En los últimos días del año el gobierno Petro continúa siendo noticia. Ante el bloqueo que se ha presentado por parte de la oposición en el congreso a la hora de aprobar las reformas con las que aterrizó en la Casa de Nariño, un comité ha decidido inscribir ante la Registraduría una propuesta para crear una Asamblea Constituyente. Este comité promotor está compuesto por nueve personas representantes de los más improtantes sectores sociales del país, campesinos, sindicales, mujeres, afrodescendientes, indígenas. El presidente Petro respalda esa iniciativa popular y delegó al ministro del trabajo Antonio Sanguino para acompañar este proceso.
Esta decisión ha traído para el gobierno una lluvia encabezada por la del expresidente Álvaro Uribe quien afirmó que esta idea no es más que una cortina de humo “para tapar los robos de este gobierno” y los cuestionamientos directos que ha sufrido uno de los hombres designados por Petro para liderar este comité, hablamos del ministro de trabajo Antonio Sanguino quien fue cuestionado por el periodista Daniel Samper Ospina quien afirmó que “le debería dar vergüenza” llamar a una constituyente cuando en el pasado había criticado estas iniciativas por parte de otros gobiernos. Ante esto Sanguino respondió con cinco puntos, el más destacado de todos fue el tercero: “Hago parte de la generación que promovió la séptima papeleta y la Constituyente del 91. Se que como pacto político dejó pendientes aspiraciones democráticas o prometió cambios que el Congreso de la República se ha mostrado como incompetente o contrario a ese espíritu reformista. Nuestra institución parlamentaria no ha podido o no ha querido avanzar en una reforma política democrática, una reforma agraria integral, una reforma a la justicia o una revisión del asfixiante centralismo y presidencialismo de nuestro régimen político. Han pasado 34 años de cambios en el mundo, el cambio climático o el cambio tecnológico para sólo mencionar dos, que interpelan los fundamentos mismos de la democracia contemporánea, que ameritan una revisión y ajuste de nuestra Constitución”.
Lo que propondría este comité es conseguir las firmas necesarias para que la constitución del 91 pueda ser corregida. Fenómenos como la parapolítica desdibujaron algunos de sus principios básicos además del desgano de la clase política tradicional por hacerla cumplir a cabalidad.
La idea de esta constituyente viene siendo planteada por Petro desde hace meses. El masivo respaldo popular que tuvo la reforma laboral y que fue lo que puso contra la pared al congreso obligando a aprobarla es una de las razones por las que surge la idea de recolectar tres millones de firmas en los próximos seis meses y presentarlas el mismo día en el que quede instaurado el nuevo congreso, es decir el 20 de julio del 2026.
El gobierno busca que las reformas que necesita el país no se hundan como sucedió con la de la salud. La reforma pensional sea tenido que enfrentar a un bloqueo desde la Corte Constitucional. La reforma pensional es necesaria en Colombia para resolver problemas de baja cobertura, injusticia entre regímenes, insostenibilidad financiera y pobreza en la vejez, creando un sistema de pilares (solidario, semi-contributivo y contributivo) que busca integrar a millones de trabajadores informales, mejorar la equidad de género y garantizar una protección básica a todos los adultos mayores, especialmente a los más vulnerables, uniendo el sistema público (Colpensiones) y el privado para fortalecer la protección social integral.
Otras reformas que no dan espera es la de la jurisdicción agraria que es un compromiso del estado con el acuerdo de paz. Esta reforma, tan necesaria después de que se presentara en el país el fenómeno paramilitar entre 1995 y 2004 que vino acompañado con el despojo de tierras a miles de familias, ha encontrado también resistencia en el Congreso. Ante este punto hay que recordar que hace unas semanas la revista Cambio presentó una investigación en donde se vincula a 14 senadores con presuntos casos de acaparamiento de tierras. Entre los nombres mencionados por este medio figuran políticos como Lidio Arturo García, Paola Holguín, Liliana Esther Bitar y Antonio Zabaraín, quienes aparecen vinculados por posibles irregularidades relacionadas con baldíos. Ante este hecho el presidente se pronunció a través de su cuenta de X: “Cómo es posible que usen el voto popular comprado para llegar al lugar donde se hacen las leyes y lo que buscan no son leyes sino negocio, como si viviéramos en el feudalismo”,
Pares habló con el ministro Sanguino y habló sobre algunas correcciones que se necesitaría hacerle a la Constitución del 91 ya que esta “fue un pacto político y en él se entronizaron asuntos en la constitución contrarios al espíritu democrático, como por ejemplo toda esa onda neoliberal en servicios públicos. Pero además la constitución del 91 hizo dos grandes promesas que el congreso no cumplió: la reforma política, en donde casi que no aprueban el estatuto de oposición, y la otra gran promesa es una reforma a la justicia”.
Conocidas esas razones lo que el gobierno ha planteado es que esta constituyente sea una iniciativa ciudadana acogiéndose a los procedimientos que están en la Constitución y que se tramite una ley en el congreso para convocar a una constituyente, algo parecido a lo que pasó durante la presidencia de Alfonso López Michelsen y que se conoció como “La pequeña constituyente” que fue una propuesta de reforma constitucional en 1977 para modificar aspectos clave como el régimen territorial y la administración de justicia, buscando modernizar la vetusta Constitución de 1886, pero fracasó debido a vicios de forma y fue declarada inexequible, aunque sentó las bases para el consenso que finalmente llevó a la gran Constituyente de 1991.
Mientras las críticas continúan el gobierno está decidido a dar este paso para cumplir con la gran promesa con laque ganó las elecciones del 2022: hacer que el país cambiara.
