¿Más combates, más seguridad?

En los últimos meses, el Gobierno ha exhibido una cadena de resultados operacionales que, en apariencia, ilustran el impacto de su ofensiva contra los grupos armados ilegales. En Antioquia, por ejemplo, el Ejército y la Policía reportaron la captura en Zaragoza de tres presuntos cabecillas del Clan del Golfo, alias Cocoliso, el Oso y Costa, así como la ubicación de laboratorios de procesamiento de coca y depósitos que sostenían esta economía ilegal en el Bajo Cauca. Respecto a las disidencias de las FARC, tropas de la Séptima División abatieron a alias Cinco, señalado como cabecilla armado del Frente 36, mientras que operaciones aéreas recientes en Arauca y Casanare han bombardeado campamentos bajo el mando de alias Antonio Medina, jefe del Frente 28 vinculado al control de rutas del narcotráfico[1]. A la par, la Fiscalía reactivó las órdenes de captura contra 31 integrantes de la cúpula del ELN tras una escalada de violencia en el Catatumbo que dejó decenas de muertos y miles de desplazados, enviando la señal de que tampoco habrá margen de impunidad para los mandos de esa guerrilla. Estos episodios, multiplicados en comunicados oficiales y ruedas de prensa, alimentan la narrativa de una mano estatal endurecida frente a las organizaciones armadas, y sirven como telón de fondo para interrogar qué tanto estos golpes alteran, en realidad, el poder territorial y económico de los grupos.

A finales de 2025, el Comando General de las Fuerzas Militares presentó un balance que, a primera vista, sugiere un golpe contundente contra los principales grupos armados del país: 13.971 integrantes de grupos armados organizados “neutralizados”, 12.415 capturas, 430 menores rescatados y 563 combates, lo que representa un aumento del 25% en la ofensiva respecto a 2024[2]. Este parte de victoria se acompaña de un discurso que subraya la “efectividad” y la “legitimidad” de la acción militar, y refuerza la idea de una mano estatal robustecida frente a las operaciones del Clan del Golfo, las disidencias de las FARC y el ELN.

Sin embargo, cuando se contrastan estas cifras con los datos sobre expansión y recomposición de los grupos armados ilegales, la fotografía cambia: lejos de retroceder, la presencia territorial de estas organizaciones creció de manera sostenida. Según el Balance de Grupos Armados 2025 de la Fundación Paz y Reconciliación, entre 2019 y 2025 el número de municipios con presencia de al menos un grupo armado pasó de 195 a más de 410, lo que representa un aumento superior al 110 %. El Clan del Golfo amplió su presencia municipal en un 96 %, pasando de 82 a 161 municipios, mientras que las disidencias de las FARC crecieron un 90 %, de 156 a 296 municipios, y el ELN incrementó su huella territorial en un 20 %, alcanzando 231 municipios. Esta expansión no se mide únicamente en número de combatientes, sino en la capacidad de ejercer “coerción, regulación informal, administración de economías ilícitas y control social, aun cuando no exista un registro persistente de hechos violentos” (PARES, 2025, p. 7).

Una ofensiva récord que no frena el crecimiento

El balance oficial destaca que los grupos más afectados por la ofensiva de 2025 fueron el Clan del Golfo, el Estado Mayor Central al mando de Iván Morsdisco, el Estado Mayor de Bloques y Frentes al mando de Calarcá, el ELN y la Segunda Marquetalia, todos señalados como Grupos Armados Organizados (GAO) y GAO residuales. La neutralización de 13.971 integrantes se presenta como un hito en seguridad, apoyado en el fortalecimiento de la inteligencia y la coordinación entre Ejército, Armada y Fuerza Aeroespacial, y enmarcado explícitamente en el respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.

No obstante, en paralelo a esta ofensiva, el número total de integrantes de grupos armados ilegales aumentó significativamente, alcanzando más de 27.000 hombres y mujeres en armas y estructuras de apoyo, con una expansión territorial que abarca centenares de municipios. En otras palabras, mientras el Estado exhibe cifras récord de combates y capturas, los grupos armados logran mantener e incluso ampliar su huella territorial, lo que pone en cuestión la capacidad de la estrategia militar para producir transformaciones estructurales más allá del plano numérico.

Control territorial: más que hombres en armas

El problema de fondo radica en cómo se mide el “éxito” frente a los grupos armados. La categoría de “neutralizado”, que agrupa muertos en operaciones, capturados, sometidos, desmovilizados y menores recuperados, es útil para evaluar la intensidad de la presión militar, pero dice muy poco sobre el tipo de poder que estas organizaciones ejercen en los territorios. Numerosos estudios sobre conflictividad armada en Colombia han mostrado que el control territorial no se reduce al número de fusiles, sino que se expresa en la capacidad de imponer normas, vigilar la población, administrar corredores estratégicos y extraer rentas de economías legales e ilegales.

Informes como el de Indepaz, habla sobre dinámicas territoriales de la violencia describen los llamados “corredores de la muerte” como entramados logísticos donde se articulan producción de coca, minería ilegal, tráfico de armas, contrabando y articulación con centros urbanos, en los cuales los grupos armados operan más como empresas criminales diversificadas que como frentes guerrilleros clásicos. En estos corredores, el poder se ejerce a través de dispositivos de vigilancia comunitaria, cobro de “impuestos” a comerciantes y transportadores, control de horarios y rutas de movilidad, intermediación en conflictos locales y regulación de mercados, muchas veces sin necesidad de desplegar grandes contingentes armados de forma visible.

Desde esta perspectiva, un grupo puede perder decenas de combatientes en un año sin que su autoridad de facto se erosione de manera sustantiva si conserva el dominio de los corredores, las alianzas con actores locales y el control de las economías ilícitas y grises[3]. La ofensiva militar, medida en capturas y combates, representa apenas la parte más visible del fenómeno, mientras que la gobernanza armada continúa operando bajo la superficie estadística.

La adaptación de los grupos a la ofensiva estatal

La aparente contradicción entre más combates y más grupos armados se explica, en buena medida, por la capacidad de estas organizaciones para adaptarse a las lógicas de persecución estatal. En los últimos años, los grupos armados han tendido a alejarse de enfrentamientos directos y sostenidos con la Fuerza Pública, privilegiando formas de violencia selectiva y de menor exposición: emboscadas puntuales, uso de explosivos improvisados, sicariato, amenazas, confinamientos y desplazamientos forzados silenciosos.

Este cambio táctico reduce la frecuencia de combates convencionales, pero no supone una disminución del control territorial; por el contrario, puede facilitarlo, al reducir costos militares y políticos y al dejar el peso de la coacción sobre estructuras locales, terceros armados o redes criminales tercerizadas. La conflictividad se esconde parcialmente de las estadísticas militares clásicas y se vuelve más visible en indicadores como desplazamientos, confinamientos, masacres, homicidios selectivos o aumento de la extorsión, que suelen aparecer en registros de entidades civiles, organizaciones sociales y sistemas de información de víctimas más que en partes de guerra.

Este patrón se observa tanto en el Clan del Golfo como en las disidencias de las FARC y el ELN. Mientras el Estado reporta capturas relevantes de cabecillas y mandos medios, como alias “Nacho”, “Terror” o jefes regionales de estructuras residuales y presenta estas operaciones como golpes decisivos, las organizaciones ajustan sus cuadros de mando, incorporan nuevos reclutas, y, sobre todo, preservan los nodos de su poder económico y territorial.

La brecha entre el discurso de la “mano dura” y la realidad territorial

En el plano discursivo, el Gobierno nacional y la cúpula militar enfatizan que la ofensiva de 2025 y lo que va de 2026 es prueba de una “mano fuerte” frente a las organizaciones armadas, y la articulan con la promesa de proteger a la población y reafirmar la soberanía del Estado en todo el territorio. El lenguaje de la “neutralización” y de los “golpes” genera la impresión de un retroceso sistemático de los grupos armados, y encaja bien en marcos narrativos de lucha contra el crimen organizado y defensa del orden.

Sin embargo, los datos sobre expansión de estos grupos, un crecimiento agregado de más del 23 % en un solo año, sugiriendo que los resultados operacionales no se traducen automáticamente en una reducción del conflicto armado, sino que coexisten con su reconfiguración y diversificación. El riesgo es que la política pública quede atrapada en una especie de “carrera de ratones” en donde el ratón que corre en una rueda se mueve sin parar, pero siempre queda en el mismo lugar. Es decir, cada año se reportan más capturas, más combates y más cabecillas abatidos, pero las estructuras armadas se reproducen, cambian de nombre, se desplazan geográficamente y se insertan en nuevos mercados ilegales.

Frente a esta evidencia, la discusión sobre seguridad no puede reducirse a contar hombres neutralizados o combates registrados, sobre todo cuando la propia estadística oficial muestra que la Fuerza Pública ha desplegado una ofensiva sostenida contra las economías ilegales que alimentan a los grupos armados. Solo en enero de 2026 se incautaron más de 56.000 kilos de cocaína, cerca de 48.400 kilos de hoja de coca, más de 9.200 kilos de pasta y base de coca, casi 23.000 kilos de marihuana y se destruyeron 405 infraestructuras de producción de drogas ilícitas, junto con la incautación masiva de insumos químicos. En el mismo periodo, la acción contra la extracción ilícita de minerales dejó 91 capturas, la intervención de 604 minas y el decomiso de 236 máquinas entre retroexcavadoras, dragas y otra maquinaria pesada. Estos resultados muestran que existe un esfuerzo real por golpear las bases económicas de los grupos armados; la discusión de fondo ya no es si se está actuando sobre estas economías, sino si el alcance de estas operaciones es suficiente para desmantelar de manera sostenible las lógicas de control territorial y económico que sostienen a las organizaciones armadas, y si se articula con transformaciones de la relación entre el Estado y las comunidades en donde los grupos armados hacen presencia permanente.

[1] Antonio Medina se encuentra asociado al control de rutas de narcotráfico en los Llanos Orientales, especialmente en el eje Arauca–Casanare y su conexión con la frontera venezolana. Según fuentes de inteligencia citadas en medios, su estructura mantiene influencia en corredores estratégicos usados para mover droga y armas desde zonas rurales de Arauca y Casanare hacia pasos fronterizos en el estado Apure (Venezuela), lo que facilita la salida de cargamentos hacia mercados internacionales.

[2] https://laveintitres.com/fuerzas-militares-neutralizan-13971-miembros-de-gao-en-2025/

[3] Corresponde a esas capas de la economía que no son abiertamente ilícitas, pero funcionan en la frontera entre lo formal y lo informal, permitiendo a los grupos armados capturar rentas sin aparecer directamente como narcotraficantes o mineros ilegales. Los circuitos de contratación pública, transporte, comercio local, servicios urbanos o rurales, donde los grupos cobran peajes, extorsiones o “seguridad”, y que no aparecen en los indicadores clásicos de narcotráfico, pero son cruciales para su sostenibilidad.