El componente de negociación de la política pública de Paz Total del gobierno de Gustavo Petro ha entrado en una encrucijada. Esto se debe al compromiso del Gobierno colombiano de establecer una “lista de objetivos de alto valor conjunto” y proceder, en menos de dos meses, a la “neutralización” de sus integrantes —es decir, perseguirlos y capturarlos o darlos de baja en combate—.
La decisión fue tomada por el presidente Gustavo Petro durante la visita que realizó el 3 de febrero de 2026 a la Oficina Oval de la Casa Blanca, en Washington. Allí, el mandatario colombiano le prometió a su homólogo norteamericano construir y entregar una lista con los nombres de integrantes de grupos armados organizados (GAO) que pasarían a convertirse en los más buscados por la justicia colombiana a partir de ese momento.
Esta trascendental noticia fue dada a conocer, mediante entrevistas e intervenciones públicas, por el ministro de Defensa Nacional, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, y confirmada por el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña. Ambos señalaron que la lista contendría, además de los líderes armados, los nombres de los llamados “capos invisibles”, quienes constituyen un eslabón clave en los negocios ilegales del país.
Además, dado que la reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump se realizó a puerta cerrada y sin presencia de la prensa, lo único que se conoce hasta ahora de dicha lista son los nombres de los tres primeros cabecillas. Se trata de Gustavo Giraldo Quinchía, alias Pablito, miembro del Comando Central (COCE) del Ejército de Liberación Nacional (ELN); Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, jefe del Estado Mayor Central (EMC); y Jobanis de Jesús Ávila, alias Chiquito Malo, jefe del Ejército Gaitanista de Colombia.
Para demostrar que el Gobierno colombiano tiene una firme convicción de entablar una lucha armada contra los GAO, en menos de 24 horas la Fuerza Pública —Ejército Nacional, Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) y Policía Nacional— organizó y ejecutó la primera incursión militar contra estas estructuras criminales. En la madrugada del 4 de febrero bombardeó campamentos del ELN y de las disidencias de las Farc-EP en la región del Catatumbo, dejando un saldo de siete guerrilleros abatidos y uno capturado.
La reacción más inmediata de los GAO provino del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), también conocido como Clan del Golfo. Su Estado Mayor Conjunto ordenó “suspender provisionalmente las conversaciones de paz” que esta organización sostenía con el Gobierno nacional desde el 4 de febrero de 2026 y anunció que llamaría a “consultas para aclarar la veracidad de la información”. Esto se debió a que entre los tres nombres iniciales de la lista se encontraba el de su máximo jefe, alias Chiquito Malo.
Los diálogos de paz con el EGC llevan cuatro meses. Se instalaron en septiembre de 2025 en Doha, capital de Catar, y hasta el momento habían logrado avances significativos, entre ellos la creación de tres Zonas de Ubicación Temporal en Chocó y Córdoba, donde se tenía previsto discutir y acordar, a partir de marzo de 2026, asuntos clave que permitirían presentar resultados más concretos.
De ahí que la suspensión de los diálogos de paz por parte del EGC —la organización armada ilegal más grande del país, con cerca de 9.840 integrantes— represente un fuerte cimbronazo para la implementación de la política pública de Paz Total. Si este proceso se detuvo por la inclusión de uno de sus miembros en la lista de los más buscados, cabe preguntarse qué ocurrirá con otros grupos cuando constaten que sus líderes han sido convertidos en objetivos directos de la Fuerza Pública y que, en cualquier momento, pueden ser “neutralizados”.
La única señal positiva emitida por el Gobierno para evitar una crisis mayor en la Paz Total fue expresada por el embajador García-Peña, quien insistió en que se respetarán las reglas de protección a los armados establecidas en la legislación colombiana. Es decir, que los decretos, resoluciones y demás normas que suspenden órdenes de captura, crean espacios de diálogo o permiten la movilización de personas buscadas por la justicia serán cumplidos por el Estado.
Lo llamativo de esta situación es que el Gobierno incluyera en la lista a Jobanis de Jesús Ávila, alias Chiquito Malo, quien adelanta diálogos de paz con el propio Gobierno. Frente a los otros dos casos no existe mayor controversia. La dificultad radica en la neutralización, pues tanto alias Pablito como alias Iván Mordisco han sido perseguidos durante años, sin que hasta ahora se haya logrado el objetivo.
Así las cosas, el Gobierno debe aclarar con rapidez, por un lado, que se respetarán los acuerdos y normas vigentes con quienes lideran negociaciones en los procesos de paz; y, por el otro, cuál es la lista completa de los “objetivos de alto valor conjunto”, de modo que se establezcan prioridades claras y se garantice seguridad jurídica a quienes están protegidos por la ley mientras negocian la paz.
Estas claridades ayudarían a resolver la encrucijada en la que se encuentra hoy la política de Paz Total. También permitirían que grupos involucrados en procesos de diálogo, como el EGC, continúen su concentración en las Zonas de Ubicación Temporal y avancen en las discusiones sobre desmovilización y sometimiento a la justicia. Finalmente, contribuirían a diferenciar con precisión la independencia entre la política de seguridad y la política de paz el actual gobierno, pues el avance en un frente no debe cancelar avances en el otro.
* Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia.
** Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.
