Durante la tercera semana de agosto circularon en redes sociales dos videos que demostrarían, nuevamente, la capacidad de control social y militar que ha llegado a adquirir el grupo armado Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) en Santa Marta y en general en las zonas cercanas a la Sierra.
Uno de ellos, muestra a presuntos integrantes de este grupo en un vehículo, portando uniformes camuflados, radios de comunicación e incluso armas largas, circulando por la Troncal Caribe, la vía más importante de esta región que conecta a Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y Riohacha, en un gesto que pareciera ser una demostración de un poder en la región que les permitiría transitar por la zona e incluso ejercer control territorial frente a otros grupos armados como el EGC/Clan del Golfo.
El otro video relacionado muestra cómo sujetos que aseguran pertenecer a las ACSN obligan a algunos ciudadanos a realizar ejercicios físicos a modo de ‘castigo’, debido a que, al parecer, habían protagonizado una riña en inmediaciones de los barrios Pescaíto, 20 de Julio y El Pradito en Santa Marta. Este tipo de hechos ya se habían registrado repetidas veces en los últimos años, expresando la alta capacidad de control social que puede llegar a ejercer este grupo, aplicando una justicia paralela basada en la coerción y el miedo sobre la población civil.
Frente a esto, el grupo armado emitió un comunicado en el que asegura que verificarán las circunstancias de los videos, y que los responsables de estos recibirían sanciones, asegurando que, frente al tema de los ‘castigos’, el grupo asegura que ha emitido una orden para prohibirlos, pues son una “organización respetuosa de los DDHH y el DIH”.
El control de las ACSN en la Sierra Nevada
Este tipo de situaciones relacionadas con ‘castigos’ por parte de las ACSN contra la población civil como mecanismo de control, coerción y disciplinamiento se vienen presentando desde años atrás, y han sido denunciadas por organizaciones de derechos humanos e instituciones como la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, con su último comunicado, el grupo estaría intentando desmarcarse de estas prácticas, que si bien son expresión de la capacidad de control que tienen a nivel territorial y poblacional, genera un fuerte rechazo por parte de comunidades, opinión pública e instituciones, y afectan el estatus político y social que las ACSN parecen querer darle a su organización actualmente.
Esta posición podría ir encaminada en dos vías: la primera, para posicionar un discurso que les permita construir legitimad dentro de la población sobre su presencia y control de la Sierra Nevada de Santa Marta, basado en supuestas pretensiones de defensa y protección de las comunidades, por ejemplo, frente a la persistencia de grupos delincuenciales u otros grupos armados como el EGC, con quien ha mantenido fuertes confrontaciones por el control territorial y de las economías ilícitas en Magdalena, La Guajira y Cesar desde 2018, las cuales persisten en la actualidad.
Como ha sido mencionado por la Fundación Pares en anteriores análisis sobre la dinámica de las ACSN, este grupo ha logrado generar un arraigo territorial y, hasta cierto punto, social, en la Sierra Nevada, lo cual le ha permitido mantener su control a pesar de los constantes choques con el EGC/Clan del Golfo, que ha pretendido disputárselo tras la ruptura de los acuerdos que mantenían hasta 2013 aproximadamente. A pesar de que el EGC puede llegar a ostentar una mayor capacidad militar y logística, las ACSN han logrado mantenerse gracias a un conocimiento histórico del territorio y la población, así como una inserción en las economías formales e informales a través de la extorsión, y un control de las economías ilegales como el tráfico de estupefacientes e incluso el contrabando.
Por esto, si bien la utilización de prácticas de ‘castigo’ es una expresión de la capacidad de control social que tienen actualmente las ACSN en zonas rurales y urbanas específicas, su narrativa pública estaría orientada a mostrarse como un grupo que defiende el territorio y los derechos humanos, con una pretensión de legitimidad dentro de la población.
Por otro lado, esta búsqueda de legitimidad también está orientada de cara a su posicionamiento frente a las instituciones públicas, pues si bien, el entrante presidente, Abelardo de la Espriella, ha señalado en reiteradas ocasiones que descarta las negociaciones con los grupos armados y que los enfrentará directamente si no se someten a la justicia ordinaria, las ACSN han pedido públicamente al mandatario que continúe con el proceso de conversación iniciado con el anterior presidente, Gustavo Petro, sustentado nuevamente en un discurso en el que reivindican su carácter político y social, e involucran directamente a las comunidades.
Por esto, el hecho de que persistan por parte del grupo prácticas que vulneran los derechos humanos, complejiza más la pretensión de posicionarse como un actor legítimo dentro del territorio, y con ello, las posibilidades de mantener escenarios de diálogo con el gobierno.
Los retos del nuevo gobierno con las ACSN
La situación descrita plantea importantes retos en términos de seguridad, no solo para Santa Marta y la Sierra Nevada, sino para toda la región Caribe. El gobierno de Abelardo de la Espriella, en sus primeros días, ya parece marcar la tendencia de lo que será su posición frente a esto, al anunciar a través de su cuenta oficial de X un operativo en contra de las ACSN en el municipio de San Alberto, Cesar, un día después de la circulación de los videos mencionados en un principio, reiterando su discurso de disputa frontal contra las estructuras armadas ilegales.
Golpe contundente contra las Autodefensas Conquistadores de la Sierra.
— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 19, 2026
En la vereda Monterrey, San Alberto, Cesar, nuestro Ejército Nacional sostuvo combates contra esta estructura criminal, logrando la captura de cuatro de sus integrantes, uno de ellos herido, y la incautación… pic.twitter.com/KQte5HgwNR
Sin embargo, es necesario que las decisiones de gobierno en materia de seguridad para la Sierra Nevada y la costa Caribe, en general, tengan en cuenta las complejidades del escenario, en donde confluye la presencia histórica de diversos actores armados con importantes capacidades militares, operativas y de control social, lo cual genera múltiples riesgos para las comunidades de estos territorios en términos sociales y humanitarios.
Esto complejiza el enfoque de confrontación total pues no se trata solamente de movilizar a la fuerza pública a la zona y realizar operativos, sino de entender las repercusiones que pueden tener este tipo de acciones sobre los territorios y las comunidades, así como de la importancia de mantener un enfoque de defensa de derechos humanos y el derecho internacional humanitario, y así evitar escenarios de afectación a la población civil derivados del desarrollo de acciones militares, como por ejemplo, lo denunciado por comunidades campesinas de San Calixto en el Catatumbo en días anteriores, tras un bombardeo en contra del ELN.
Abordar una situación como la de la Sierra Nevada implica un enfoque integral en el que se priorice el bienestar y la seguridad de las comunidades, y tenga en cuenta no solo los factores militares, sino también los factores sociales, económicos y territoriales que permiten la permanencia y fortalecimiento de estos grupos armados.
A su vez, es importante que no se tienda a descartar totalmente las salidas negociadas o los escenarios de diálogo para el sometimiento a la justicia, pues a pesar de las dificultades que pueden llegar a tener este tipo de procesos (como lo mostró la implementación de la Paz Total en el gobierno anterior), son una alternativa importante para avanzar en la construcción de paz desde los territorios y tramitar los escenarios de violencia y afectación a las comunidades.
