La exportación de carbón colombiano, una de las principales fuentes de divisas para el país, ha entrado en el centro del debate político y económico nacional tras las duras críticas del presidente Gustavo Petro y la expedición del Decreto 1047 de 2024, que prohibió las exportaciones de este mineral con destino a Israel. La medida, justificada en solidaridad con el pueblo palestino por la grave situación humanitaria en Gaza, fue recibida con preocupación por diversos sectores productivos, gremiales y expertos en comercio exterior.
Y es que, si bien el volumen de carbón exportado hacia Israel no representa un porcentaje significativo dentro del total nacional, la decisión es un precedente político que ha generado inquietud en inversionistas, empresas y trabajadores del sector, al evidenciar un giro diplomático que puede alterar la estabilidad de las reglas del comercio internacional.
El carbón también presenta dificultades económicas por factores como la caída sostenida de sus precios internacionales. Según La República, en 2024, las exportaciones de carbón (hullas térmicas) alcanzaron US$5.707 millones, lo que deja en evidencia una caída de 25,3 % en los ingresos, si se compara con el dato de 2023.
Y hay otro componente más, y es la geopolítica mundial, pues, de acuerdo con El Tiempo, la demanda del carbón está en declive en razón a la escalada de conflicto entre Rusia y Ucrania. Frente a este panorama, empresas como Drummond y Cerrejón anunciaron recientemente una reducción en su producción debido a las “difíciles condiciones de mercado”. Esta preocupación se agudizó más cuando el presidente Gustavo Petro, en su intervención en la Comunidad de Estados Latinoamericanos (CELAC) expresó: “Le pido al pueblo suizo que bloquee a Glencore. Y le pido al pueblo trabajador y al pueblo wayuu que, si sigue saliendo carbón para El Cerrejón de Drummond y Glencore para Israel, bloqueen”.
Tales declaraciones son una invitación para que las comunidades tomen las vías de hecho para bloquear las operaciones de Glencore y Drummond, lo que prende aún más las alarmas en el sector. Una actitud totalmente cuestionable, teniendo en cuenta que las empresas exportadoras de carbón manifestaron que el carbón que exportan lo hacen de manera legal.
Drummond, mediante comunicado de prensa, expresó: “Las exportaciones de carbón a Israel se han venido realizando de conformidad con la autorización otorgada por el Gobierno Nacional. Drummond presentó la documentación requerida ante un comité conformado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la Agencia Nacional de Minería y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), tal como lo exige el artículo 3 del Decreto 1047 de 2024 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo”.
La situación se complica aún más por las declaraciones del presidente Petro, quien pidió que se procesara a estas compañías por exportar carbón a Israel, lo que intensificó el ambiente de tensión con el sector privado, pues las empresas acusadas están actuando conforme a lo establecido en el Decreto 1047 de 2024, y claramente, permite realizar serios cuestionamientos sobre la seguridad jurídica con la que cuentan las empresas para realizar sus procesos de explotación y exportación de carbón.
La Asociación Colombiana de Minería (ACM) respondió con firmeza a las acusaciones del Gobierno. En un comunicado, el gremio afirmó que “rechaza de manera categórica las recientes declaraciones realizadas por el presidente Gustavo Petro, en las que se acusa a empresas mineras de estar vinculadas con asesinatos de sindicalistas y con el uso del carbón colombiano en la fabricación de armas por parte de Israel. La ACM afirma que estas declaraciones son irresponsables y carecen de fundamento.
Estigmatizar injustamente la producción de carbón y las empresas que lo producen de manera legal, afecta la reputación de las compañías y de un sector fundamental para el desarrollo económico del país. Además de poner en riesgo la integridad y la seguridad de miles de personas, familias y comunidades que trabajan y dependen de la minería”.
Además, este carbón que va hacia Israel se ha venido utilizando para la generación de energía eléctrica para hospitales, hogares e infraestructura crítica en diferentes lugares del mundo, dentro de los cuales se encuentran Israel y Gaza.
¿Sanción comercial o gesto diplomático?
El Decreto 1047 de 2024 es, en la práctica, una medida unilateral de sanción comercial, algo poco frecuente en Colombia. Para algunos sectores, representa un acto de coherencia política frente a la violencia en Palestina; para otros, una decisión populista y riesgosa que puede dañar la confianza de inversionistas y generar demandas en instancias internacionales.
Este decreto, aunque legítimo en términos de soberanía, no estuvo precedido por un diálogo público ni evaluación de impactos económicos en las zonas mineras, teniendo en cuenta el contexto de cierres mineros que atraviesa el país en el Caribe colombiano, porque si bien se habla de Transición Energética Justa, ¿cómo se transita sin recursos? ¿Y dónde se reubica la fuerza laboral de las mineras en proceso de cierre y de mineras como Drummond y Glencore señaladas por el presidente?
Las decisiones frente a este asunto deben someterse a consulta con las comunidades, con los trabajadores, con sus familias, porque no se puede construir una Transición Energética Justa, sin ellos.
En conclusión, el carbón colombiano es un ejemplo claro de cómo las decisiones políticas, aun con motivaciones éticas, pueden tener efectos estructurales si no se acompañan de planificación. diálogo y alternativas. Mientras el Gobierno insiste en avanzar hacia una Transición Energética Justa, comunidades y empresas reclaman coherencia y claridad.
La tensión entre diplomacia, economía y justicia climática seguirá creciendo, a menos que el país defina una hoja de ruta concreta, que combine responsabilidad ambiental, seguridad jurídica y alternativas económicas para las regiones carboníferas. Colombia no será una potencia mundial de la vida si el Gobierno, en vez de crear puentes para una transición real en zonas carboníferas, se dedica a atacar la actividad económica que le permite vivir en condiciones de dignidad a muchos colombianos y colombianas. El mismo Gobierno no puede matar a su gente, porque toda esta situación va a terminar afectando a aquello que tanto se dice proteger, al ciudadano de a pie.
