Foto: Diario del Norte
Entre el 12 y el 19 de julio, al menos nueve mujeres fueron víctimas de feminicidio en Colombia: mujeres mayores, jóvenes y adolescentes asesinadas en ciudades como Medellín, Barranquilla, Bogotá y Cali, en un patrón que no es excepcional sino reiterado. Mientras tanto, varios alcaldes continúan privilegiando agendas de seguridad centradas en el control del crimen organizado sin integrar de manera efectiva políticas de prevención de violencias basadas en género, reproduciendo una inoperancia que no es solo técnica sino también política. Esta desconexión se agrava cuando, desde liderazgos locales, incluyendo figuras visibles como la primera dama de Cali, se emiten discursos que priorizan disputas ideológicas abstractas, como el “freno al comunismo”, por encima de la protección concreta de la vida de las mujeres, desplazando el enfoque de derechos y trivializando la gravedad de la violencia feminicida.
En ese contexto, el país conocía el asesinato de María Camila, de 21 años y con ocho meses de gestación, quien fue torturada y despojada de su bebé, un crimen que expone no solo la sevicia individual, sino también la ausencia de respuestas institucionales oportunas frente a riesgos previamente identificables. Lo ocurrido en esa semana evidencia la persistencia de un machismo estructural que atraviesa tanto a los agresores como a las instituciones, pues se consolida como un entramado donde la negligencia, la falta de priorización y los discursos que minimizan o desvían la atención terminan configurando condiciones de permisividad frente a la violencia. Detrás de cada caso no solo hay vidas truncadas, sino también fallas reiteradas del Estado en prevenir, proteger e intervenir de manera eficaz frente a un fenómeno que sigue siendo tratado como marginal, cuando en realidad es sistemático.
Foto: María Camila Potosí, imagen de Las igualadas, El Espectador. https://www.instagram.com/p/DbUWlGtkVcE/?img_index=1
El 12 de julio fue asesinada Rosa Mayerly Olaya Coronado en Soacha mientras trabajaba, en un caso que la Fiscalía ya judicializa como feminicidio agravado y que estaría precedido por meses de acoso tras rechazar a su agresor; al día siguiente murió Jhanet Estella Álvarez Rivera, de 52 años, en Medellín, hecho que se investiga como presunto feminicidio con su expareja como principal sospechoso, quien posteriormente se habría suicidado. En Sabaneta fue hallada sin vida la adolescente Melanie Sarahí Fajardo Rincón, de 17 años, en un caso bajo protocolo de feminicidio que apunta a su pareja, también fallecido, mientras que, en zona rural de Villamaría, Caldas, fue encontrada muerta Paola Gimena Osorio Zuluaga, de 38 años, previamente reportada como desaparecida y con antecedentes de violencia intrafamiliar, lo que activa hipótesis de feminicidio.
A estos hechos se suman los casos sobre los cuales la Defensoría del Pueblo emitió una alerta pública, los de María Camila Potosí en Cali, María Alejandra Castaño en el Líbano (Tolima), Herianny Montilla, de 16 años, en Barranquilla, y Yasleidis María Martínez, de 31 años, en Valledupar, solicitando investigaciones que permitan esclarecer contextos de violencia previa, vínculos con los agresores y posibles omisiones institucionales. El 19 de julio fue asesinada Danelly Marcela Del Valle Mendoza, de 22 años, en Soledad, Atlántico, tras una discusión en la que un hombre le disparó, hecho que aún no ha sido tipificado como feminicidio y permanece en etapa de investigación, configurando en conjunto un panorama que combina judicializaciones en curso, hipótesis en verificación y alertas tempranas sobre la persistencia de violencias letales contra mujeres.
A pesar de la gravedad de los casos ocurridos en julio, la persistencia de feminicidios en 2026 encuentra una secuencia en procesos que no han logrado avanzar hacia el esclarecimiento y la justicia. Muestra de ello es el caso de Ana María Meza, cuya muerte continúa sin resolverse, evidenciando no solo demoras investigativas sino también vacíos estructurales en la capacidad del Estado para garantizar verdad y justicia. Este tipo de situaciones prolonga la revictimización de las familias y refuerza un mensaje de impunidad que debilita cualquier apuesta preventiva.
En este contexto, las fallas del sistema no responden únicamente a la ausencia de herramientas, sino a barreras persistentes en su implementación. Así, tenemos rutas de atención fragmentadas que trasladan la carga institucional a las víctimas, seguimientos insuficientes a casos con antecedentes de violencia y una débil articulación entre entidades encargadas de la prevención, protección y judicialización. A esto se suma la falta de interoperabilidad de la información, la limitada capacidad de reacción frente a alertas tempranas y la tendencia a desestimar riesgos cuando no encajan en umbrales formales, lo que en la práctica impide intervenciones oportunas en contextos de violencia escalonada.
El caso de Bogotá resulta particularmente ilustrativo. A pesar de que la Alcaldía ha anunciado estrategias como el Sistema de Alertas Tempranas (SAAT), la Ruta Única de Atención y jornadas territoriales de sensibilización y prevención, la alta concentración de casos en la ciudad muestra que estas medidas no logran traducirse en protección efectiva. Casos recientes evidencian estas fallas: mujeres que habían reportado amenazas o contaban con antecedentes de violencia previa sin que se activaran medidas de protección oportunas, situaciones en las que las rutas institucionales no lograron evitar la escalada de la violencia y hechos en los que la respuesta estatal fue tardía o insuficiente.
En al menos tres casos ocurridos en 2026 en la ciudad se repite un mismo patrón, en el cual existían alertas previas, constituidas en denuncias por violencia intrafamiliar, solicitudes de ayuda o antecedentes de control y acoso; que no derivaron en acciones efectivas de protección, evidenciando fallas tanto en el seguimiento como en la articulación interinstitucional. Las razones no se limitan al diseño de las estrategias, sino a problemas en su ejecución. Pues es importante recordar, que la reducción en presupuesto y programas de la Secretaria de la Mujer, ejecutados por la alcaldía de Galán, se ha traducido en la baja cobertura real en territorios con mayor riesgo, dificultades de acceso para las víctimas, tiempos de respuesta que no corresponden a la urgencia de los casos y una débil articulación con la Fiscalía y la Policía para activar medidas de protección inmediatas. En ese sentido, más que la ausencia de política pública, lo que se evidencia es una brecha entre lo anunciado y lo implementado, donde las herramientas existen, pero no logran incidir de manera sustantiva en la reducción del riesgo, incluso en contextos donde este ya había sido advertido, sumado al interés constante de estas agendas en reducir, minimizar o invisibilizar agendas como las de protección a las mujeres y las diversidades.
Es así como el panorama descrito no solo da cuenta de la continuidad de las violencias feminicidas, sino también de un entramado institucional que, pese a contar con diagnósticos, rutas y sistemas, sigue fallando en su función más básica, que es prevenir la muerte de mujeres en contextos donde el riesgo ya había sido advertido. La repetición de estos hechos, sumada a la impunidad en casos no esclarecidos, plantea la necesidad urgente de revisar no solo las políticas existentes, sino las lógicas bajo las cuales se implementan.
Panorama de cifras
Poner la mirada sobre las cifras de feminicidio en el país permite dilucidar no solo el comportamiento mismo de la problemática, sino también las dificultades que existen a nivel institucional para medir la magnitud del fenómeno, lo cual puede profundizar las falencias en la implementación de acciones para abordarlo.
En cuanto a lo primero, según datos públicos de la Fiscalía General de la Nación, hasta el mes de junio del 2026 se han registrado 300 casos de feminicidio a nivel nacional. Esto, si bien significa una reducción frente al mismo periodo de los años 2024 y 2025 (del 22 % y el 13 % respectivamente), genera preocupación por el pico de 72 feminicidios ocurridos en marzo de 2026, siendo el más alto, en comparación con lo ocurrido el mismo mes los dos años anteriores.
Gráfica 1. Casos de feminicidio registrados por la Fiscalía. Comparativo mes a mes 2024-2025-2026
Elaboración: Fundación Pares. Fuente: Fiscalía General de la Nación.
Sin embargo, y como se mencionó anteriormente, se evidencian dificultades en la metodología que usa la Fiscalía para registrar y contabilizar los casos y sobre todo las víctimas de feminicidio, lo cual ha sido analizado desde Pares en el informe Vivir sin Miedo 2026 (Pares, 2026), sumado a que actualmente los datos que se encuentran para descarga pública no suministran información como rango etario, grupo étnico u orientación sexual y de género de la víctima, ni información sobre el presunto agresor, y tampoco diferencia –como en años anteriores- entre los feminicidios consumados y los feminicidios en grado de tentativa, lo cual genera múltiples problemas a la hora de realizar análisis más detallados para identificar patrones y tendencias, y simplifica demasiado el dato estadístico.
En cambio, registros como los realizados por el Instituto de Medicina Legal sí tienen en cuenta este tipo de variables en sus datos públicos, pero, por un lado, sus cifras mantienen una diferencia muy grande con las de la Fiscalía (con un total de 30 casos registrados en 2026 frente a los 300 de la Fiscalía) y por otro lado, como se evidencia en la gráfica 2, existen serias dificultades para conceptualizar y definir lo que es un feminicidio, pues en sus registros no clasifican, como tal, algunos casos de homicidio de mujeres que ocurrieron en contextos de agresiones sexuales, violencia de pareja o celos, lo cual sí podría ser expresión evidente de violencia de género que termina en un feminicidio.
Gráfica 2. Casos de homicidio contra mujeres en los que la circunstancia del hecho está asociada a Violencia Basada en Género (Ene 2025 – Abr 2026).
Elaboración: Fundación Pares. Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Cabe mencionar la concentración territorial de los casos de feminicidio registrados durante 2026, frente a lo que, según los datos de la Fiscalía, Bogotá concentra el 23,3 % del total de casos (con 70) a nivel nacional, seguido por los departamentos de Valle del Cauca (48), Antioquia (25), Santander (17) y Nariño (14).
Top departamentos por casos de feminicidio en 2026
Elaboración: Fundación Pares. Fuente: Fiscalía General de la Nación.
Si bien, para los tres primeros, esto responde principalmente a la concentración poblacional (siendo Bogotá, Cali y Medellín las ciudades más pobladas del país), no deja de ser necesario que se planteen medias urgentes para atender los casos de feminicidio, así como mitigar y prevenir su ocurrencia, lo cual implica abordar también de manera integral las VBG, que también se expresan en violencia sexual, violencia de pareja. Celos, discriminación en razón del género, violencia vicaria, o violencia intrafamiliar, entre otras.
Frente a este panorama, la pregunta es inevitable: ¿qué hará el próximo gobierno para prevenir los feminicidios y garantizar protección real antes de que las violencias escalen? En campaña se plantearon compromisos como fortalecer un sistema de alertas tempranas contra el feminicidio, sin embargo, los feminicidios no pueden separarse del lenguaje, las prioridades y los mensajes políticos con los que llegó al poder.
ADLE se ha presentado como defensor de la “familia tradicional” y se ha declarado contrario al aborto, aunque ha afirmado respetar la jurisprudencia vigente de la Corte Constitucional. Más aún, su relación con las mujeres y la prensa quedó cuestionada tras un episodio en el que realizó insinuaciones sexuales dirigidas a la periodista Laura Rodríguez durante una entrevista. Respecto a este caso, una jueza concluyó que esas expresiones vulneraron sus derechos a la dignidad, la no discriminación y la participación política libre de violencias de género, y ordenó al entonces candidato retractarse y ofrecer disculpas públicas.
Es así como no se trata de reducir la prevención del feminicidio a una controversia individual, sino de advertir que un gobierno que pretende responder a las violencias machistas debe rechazar de forma inequívoca todo discurso que sexualice, humille o deslegitime a las mujeres. Por ello, cualquier política pública deberá medirse no por declaraciones genéricas de protección, sino por la garantía efectiva de la autonomía reproductiva conforme al marco constitucional, el fortalecimiento de las rutas de atención y protección, y la capacidad estatal de prevenir que las alertas, denuncias y antecedentes de violencia culminen en nuevos feminicidios.
