Orden público y seguridad en la semana de posesión: la prueba inicial del gobierno de Abelardo de la Espriella

La posesión de Abelardo de la Espriella ocurre en un momento de alta sensibilidad para el orden público colombiano. A una semana de la posesión presidencial, los grupos armados han exhibido capacidad para golpear a la Fuerza Pública en distintos territorios. El hecho más grave ocurrió el 1 de agosto en Cúcuta, donde un vehículo cargado con explosivos detonó cerca del Comando de Policía de Norte de Santander. La acción estuvo precedida por atentados contra mandos de la Policía en Puerto Santander y en la vía Zulia–Sardinata, mientras que, en Íquira, Huila, fue lanzado un artefacto explosivo contra la estación policial y en Ataco, Tolima, fueron asesinados dos uniformados en un hecho atribuido presuntamente a disidencias de las FARC.

El cambio de gobierno, más que inaugurar un período de estabilización inmediata, abre una disputa por la iniciativa política, militar y territorial entre el Estado y los grupos armados ilegales. La promesa de recuperar la seguridad en los primeros 90 días, junto con el ultimátum para que las estructuras criminales se sometan a la justicia, ha elevado las expectativas sobre resultados rápidos. Sin embargo, la dimensión, fragmentación y capacidad de adaptación de los grupos armados indican que los primeros meses serán, sobre todo, una prueba de la capacidad gubernamental para traducir el discurso de autoridad en control estatal.

El principal desafío consiste en evitar que la seguridad sea entendida únicamente como el aumento de operaciones ofensivas o la producción de resultados de alto impacto. La disputa actual no se limita a la confrontación militar, sino se expresa en la capacidad de los grupos para dominar corredores estratégicos, controlar economías ilegales, regular la vida cotidiana de las comunidades, cooptar autoridades locales y administrar el miedo mediante extorsiones, homicidios, confinamientos y amenazas. Por ello, la semana de posesión funciona como un momento de posicionamiento mutuo para las dos partes. Primero para el nuevo Gobierno que busca proyectar capacidad de coerción y segundo, para los grupos armados que pueden intentar demostrar que conservan la facultad de alterar el orden territorial y político.

La promesa de los 90 días.

La narrativa de seguridad de Abelardo de la Espriella se ha basado en un plan de choque de 90 días. La propuesta plantea el retorno de la Fuerza Pública a los territorios, acciones simultáneas contra estructuras de narcotráfico y extorsión, y la priorización de objetivos de alto valor. Entre sus anuncios más concretos se encuentra la expectativa de capturar o dar de baja a diez cabecillas relevantes durante el período inicial de gobierno.

No obstante, es importante revisar el alcance de esa promesa. Los 90 días no constituyen un horizonte realista para desmontar las estructuras armadas, transformar economías ilegales o recuperar integralmente territorios donde el Estado ha tenido una presencia intermitente. Incluso el propio Abelardo ha realizado una “reinterpretación” de su propuesta afirmando que no se trata de “recuperar la seguridad” de manera total en tres meses, sino de poner en marcha una estrategia que permita recuperar iniciativa, concentrar capacidades y obtener golpes operacionales a estas estructuras.

Desde esta perspectiva, el valor político de los primeros 90 días se centra en la producción de señales de control, es decir, operaciones contra cabecillas, incremento de capturas, incautaciones, destrucción de infraestructura ilegal, despliegues en áreas críticas y refuerzo de la seguridad urbana, estrategias que hay que mencionarlo, no se alejan de las que ya viene ejecutando el gobierno del presidente Petro. Sin embargo, el riesgo de esta lógica es que la presión por resultados rápidos privilegie acciones cuantificables como capturas, bajas, erradicación o incautaciones, sobre transformaciones más complejas y menos visibles, como el fortalecimiento de la justicia local, la protección comunitaria, la sustitución de rentas ilegales y la presencia institucional civil.

La promesa de choque también se acompaña de una ruptura discursiva con la política de negociación amplia. De la Espriella ha planteado que quienes permanezcan en armas deben someterse al Estado de derecho o enfrentar una persecución reforzada. Así pues, el mensaje es que no se ofrecerán nuevas concesiones políticas a las organizaciones criminales y el eventual sometimiento estará condicionado a las reglas legales, la entrega de información y la desvinculación de actividades delictivas.  

El ultimátum para el sometimiento fue presentado inicialmente con un plazo de un mes para que las organizaciones armadas y criminales definieran su posición frente al Estado. Y esta medida combina dos objetivos, el primero es diferenciar entre quienes manifiestan voluntad de abandonar la ilegalidad y quienes persisten en ella, y el segundo es otorgar legitimidad política a una estrategia de persecución concentrada contra las estructuras que rechacen acogerse a la justicia.

Sin embargo, la respuesta de los grupos evidencia que el sometimiento no es una decisión puramente declarativa. El Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, manifestó disposición a discutir una salida de sometimiento, pero condicionó esa posibilidad a garantías y a una discusión sobre los términos jurídicos del proceso. Su posición no equivale a una entrega incondicional, sino que expresa más bien un intento por preservar capacidad de negociación, obtener seguridad para sus integrantes y definir el tratamiento de bienes, penas, extradición y responsabilidades frente a las víctimas.

Esto revela un obstáculo persistente, que fue el talón de Aquiles de la política de Paz Total. El sometimiento requiere una Ley de Sometimiento que contemple ejes como las capacidades institucionales para verificar compromisos y mecanismos que eviten que las estructuras utilicen el proceso para ganar tiempo, reorganizar mandos o proteger activos ilegales. Es aspi, como el marco de sometimiento a la justicia, de acuerdo con los desarrollos normativos previos, supone que los integrantes de grupos armados organizados expresen su voluntad de abandonar definitivamente la criminalidad, colaboren con las autoridades y se sometan a procedimientos de investigación y judicialización.

Por tanto, el éxito de esta política no puede medirse solamente por cartas públicas, anuncios de voluntad o entregas individuales. Un sometimiento efectivo tendría que verificarse mediante la dejación de armas, la desvinculación de menores de edad, la entrega y extinción de dominio de bienes ilícitos, el esclarecimiento de redes de financiación y corrupción, y garantías de no repetición para las comunidades. Sin estos elementos, el sometimiento puede convertirse en un mecanismo de reacomodo de las estructuras, más que en una vía de desmantelamiento estructural de la criminalidad.

El panorama de orden público

El Gobierno entrante recibe un escenario de seguridad caracterizado por la coexistencia de múltiples actores armados, la fragmentación de las antiguas estructuras insurgentes y la expansión de economías ilegales. Informes recientes han advertido que varias organizaciones se fortalecieron en los planos militar, económico y político, incluso en medio de procesos de diálogo o aproximación con el Estado.

De acuerdo con el monitoreo de presencia armada realizado por la Fundación Paz & Reconciliación, para el 2026, los grupos armados organizados tienen presencia en 527 municipios distribuidos así: Ejército Gaitanista de Colombia EGC: 301 municipios;  ELN: 156 municipios; Estado Mayor Central EMC:134 municipios; Estado Mayor de Bloques y Frentes: 103 municipios; Segunda Marquetalia: 17 municipios; Coordinadora Nacional-Ejército Bolivariano:24 municipios; Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada:24 municipios; Frente 57: 15 municipios; Comuneros del Sur: 13 municipios; Autodefensas Unidas de Nariño: 5 municipios y EPL: 5 municipios. Respecto a la presencia de grupos armados, es importante resaltar que esta no se reduce a la ocurrencia de hechos violentos, sino que constituye una expresión territorial de control social, político y económico.