En la madrugada del 3 de enero de 2026, alrededor de las 2:00 a. m. (hora local), se registraron explosiones, sobrevuelo de aeronaves y cortes parciales de energía en distintos sectores de Caracas. Horas más tarde, el gobierno de Estados Unidos reconoció la realización de una operación militar en territorio venezolano. La Casa Blanca sostuvo que se trató de una acción limitada de seguridad internacional orientada a capturar a un alto jefe del narcotráfico, enmarcándola dentro de las facultades del Ejecutivo para combatir organizaciones criminales transnacionales. De acuerdo con reportes de medios estadounidenses citando fuentes oficiales, la operación habría involucrado fuerzas de operaciones especiales[1].
Desde Caracas, el gobierno venezolano calificó los hechos como una agresión militar contra la soberanía nacional y denunció que se trató de una operación con fines de cambio de régimen. En paralelo, en Washington surgieron cuestionamientos políticos y jurídicos —incluyendo voces en el Congreso— sobre la legalidad de la acción, en particular sobre si la magnitud y naturaleza de la operación requerían autorización legislativa conforme a la Constitución estadounidense y a la War Powers Resolution. Así, el episodio se inscribe en una zona gris jurídica y política, con interpretaciones contrapuestas sobre si se trató de una operación antinarcóticos puntual o de un acto de fuerza con implicaciones explícitas de intervención y reconfiguración del poder político en Venezuela. (France 24, 2026)
Desde la Fundación Paz y Reconciliación (PARES) nos sumamos a las voces expertas que consideran que la operación militar adelantada por Estados Unidos en Venezuela presenta serios vicios de legalidad. Si bien la fiscal general Pam Bondi afirmó en redes sociales que los responsables “pronto enfrentarán todo el peso de la justicia estadounidense en tribunales estadounidenses”, el propio presidente Donald Trump, en una rueda de prensa posterior, fue más allá al acusar a Venezuela de “robar intereses petroleros de Estados Unidos” y anunciar que Washington tomaría control del país y lo administraría por un periodo de tiempo, sin ofrecer mayores precisiones. Esta combinación de argumentos —presentar la acción simultáneamente como una operación puntual de aplicación de la ley y como el inicio de un control prolongado sobre otro Estado— ha sido duramente cuestionada por expertos en derecho internacional y constitucional. Como señaló Jeremy Paul, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Northeastern, “no se puede afirmar que se trató de una operación de cumplimiento de la ley y, acto seguido, sostener que ahora es necesario gobernar el país; esa posición simplemente no tiene sentido”. A la luz de estos elementos, PARES considera que la actuación estadounidense se inscribe en una zona gris jurídica que vulnera principios fundamentales del derecho internacional, en particular la prohibición del uso de la fuerza y el respeto a la soberanía de los Estados (Hals, 2026).
Desde hace años, en la Fundación Paz y Reconciliación (PARES) hemos rechazado de manera consistente el autoritarismo del régimen de Nicolás Maduro, el despojo sistemático de las garantías electorales y el robo de elecciones en Venezuela, así como la violación reiterada y documentada de los derechos humanos. Hemos estado del lado de las y los líderes sociales venezolanos, de defensores y defensoras de derechos humanos perseguidos, y hemos abogado de forma permanente por su libertad, protección y reconocimiento internacional. De igual manera, hemos denunciado la presión y vulneración de los pueblos indígenas amazónicos venezolanos, el control territorial ejercido por actores violentos sobre sus territorios ancestrales y la complacencia del régimen con redes de corrupción, violencia y narcotráfico. Sin embargo, nada de lo anterior puede servir de justificación para una violación flagrante de la soberanía ni para una intervención militar directa, que abre una puerta profundamente peligrosa para América Latina: una región marcada por democracias frágiles, cuya reconstrucción institucional nos ha tomado décadas tras dictaduras dolorosas, conflictos armados prolongados y tragedias humanas que no pueden repetirse bajo nuevas formas de excepcionalismo.
Por esa razón —y dejando constancia de que los hechos han ocurrido muy recientemente y que parte de la información disponible continúa en verificación—, desde la Fundación Paz y Reconciliación (PARES) nos permitimos presentar un análisis preliminar de actores y escenarios para la opinión pública. Nuestro propósito es contribuir a entender lo que está ocurriendo, anticipar lo que podría suceder en el corto y mediano plazo, y dimensionar sus posibles consecuencias militares, políticas y económicas para Colombia, en su condición de país vecino que comparte con Venezuela una frontera terrestre de 2.219 kilómetros y, por tanto, enfrenta retos comunes en materia de seguridad fronteriza, movilidad humana, economías ilegales, gobernanza territorial y estabilidad regional.
Para este propósito, presentamos un análisis preliminar que parte de los hechos verificables disponibles hasta el momento, continúa con una lectura de actores, intereses y posiciones en disputa, y desemboca en un análisis de escenarios para el corto y mediano plazo. Cerramos con una identificación de posibles consecuencias para Colombia, tanto en el plano de seguridad y defensa como en el político, humanitario y económico, en su condición de país vecino y directamente expuesto a los efectos de una crisis que reconfigura el equilibrio regional.
[1] Los hechos centrales y las afirmaciones sustantivas se apoyan en Reuters, AP, CBS, El País, The Guardian, Bloomberg, France 24 y Al Jazeera, artículos que pueden ser consultados en la bibliografía del presente informe.
