El 8 de noviembre de 2018 fue encontrado muerto en su cabaña, en Subachoque, el controller de Corficolombiana Jorge Enrique Pizano. La primera versión de los medios fue un infarto. Tres días después, viajó desde Bogotá su hijo Alejandro, acompañado por su esposa, quien tenía siete meses de embarazo. Ya habían enterrado a Jorge Enrique y Alejandro, incluso, había leído un sentido homenaje. Iban a llevarse algunos objetos de la casa. El joven arquitecto se sentó en el escritorio y vio que había una botella de agua en la mesa. Bebió de ella. Lo que recuerda su esposa fue ver cómo el rostro del joven se descomponía. “Esto sabe maluco”, alcanzó a decir. Luego se desplomó. Estaba muerto. Acababa de ingerir cianuro. Entonces surgió una nueva hipótesis: acosado por una precaria situación económica, echado de Corficolombiana sin haber sido liquidado, bloqueado, perseguido por la Fiscalía, como se lo había contado a su amiga, la periodista María Jimena Duzán, y enfermo de un cáncer linfático, Pizano se encontraba en horas extremas. La salida del suicidio podría ser una razón, también un infarto, la pregunta que se empezó a hacer la familia era ¿Por qué Jorge Enrique estaba así?
Todo cambió cuando, haciendo una auditoría en Corficolombiana, algo que había pedido la misma corporación, descubrió que, cuando esta empresa, que es propiedad de Sarmiento Angulo, se asoció con los brasileros de Odebrecht, pagaron coimas a altos funcionarios del gobierno Santos para quedarse con contratos multimillonarios, como el de la construcción de la ruta del sol II. Cuando le contó esto al que creía su amigo, el abogado de Corficolombiana, Néstor Humberto Martínez, él le respondió, como pudimos escuchar los colombianos gracias a las grabaciones que el mismo Pizano había hecho: “Jijiji, esos son coimas maricas”, reconociendo que esas prácticas se hacían dentro de Corficolombiana. A partir de allí, empezó una persecución contra el auditor.
Por decisión de la familia, el cuerpo de Pizano fue cremado y no se le hizo autopsia. Cuando pasó lo de Alejandro, las alarmas se encendieron. Además, pasó algo muy extraño y es que la Fiscalía irrumpió en el lugar donde sucedió todo, en la cabaña de Subachoque, y hubo algún tipo de alteración de la escena, hasta el punto de que el fiscal Martínez se llevó una tablet con información valiosa y luego se la entregó a la viuda de Pizano. Esto es una clara violación de la cadena de custodia.
Martínez emprendió una rueda de medios intensa. Quería mostrar a Pizano como una especie de paranoico compulsivo, “que todo lo grababa”. Gracias a María Jimena Duzán, se comprobaron varias cosas: primero, que el controller se sentía perseguido; segundo, que ya había hablado con autoridades norteamericanas, especialmente con el FBI, y que pensaba entregar información y ser testigo protegido, ya que era la única forma de salvarse. Al menos pensaba él. Además, se comprobó que la relación de la familia Pizano con Néstor Humberto era más por la amistad que unía al hijo del entonces fiscal con Alejandro. Lo querían hasta el punto de llamarle “Totuma”. Muchos años después, los Pizano ataron cabos y se sintieron manipulados por esa relación.
Por eso, en febrero de 2025, la familia Pizano, defendida por Miguel Ángel del Río, demandó al exfiscal Néstor Humberto Martínez por las dudas que tienen sobre la investigación en el caso de las muertes de Jorge Enrique y Alejandro. Hay serios indicios de que la escena del crimen pudo haber sido alterada, incluso en lo que al cianuro se refiere.
Desde febrero de 2025 no sabemos nada del caso. En redes, esta pregunta se ha elevado y los ciudadanos necesitamos saberlo. ¿Qué tanta injerencia tuvo el abogado Néstor Humberto Martínez, que en ese momento era fiscal, a la hora de hacer la investigación? ¿Por qué la querían engavetar? Todas esas preguntas deben responderse, porque detrás de todo esto está la figura del hombre más poderoso del país: Sarmiento Angulo.
