La escalada violenta en Nariño: entre la ofensiva estatal y el control de economías ilícitas

En el último mes, el departamento de Nariño ha experimentado un alarmante recrudecimiento de la violencia, manifestado tanto en desplazamientos masivos como en ataques a la fuerza pública, lo que sugiere que los grupos armados al margen de la ley siguen teniendo capacidad militar, a pesar del avance significativo en términos de desarme, logrado mediante los Acuerdos Regionales de Paz. Además, la ofensiva militar estatal contra las economías ilícitas ha reconfigurado las dinámicas del conflicto armado local, lo que genera la movilización de las estructuras armadas hacia nuevos territorios. La reconfiguración territorial en torno a la ocupación de los enclaves de la minería ilegal (puesto que la rentabilidad del narcotráfico está en caída), tiene consecuencias devastadoras para la población civil, esta coyuntura humanitaria revela una paradoja: pese a la retórica de sostenibilidad de la paz, las disputas por el poder territorial y el control de las rutas del narcotráfico parecen intensificarse.

El municipio costero de El Charco, en el Pacífico nariñense, se ha convertido en epicentro de una crisis de seguridad que ha desbordado sus instituciones locales. Según reporta El Tiempo, entre septiembre y noviembre de 2025, se han registrado tres desplazamientos masivos, que han afectado a casi 1.000 familias. Estos episodios no son aislados ni episódicos: desde el 4 de septiembre, la ONU identificó un promedio diario de 84 personas desplazadas por la violencia. La Defensoría del Pueblo ya había emitido en 2024 una “Alerta Temprana de Inminencia” (002) para El Charco, advirtiendo sobre el riesgo de intensificación de acciones armadas en el municipio.

Las consecuencias para las comunidades son múltiples y profundas: hay viviendas y escuelas ocupadas por actores armados, lo que implica una transformación total de la cotidianidad de la comunidad además de que es una clara violación del Derecho Internacional Humanitario. La crisis se agrava por la falta de acceso a servicios esenciales: la violencia ha interrumpido suministro de agua, salud y educación, mientras que la comunicación quedó seriamente limitada por el aislamiento de la zona. Las familias desplazadas han sido acogidas en albergues improvisados, algunos habilitados en escuelas, pero los recursos de emergencia son insuficientes: se han reportado desabastecimiento de alimentos, higiene y condiciones adecuadas de refugio.

Simultáneamente con la crisis humanitaria en El Charco, otras zonas de Nariño han sido escenario de ataques explosivos. En el municipio de El Peñol, una motocicleta bomba fue localizada y posteriormente detonada cerca del paso de tropas del Ejército. Se atribuye este atentado al Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC-EP., lo que evidencia una persistencia de los grupos armados organizados en la región pese a los compromisos de control estatal. Informes indican que este tipo de ataques no es fortuito: la disidencia involucrada sería la de Iván Mordisco, un grupo que se disputa con la fuerza pública el dominio territorial, especialmente en corredores estratégicos para el narcotráfico.

Aún más grave es que este tipo de atentados no solo implican riesgo para los militares: según La Nación, la activación de la motocicleta bomba dejó un civil muerto y ocho soldados heridos. Involucrar a la población civil en las dinámicas del conflicto parece seguir siendo la vía por la que optan los actores armados.

La convergencia entre desplazamientos masivos y ataques explosivos apunta a una situación más estructural que coyuntural. En este sentido, puede proponerse que el aumento de la presencia militar, motivado por una estrategia gubernamental contra las economías ilícitas, ha intensificado la disputa territorial en Nariño, ya que, al reforzar la presencia militar en zonas estratégicas, no sólo a nivel departamental sino también en Cauca y Guaviare, el Estado podría estar ejerciendo presión sobre las economías ilegales y sobre las zonas de control territorial. La reconfiguración regional que surge de la avanzada militar estatal provoca la reacción de los grupos armados, que buscan controlar nuevas rutas, cultivos y corredores de movilización. Paradójicamente, para la población civil, muchas veces, la llegada del ejército al territorio significa un aumento de la violencia.

La ofensiva militar podría estar empujando a los grupos armados hacia tácticas más explosivas, como el uso de motocicletas bomba o drones, en respuesta a la presión, en un contexto donde ya no pueden operar con total tranquilidad. En este escenario, la violencia no disminuye, sino que se intensifica y se diversifica. No se trata solo de combates entre las fuerzas estatales y las disidencias: el conflicto tiene una dimensión civil significativa. Las comunidades locales —afros, indígenas, campesinos— pagan un alto precio: desplazamiento, interrupción de servicios básicos, miedo y zozobra constante. Estas represalias no se limitan al combate militar, sino que impactan la estructura social y económica del territorio.

Las instituciones locales, como la Alcaldía de El Charco, han declarado emergencia humanitaria y han intentado responder con albergues, kits de ayuda e indemnizaciones. Sin embargo, la magnitud del desafío excede sus capacidades. Por su parte, la ONU y organismos de cooperación alertan sobre la necesidad de asistencia integral, pero su acceso se ve obstaculizado por la inseguridad, la falta de comunicación y el abandono institucional previo.

El recrudecimiento de la violencia en Nariño pone en riesgo no solo la estabilidad de la región, sino también la legitimidad de las políticas. La coyuntura en Nariño revela una tensión profunda: la ofensiva militar del Estado contra las economías ilícitas, lejos de pacificar, parece estar generando una reacción violenta que se traduce en desplazamientos masivos y atentados explosivos. El sufrimiento de las comunidades vulnerables evidencia que la guerra no solo es entre grupos armados y el Estado, sino también contra la población civil. Si no se diseñan estrategias que integren la protección de derechos humanos y el desarrollo territorial, la escalada en Nariño podría perpetuar un ciclo de violencia que socave cualquier posibilidad de paz duradera.