Este 18 de septiembre terminó el primer ciclo de negociación entre el Clan del Golfo y el gobierno Petro en Doha, capital de Catar. Alguna de las frases más relevantes que quedaron de estos encuentros fue la que soltó el emisario de este grupo armado ilegal: “No somos paramilitares”. El EGC y el gobierno presentaron una declaración en conjunto que llamaron “proceso para la Desmovilización y la construcción de paz con el pueblo en los territorios”. Entre los avances está el compromiso por parte del Ejercito Gaitanista Colombiano, nombre con el que también se le conoce, en respetar el próximo año las elecciones presidenciales y también ayudar en el proceso de desminado.
Desde la línea de Paz de la fundación Pares hemos seguido atentantemente el desarrollo de estos diálogos. Francisco Daza, coordinador de la línea, destacó que cinco municipios, según el comunicado público, de Chocó y Antioquia, servirán de laboratorio para procesos tan necesarios como la sustitución de cultivos. Estos municipios son, Mutatá en Antioquia, Acandí, Belén de Bajirá, Riosucio y Unguía en Chocó.
El Clan del Golfo tiene influencia en 299 municipios de país, sobre todo en Chocó y Antioquia. Para Daza “Este paquete de acuerdos se territorializa en estos departamentos porque son claves para su operación armada. Como parte de este paquete de compromisos iniciales hay una pedagogía de cultivos ilícitos, esta es una iniciativa importante que acompaña este proceso de sustitución voluntaria”. El coordinador de nuestra línea de paz nos recuerda que si bien esta iniciativa es loable, hay que recordar que, según datos entregados por la fundación Paz y Reconciliación, el cultivo de coca en estos municipios no es elevado a excepción de Riosucio que cuenta con 643 hectáreas de coca.
Otro de los aspectos en los que se pudo avanzar fue en el censo “a posibles menores de edad articulados a este grupo armado. Con esto se busca articular estos casos directamente con el ICBF. Hasta el momento no hay una cifra exacta de cuantos menores de edad forman parte de este grupo”.
El comunicado también habla de un problema que ha surgido en los últimos años en Chocó y que se ha mitigado producto del endurecimiento de Washington y es el tema de la migración irregular. “Es conocido que el EGC ha tenido control del paso y del flujo migratorio de personas en el Darien, como parte de su portafolio. Esto le concierne no sólo a migración Colombia sino también al ministerio de ambiente y desarrollo para tener una atención sobre el bioma en estos cinco municipios” Es fáctico comprobar el impacto ambiental que ha tenido el flujo migratorio en el Darién, uno de los lugares donde mejor se conserva la biodiversidad en el continente. En el comunicado se ve que en las negociaciones hay una agenda de corte ambiental buscando proteger los recursos naturales. En el Chocó la extracción minera desaforada y la desforestación hacen mella constante.
A pesar de los avances hay zonas grises, una de ellas es la falta de claridad sobre si va a haber o no un cese al fuego con el Estado, más que con otros grupos. “No se habla de compromisos de disminución de combates con grupos como el ELN en Chocó que tiene una batalla constante con el EGC o las disidencias en Antioquia que se baten contra el ELN y el Clan del Golfo”. Puntualizó Daza en su análisis.
