El 14 de febrero de 2026 se conocieron los primeros enfrentamientos entre el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), mejor conocido como el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). Los enfrentamientos se han registrado puntualmente en el corregimiento de Agua de la Virgen, zona rural del municipio de Ocaña, cerca de los límites de los departamentos de Norte de Santander y Cesar, específicamente en los municipios de Río de Oro y San Martín. El hecho deja por lo menos sesenta familias afectadas que se encuentran en condición de desplazamiento en Ocaña, Norte de Santander.
Entre tanto, el 6 de mayo de 2025, la Defensoría del Pueblo, presentó en Cúcuta, el informe “El Catatumbo después de la crisis: desafíos en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario” en el cual se realizaba una radiografía de los primeros meses de la situación humanitaria en el Catatumbo. Dentro de sus hallazgos, se planteaban diferentes escenarios de riesgo, pero dentro de los cuales retumbaba la llegada a la región del Clan del Golfo, el cual podría expandir su operación militar desde el sur del Cesar, Bolívar y el Magdalena Medio al Catatumbo. En medio de esta presentación el secretario de gobierno de Norte de Santander, George Quintero, también alertó sobre está incursión que se estaría desarrollando desde meses atrás.
Fuentes en terrenos indican que, a la par de los rumores de la llegada del Clan del Golfo, a comienzos de julio del 2025, también se empezaron a observar grafitis de las ACSN en la zona del comercio de Ocaña y de acuerdo con medios de comunicación, la organización de este grupo se estaría llevando en los corregimientos de Pueblo Nuevo y Agua de la Virgen para trasladarse al Catatumbo. Este grupo ya vendría realizando su incursión durante el segundo trimestre de 2025 al departamento del César, donde llegó a disputar el control territorial con el Clan del Golfo.
El municipio de Ocaña ocupa una posición estratégica dentro de Norte de Santander al funcionar como puerta de entrada al Catatumbo desde el interior del país y como punto de articulación vial con el sur del Cesar. Su localización en la intersección de corredores comerciales e históricos caminos de tránsito lo ha convertido en un espacio de intermediación económica y social, condición que ha favorecido la presencia recurrente de actores armados interesados en regular la movilidad y las rentas asociadas al transporte. En este municipio han coexistido guerrillas, estructuras posparamilitares y redes criminales urbanas vinculadas a economías ilícitas y extorsivas, lo que ha configurado un orden armado híbrido donde la disputa se concentra en áreas rurales periféricas y en la regulación del comercio local (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2023; Defensoría del Pueblo, 2025). En consecuencia, Ocaña no opera únicamente como escenario de confrontación sino como espacio de administración logística del corredor que comunica el Catatumbo con el Cesar y, posteriormente, con las rutas de salida hacia el Caribe.
Es así como los hechos registrados en el corregimiento de Agua de la Virgen no constituyen un evento aislado sino la expresión localizada de una disputa por el control de nodos de conectividad dentro del corredor nororiental. La convergencia entre expansión del Clan del Golfo desde el sur del Cesar y proyección territorial de las ACSN desde la Sierra Nevada sitúa a el municipio de Ocaña como zona de contacto entre circuitos criminales previamente diferenciados. Así, la confrontación observada responde a la necesidad de ambos actores de asegurar continuidad territorial sobre rutas que conectan frontera, producción y salida hacia mercados externos, lo que explica la rápida escalada de la violencia y el impacto inmediato sobre la población civil.
Dinámica de conflicto
Los enfrentamientos recientes entre el Clan del Golfo y las ACSN más allá de consolidarse como un escenario aislado de recomposición armada, responden puntualmente a la materialización de un proceso de expansión territorial acumulativo. Norte de Santander y particularmente la subregión del Catatumbo, ha sido históricamente un espacio de tránsito estratégico debido a su articulación simultánea con la frontera colombo-venezolana y con corredores que conectan el interior del país con el Caribe. Esta condición geográfica ha favorecido la persistencia de estructuras armadas interesadas en controlar economías ilegales como el narcotráfico, el contrabando de combustible y la minería ilícita (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2016; Comisión de la Verdad, 2022). A diferencia de otras regiones donde la disputa gira alrededor del control productivo, en el Catatumbo el valor estratégico radica en la conectividad territorial.
La frontera con Venezuela funciona como un sistema logístico más que como un límite político. En ella confluyen mercados legales e ilegales que permiten el flujo permanente de precursores químicos, armas, combustible subsidiado y capitales. Estas dinámicas reducen los costos operativos de los grupos armados y aumentan su resiliencia, pues garantizan abastecimiento continuo aun en contextos de presión militar estatal. De este modo, el control de la frontera no se orienta exclusivamente a la salida de mercancías ilícitas, sino al sostenimiento integral de la economía de guerra (Comisión de la Verdad, 2022). En consecuencia, la consolidación territorial depende menos de la ocupación rural permanente y más de la regulación de los flujos transfronterizos.
La conexión con el Caribe introduce una segunda escala dentro del circuito criminal: la exportación. Los corredores que atraviesan el Catatumbo hacia el Cesar y el Magdalena Medio articulan la producción cocalera con rutas marítimas internacionales. Bajo esta lógica, la renta principal no se origina en el cultivo sino en el transporte, razón por la cual los grupos armados buscan controlar nodos de movilidad antes que grandes extensiones territoriales. Municipios como Ocaña, por su ubicación entre departamentos y carreteras estratégicas, se convierten en puntos de estrangulamiento logístico donde es posible imponer impuestos, regular horarios de circulación y autorizar actores económicos. Así, el control territorial adopta la forma de gobernanza sobre la movilidad.
Este marco geográfico permite comprender la llegada progresiva del Clan del Golfo a la región. Desde comienzos de la década de 2010 se registra la presencia de la organización en el área metropolitana de Cúcuta, donde consolidó economías ilegales urbanas antes de proyectarse hacia zonas rurales (Defensoría del Pueblo, 2024). Este patrón reproduce un modelo observado en otras regiones del país: penetración económica, control social y posterior despliegue armado. La organización no coloniza territorios vacíos, sino que reactiva redes criminales heredadas del paramilitarismo y de estructuras posdesmovilización que ya operaban sobre la frontera (Comisión de la Verdad, 2022).
Por otro lado, es importante resaltar que este proceso de expansión debe analizarse además a escala regional. El EGC consolidó previamente presencia en la región Caribe y posteriormente avanzó hacia el sur del Cesar y el Magdalena Medio buscando integrar enclaves productivos con rutas de exportación. El Catatumbo aparece, así como el eslabón faltante de un corredor interregional continuo. De manera paralela, las ACSN buscan proyectarse desde la Sierra Nevada hacia el interior para mantener acceso a economías ilícitas fuera de su área tradicional de influencia. La confrontación entre ambos actores no corresponde entonces a una disputa local, sino a la superposición de dos proyectos de control logístico de alcance nacional.
Sumado a lo anterior, hoy también nos encontramos ante la intervención de factores internacionales que empiezan a tener repercusiones en las dinámicas internas del conflicto armado. La creciente presión internacional sobre rutas marítimas y la vigilancia sobre puertos ha incentivado el uso de corredores terrestres internos más complejos. Este cambio redistribuye la violencia hacia territorios intermedios porque aumenta el número de actores necesarios para transportar mercancías. Es así como, el Catatumbo deja de ser periferia productora y se convierte en nodo articulador entre frontera, interior y Caribe. En este escenario, controlar el territorio significa controlar la infraestructura invisible de circulación: carreteras secundarias, trochas, pasos fluviales y redes de intermediación social.
Finalmente, la convergencia territorial que hoy se configura en Ocaña permite proyectar un nuevo escenario de riesgo a este entramado de disputa que no deja de asediar al Catatumbo, es por ello por lo que resulta fundamental prever acciones que profundicen aún más las afectaciones humanitarias. Encontramos entonces, que este escenario está asociado a la superposición de intereses armados sobre un mismo corredor estratégico. A la disputa emergente entre el Clan del Golfo y las ACSN se suma la presencia histórica del ELN y de estructuras disidentes que mantienen injerencia en el Catatumbo, lo que podría derivar en confrontaciones multilaterales más que en un conflicto binario. En contextos de corredores logísticos, la entrada de un nuevo actor tiende a alterar equilibrios previos y a activar alianzas tácticas temporales o enfrentamientos simultáneos por tramos específicos de la ruta, incrementando homicidios selectivos, confinamientos y desplazamientos como mecanismos de regulación social (Defensoría del Pueblo, 2025; Comisión de la Verdad, 2022). Es así, como bajo este panorama, es casi que probable que la población civil quede expuesta a un proceso de fragmentación territorial donde distintos grupos intenten imponer normas diferenciadas de control, elevando el riesgo humanitario y la probabilidad de escalamiento sostenido de la violencia en la región.
Referencias.
Centro Nacional de Memoria Histórica. (2016). Recorridos por paisajes de la violencia: Bajo Catatumbo. CNMH.
Comisión de la Verdad. (2022). Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Magdalena Medio. En Hay futuro si hay verdad: Informe final.
Defensoría del Pueblo. (2018). Piden al ELN y disidencias del EPL detener escalada de violencia en el Catatumbo.
Defensoría del Pueblo. (2024). Defensoría del Pueblo emite alerta temprana para Cúcuta.
Defensoría del Pueblo. (2025). El Catatumbo padece la emergencia humanitaria más grande desde que hay registro en Colombia a causa del conflicto armado.
