El pasado viernes 13 de marzo se cerraron las inscripciones para candidatos y sus fórmulas para la Presidencia y Vicepresidencia de Colombia. Tras una larga campaña que se inauguró con la prematura salida de Victoria Eugenia “Vicky” Dávila al ruedo electoral en enero de 2025, de las más de 80 candidaturas que hubo el año pasado, a hoy quedaron 14 que saldrán en el tarjetón el próximo 31 de mayo y serán las que compitan por pasar a la segunda vuelta o, en un caso particular, logren llegar en primera.
Todas ellas, con sus fórmulas vicepresidenciales definidas, comenzarán una carrera de fondo de dos meses y medio para llegar al Solio de Bolívar, en medio de un escenario altamente radicalizado a nivel político, y con dos opciones encabezando la disputa electoral.
—La pluralidad de figuras habla de un sistema político más fragmentado y politizado
Desde hace casi más de 28 años que no se ven unas elecciones tan nutridas en candidatos para la Presidencia de la República. Los últimos comicios con una alta cantidad de candidatos fueron en 1994, donde el tarjetón electoral tuvo a 18 candidatos en primera vuelta. Luego, en 1998 bajaron a 13 candidatos, en 2002 hubo 11, en 2006 hubo solo 7 candidatos, mientras que en 2010 hubo 9, en 2014 hubo solo 5 candidaturas, en 2018 hubo 8, igual que en 2022, hasta ahora que volvemos a subir a más de una decena de opciones.
Esto es importante, porque es posible señalar que las variaciones en la cantidad de candidatos estarían relacionadas con momentos de transición política y momentos de estabilidad en ciclos cortos. La cifra de candidatos aumentó, por ejemplo, luego de la firma del acuerdo de paz de 2016, al mismo tiempo que las elecciones inmediatamente posteriores a la firma de la Constitución de 1991 era amplia y variopinta, pero se fue reduciendo conforme el uribismo se asentó en el poder, y también durante toda la época del proceso de paz.
Del mismo modo, para este ciclo electoral de 2026, hay un elemento novedoso en el aumento de esta cantidad de candidaturas, que está relacionado con la alta polarización y radicalización política que ha generado el cambio en las discusiones políticas públicas, que se han venido desplazando del eje sobre el conflicto armado y la paz como salida negociada, hacia las demandas redistributivas y las disputas socioculturales como principal factor de movilización por estas candidaturas.
Esto, en tanto en las encuestas las candidaturas que estarían figurando con mayor fuerza con las que están relacionadas de manera directa con estos ejes de discusión. Los progresismos, encarnados en el Pacto Histórico y en la candidatura de Iván Cepeda a la presidencia y Aída Quilcué a la vicepresidencia, dominan ahora mismo el marco de redistribución socioeconómica con un programa de gobierno que hace mucho énfasis en la justicia social y en políticas de redistribución más profundas.
Curiosamente, para las elecciones de 1994, las últimas que tuvieron una cifra muy alta de candidaturas, el entonces candidato de la Alianza Democrática M-19 (AD-M19), Antonio Navarro Wolff, tuvo como fórmula vicepresidencial al líder indígena Jesús Piñacué Achiqué.
Por otro lado, las nuevas derechas, encarnadas en el uribismo tradicional de Paloma Valencia y su fórmula, Juan Daniel Oviedo, junto con la extrema derecha emergente en el país en cabeza de Abelardo De La Espriella y Juan Manuel Restrepo, pretenden darse la discusión sobre el eje sociocultural, con un sorprendente giro hacia la moderación por parte del uribismo (que tienen como cabeza a una mujer a la presidencia y a una persona de la comunidad LGBTI como su fórmula), y con una radicalización del discurso de la “batalla cultural” por parte de los sectores más ultraderechistas en estas elecciones.
—La definición de las fórmulas vicepresidenciales muestran el carácter ideológico de este ciclo electoral
Las fórmulas vicepresidenciales que se han ido confirmando en las últimas horas no son simples decisiones de cálculo electoral, sino que funcionan como señales que permiten leer con mayor claridad el estado de cada proyecto político, sus tensiones internas y la dirección estratégica que cada candidatura ha decidido priorizar de cara al 31 de mayo.
La decisión de Iván Cepeda de nominar a Aída Quilcué como su fórmula vicepresidencial se muestra, ante todo, como un mensaje político hacia adentro del bloque progresista, en el que el centro de gravedad de su eventual gobierno serán los movimientos sociales y no la moderación hacia el centro del espectro político. Esto lo distingue de la trayectoria que siguió el gobierno Petro en 2022, cuando la nominación de Francia Márquez fue en buena medida el resultado de una presión acumulada (los 700 mil votos de la consulta presidencial del Pacto Histórico) que terminaron alterando el cálculo original de la fórmula.
Cepeda, en cambio, tomó la decisión en sentido inverso. Priorizó la movilización de las organizaciones sociales para la primera vuelta, dejando el cálculo de atracción al centro para un eventual escenario de segunda vuelta. Esto es importante porque implica que Cepeda también estaría buscando repolitizar de forma independiente al bloque de unidad, en un momento en que un sector relevante de los progresismos ha empujado la tesis de que lo más urgente es el acercamiento a ese centro político.
La nominación de Quilcué marca, entonces, un doble contraste, tanto con esos sectores del progresismo que buscaban usar la vicepresidencia como puente hacia el centro, como con varias facciones con posturas conservadoras en lo social dentro del Pacto Histórico que no esperaban que una mujer de origen étnico distinto al hegemónico llegara a ser fórmula.
Por otra parte, el anuncio de Abelardo de la Espriella de nominar a José Manuel Restrepo como su fórmula vicepresidencial puede leerse, a primera vista, como un acercamiento tanto hacia los grandes empresarios, como hacia la tecnocracia, impulsado por los sectores libertarios del movimiento, y que busca enviar tres mensajes simultáneos. El primer mensaje es que De La Espriella defendería el modelo tradicional de administración pública y de gestión del Estado. El segundo estaría relacionado con un mensaje de tranquilidad institucional, con el que Abelardo pretende convencer a ciertos sectores económicos que las medidas de su eventual gobierno no alterarán el modelo de Estado ni de mercado existente. Tercero, un guiño hacia los sectores más técnicos de la derecha, que hasta ahora han mirado su candidatura con distancia. La moderación, si llegase, sería un efecto indirecto, no el propósito central de esta decisión.
Del mismo modo, la confirmación de Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, junto con las nominaciones de Edna Bonilla por Sergio Fajardo y de Martha Lucía Zamora por Roy Barreras, obligan a formular varias preguntas que van más allá del cálculo inmediato de votos.
La más relevante es hasta dónde pudo haber cedido el uribismo en su propio programa político y hasta dónde cedió Oviedo en sus líneas rojas, para haber llegado a ese acuerdo. Es cierto que Valencia espera contar con el caudal electoral de Oviedo, pero el riesgo real está en si la cesión programática no terminará de alejar a sectores del Centro Democrático que son demasiado conservadores para aceptar que una persona LGBTI llegue al gobierno, o que no están dispuestos a tolerar que su discurso quede anclado en la aceptación de los resultados del Acuerdo de Paz.
No obstante, Uribe ya había pedido flexibilidad ideológica a su partido y Valencia había moderado su discurso con anterioridad. Lo más probable es que este acercamiento pueda terminar desencadenando hacia el futuro un proceso mucho mayor de disgregación hacia un escenario post-uribista. El mismo fenómeno ocurre del otro lado. Los diversos votantes de Oviedo también pueden distanciarse de él por su acercamiento al uribismo, sobre todo si quien votó por el exdirector del DANE es un votante de centroderecha no-uribista que precisamente definía su identidad electoral en oposición a ese bloque.
Fajardo, por su parte, llega con un sector del llamado “claudismo” que ya se está plegando a él. La nominación de Bonilla muestra que está dispuesto a devorar los restos del bloque político de Claudia López, a sabiendas de que Claudia no tiene suficiente capital político para llegar a segunda vuelta. La disputa de Fajardo apunta a la centroderecha no-uribista urbana y a la centroizquierda no-progresista, con la aspiración mínima de asegurar la tercería. El problema es que Fajardo ha estado intentando reconstruir el mismo electorado que tuvo en 2018 sin haberse dado cuenta de que ese votante está hoy fragmentado, reducido y, en buena parte, reubicado en otras candidaturas.
Roy Barreras, de manera muy particular, está recogiendo los rezagos que han dejado sectores del progresismo críticos con Petro. Con el presidente aceptando la realidad de que no tiene con qué oponer una figura a Cepeda y plegándose a su candidatura sin muchas opciones más allá, a Barreras no le ha quedado de otra sino rodearse de figuras políticas que salieron del gobierno precisamente por sus posturas críticas al mismo. Sin embargo, esta también es una candidatura que no tiene suficiente capital electoral para sostenerse en primera vuelta, y que pareciera estar tendiendo ya los puentes de regreso hacia Cepeda. En este caso, decidió elegir a Martha Lucía Zamora como su candidata vicepresidencial, haciéndole un guiño hacia los sectores críticos que hicieron parte del gobierno Petro, para conformar su bloque político hacia el futuro.
—Lo que revelan estas fórmulas sobre el estado del campo político
En conjunto, la definición de estas fórmulas vicepresidenciales confirma tres lecturas estructurales. La primera es que Valencia le cede espacio ideológico a Oviedo porque el uribismo sabe que su caudal propio ya no alcanza, por lo que esa cesión es la muestra más visible del post-uribismo emergente como fenómeno real dentro del Centro Democrático. La segunda es que resulta mucho más difícil tender puentes pragmáticos entre candidaturas de lo que parecía. En este caso, la disputa ideológica está pesando más que los acuerdos políticos, lo que hace que cualquier intento de coalición cargue con costos electorales altos para ambas partes. La tercera es que los electorados propios, por sí solos, no alcanzan, al menos no para los candidatos que hoy se debaten la tercería política.
Los demás candidatos no suman mayor intención de voto más allá del margen de error, por lo que su peso en estas elecciones será marginal y simbólico frente a los escenarios de segunda vuelta.
