneles en casas deshabitadas, fallas y comunidades a oscuras en La Guajira: SEMANA evidenció retrasos en el contrato solar por $300.000 millones.
