Hace nueve años se inició en Colombia el proceso de reincorporación de los firmantes de paz de las extintas Farc-ep. Durante este tiempo han sido muchos los logros y avances, como la permanencia de cerca del 90 % de los excombatientes en el Programa de Reincorporación Integral (PRI) —11.600 hombres y mujeres— y la puesta en marcha de 6.097 proyectos productivos colectivos e individuales.
Pero también, múltiples las dificultades en el tránsito a la vida civil para los firmantes. Entre ellas, según la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, el asesinato de 481 excombatientes tras la firma del Acuerdo el 24 de noviembre de 2016 —entre ellos, 11 mujeres, 63 indígenas y 58 afrocolombianos—, 164 intentos de homicidio y 57 desapariciones forzadas. Siendo, de los nueve años que van hasta el momento, el 2025 el que más tropiezos ha tenido.
Desde el 16 de enero de este año, los firmantes de paz están sufriendo una ofensiva militar por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias del Frente 33 de las Farc, en la región del Catatumbo. En tan solo dos semanas de agresiones, se produjo el trágico saldo de siete firmantes de la paz asesinados y seis desaparecidos; además, hasta noviembre de este año, se contabilizaban 218 firmantes desplazados y 183 confinados con sus familias.
Con estas trágicas cifras, queda evidenciado que el mayor reto que tiene la implementación del Acuerdo Final de Paz es atender las dinámicas de violencia sistemática contra los excombatientes. La violencia en los territorios está provocando una cascada de desafortunados eventos para los firmantes y las comunidades: pues, primero, se les desplaza forzosamente, luego se les confina y, finalmente, les hace perder las inversiones y acumulados en el proceso de reincorporación.
Entre los efectos, como digo, uno de los más inmediatos de la violencia es la pérdida de tierras y viviendas. Según el balance presentado, tanto por la Agencia de Reincorporación y la Normalización (ARN) como la Agencia Nacional de Tierras (ANT), durante estos nueve años el Estado le ha entregado a los firmantes y sus familias alrededor de 100 predios, que suman, en tan solo lo que va del gobierno Petro, 18.208 hectáreas y cerca de 1.500 viviendas.
Pero, precisamente, debido a la violencia que se vive en todo el territorio nacional, el proceso de adjudicación de tierras para proyectos productivos y viviendas en lugar de avanzar está retrocediendo, poniendo en riesgo la reincorporación económica. Con los conflictos armados, los firmantes han tenido que desplazarse a otros territorios, dejando atrás lo conseguido con tanto sacrificio y afectando su seguridad alimentaria y la economía local.
La reubicación, que es dolorosa y difícil para los firmantes, ha provocado pérdidas en infraestructura física y social. El abandono de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) y de las Nuevas Áreas de Reincorporación (NAR) hacen que los avances en cobertura en servicios públicos —como agua potable o energía eléctrica— se pierdan, al igual que los logros en el cubrimiento de las necesidades básicas —como salud y educación—.
Y lo peor, la guerra y el desplazamiento está destruyendo el capital social y comunitario. El asesinato de líderes y lideresas, que se produce junto a los firmantes, mina la confianza de las comunidades en los firmantes de paz. Además, el desplazamiento forzado destruye los vínculos construidos durante nueve años, pues una reubicación hace que los procesos sociales acumulados tengan que reiniciar casi de cero con cada ciclo de violencia.
En definitiva, el proceso de reincorporación de los firmantes de la paz, que puede mostrarse ante el país y la comunidad internacional como el mayor logro en indicadores de implementación del Acuerdo Final de Paz, a nueve años de la firma se está poniendo en riesgo a causa de la violencia armada. El constante asesinato de los excombatientes, los desplazamientos forzados y la estigmatización están provocando que los avances alcanzados en la reincorporación política, comunitaria, social y económica se destruyan.
De allí que, como sociedad, debemos cuestionarnos y no permitir que todo lo construido y sólido se desvanezca en el aire. No podemos consentir que los firmantes se conviertan en un pueblo vagabundo, sin tierra firme y sin lugares seguros para construir familia. Tenemos como sociedad que ponernos la meta de avanzar en la entrega y goce efectivo de los derechos adquiridos para los firmantes. En completar la entrega de tierras y títulos de manera definitiva —según la ANT, aunque se han adjudicado las 17.846 hectáreas, el 84 % de los títulos definitivos de propiedad aún está pendiente—.
También, trabajar en reducir la estigmatización que crece o se mantiene frente a la comunidad firmante de paz. Esta, además de ayudar a que se justifique el asesinato de los firmantes, está generando que sea cada vez más difícil la reincorporación política, económica, social y comunitaria. Estigmatización que está aumentando, en lugar de reducir, con los procesos de justicia transicional; pues la sanción del caso 01, del 17 de septiembre de 2025 —a siete miembros del último Secretariado de las Farc por crímenes de guerra y lesa humanidad— ha permitido apreciar que, en lugar de aumentar la confianza en el proceso, se está menguando.
Y con este aumento en la estigmatización, también se perjudica el componente político de la reincorporación. Como sabemos, en 2026 la participación del Partido Comunes en Senado y Cámara podría desaparecer. El incentivo excepcional de las 10 curules en el Legislativo —otorgadas con la firma del Acuerdo Final— desaparecerá. Y, con , la presión que, como colectivo, están haciendo a la implementación del Acuerdo Final y la defensa de sus derechos alcanzados.
* Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia.
** Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.
