El caso aún resuena, a pesar de que no tuvo el estruendo mediático que merecía. El empresario Enrique Rafael Vives Caballero conducía en la madrugada por el sector de Gaira, en Santa Marta. Tenía en la sangre alcohol, como después lo dictaminaron las autoridades. En su camioneta Toyota atropelló el 13 de septiembre de 2021 a estos jóvenes: Rafaela Petit, de 30 años; María Camila Martínez, de 24; Camila y su hermano Leonir Romero, de 18 y 17, respectivamente; Laura Valentina De Lima, de 18, y Juan Diego Álzate Ordóñez de 15, perdieron la vida en el fatídico accidente. Brian José Añez de 14 años, fue el único que resultó con vida.
Inmediatamente su apellido se relacionó con el cantante. Cuando se supo que no eran familia, la noticia bajó decibeles hasta el punto de desaparecer. Ya casi nadie recuerda las irregularidades que tuvo él mientras estuvo en la clínica. Se negó a realizarse en seis oportunidades la prueba de alcoholemia, además, de salir a una clínica psiquiátrica, sin avisar a los fiscales que estaban al tanto del caso.
En 2023 logró conciliar con los familiares de sus víctimas. Le dio a cada familia cuatrocientos millones de pesos, una suma que a los abogados de los agredidos les pareció ridícula. A la Fiscalía, en ese entonces, en manos de Francisco Barbosa, le faltó firmeza, al menos eso dice el abogado Enrique Martínez quien criticó el trato que hizo Vives con la Fiscalía, y le pareció impresentable que quisiera reparar con la suma total de 1.715 millones. Así lo afirmó en su momento a El Colombiano: “Hay que tener en cuenta que, inicialmente, se presentó el caso como dolo eventual, pero como la prueba de alcoholemia no se realizó de la manera correcta, la Fiscalía terminó quedándose sin pruebas, por lo que se generó el preacuerdo entre el señalado y las víctimas”.
Lo que si está claro es que esto le representó a Vives una significativa rebaja en su pena, de entre seis y siete años en condición de domiciliaria. Pero las críticas empiezan a arreciar. Es que la familia de Brian José Añez, único sobreviviente del “accidente”, se ha quejado activamente de la falta de voluntad del empresario para reparar al joven. Las sumas que han presentado son de 80 millones y la familia exige 400.
Hay que recordar que Enrique Vives es sobrino de un senador que fue condenado por nexos con paramilitares. Su mamá, Piedad Caballero Aduen, es hermana del exsenador Enrique Caballero Aduen, condenado por sus nexos con el temible Hernán Giraldo. Dos tíos suyos, por parte de padre, también estuvieron metidos en el escándalo de Agro Ingreso Seguro, ellos son Alfredo Vives Lacouture e Inés Margarita.
Este caso, aunque está sentenciado, necesita ser revisado y tener toda la presión de la opinión pública para que no prescriba.
